La discapacidad en la Policía en entredicho: 'Sufren un trato discriminatorio'

En España hay más de 4,3 millones de hombres y mujeres con algún tipo de discapacidad. Así lo revelan las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la encuesta "Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia", con cifras correspondientes a 2020 y publicada en 2022. A pesar de esta cifra nada desdeñable, las  personas con discapacidad se enfrentan cada día a la discriminación y a las barreras que limitan su participación en la sociedad.

Como denuncia Naciones Unidas, este colectivo ve limitado su derecho a obtener un empleo, a vivir en la comunidad de manera independiente, a desplazarse libremente, a disfrutar de protección social, o simplemente a sentirse realizado dentro de la sociedad. 

"Se les niega el derecho a plaza solo por presentar una limitación física"

Según la Agrupación Reformista de Policías (ARP), esta situación también se produce dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Como explica para elcierredigital.com el sindicato, “falta mucha conciencia social en el Ministerio del Interior” y dentro del cuerpo. Para acceder al cuerpo de la Policía Nacional se establecen unos requisitos que, en caso de padecer algún trastorno o limitación física, “automáticamente se desecha al candidato a poder optar a una plaza”, afirma el sindicato.

La legislación que regula el acceso a la Policía Nacional es una norma que no ha sido actualizada acorde a medidas de protección y discriminación positiva implementadas tanto a nivel europeo, como a nivel nacional, en otros sectores. Por ejemplo, la reserva de plazas para personas con discapacidad física o sensorial en empleos públicos. Esto sí se contempla “en otras administraciones estatales, locales o autonómicas”, pero no en la Policía.

El modelo policial de la Policía Nacional, afirma ARP, "aunque se vende a la galería como un modelo de servicios, en la práctica se sigue concibiendo por parte de las directivas, como un trabajo exclusivo de funciones operativas. Es decir, salir a la calle, enfundarse con sus herramientas y llevar a cabo actividades de represión”. Sin embargo, la Policía Nacional ha evolucionado tanto que el grueso de personas de la policía no llevan a cabo dichas funciones. Como indican desde ARP, solo el 20% se dedica de manera directa a funciones operativas en la calle.

Hay una gran plantilla de logística, que se dedica a administración, formación, trabajos en oficinas de denuncias o atención telefónica, entre otras. "También hay oficiales traductores, trabajos de investigación, policía científica, guías caninos... Existe un gran abanico de funciones policiales que pueden ser realizadas por personas con discapacidad".

Desde ARP denuncian que este trato es discriminatorio y solicitan una revisión de las exclusiones médicas, así como que se respeten los porcentajes de acceso a empleo público a personas con discapacidad.

El sindicato explica que, de hecho, en la Policía Nacional sí que trabajan personas con discapacidad. "Una vez dentro del cuerpo, si se sufre un accidente o se desarrolla una discapacidad, el policía puede continuar su labor". Sin embargo, recalcan, "para ello muchas veces se tiene que judicializar. De manera directa lo que hace el Cuerpo es jubilarte”. Es entonces razonable preguntarse por qué sucede esto sistemáticamente.

Según ellos, esto se debe a que de manera global "se conceptúa la Policía Nacional como represiva, cuando no lo es por definición. En un momento dado puede ejercer funciones represivas, pero nada más allá que cualquier otro órgano de administración, como puede ser Hacienda, para el cumplimiento del ordenamiento jurídico”. 

“Las personas discapacitadas tienen derecho a elegir, a sentirse realizadas y a elegir su futuro. Hay que darles el derecho a seguir trabajando, aportando su granito a la sociedad de manera honesta, respetuosa y eficaz”. En definitiva, que puedan sentirse plenamente integrados en la sociedad y “el Ministerio del Interior no lo está haciendo”.

Conciliación familiar

Otro de los grandes problemas, según ARP, que en la Policía Nacional tienen estas personas discapacitadas es el elevado número de  trabas que impone el Cuerpo a los policías con hijos que sufran alguna enfermedad grave o tengan discapacidad. “Existe un real decreto legislativo que regula las medidas de conciliación laborales de las personas que tienen a su cargo personas con discapacidad o que tengan una enfermedad grave”.

Es por ello que hay familias en la Policía Nacional que se encuentran en dicha situación y que quieren hacer uso de la reducción de jornada que contempla la normativa. Se estipula en la norma que la reducción será como mínimo del 50% y como máximo del 99%. Así mismo, esta será remunerada al completo.

Sin embargo, “es habitual que cuando un policía solicita esta reducción, el Ministerio del Interior de manera directa e inmediata te conceda solo el mínimo, el 50%.  El 99% no se lo dan a nadie”. Con ello, obligan a los policías a tener que recurrir a la vía judicial para exigir un derecho que corresponde a cualquier trabajo de la administración pública.

Además, la normativa dicta que “un reglamento establecerá las condiciones y circunstancias en las cuales las reducciones de jornada se podrán acumular en jornadas completas para poder conciliar el cuidado de los hijos”. Sin embargo, esto no se cumple en la Policía. A las plantillas les dan “instrucciones de dejar que se acumulen las jornadas completas, pero como contrapartida le quitan la mitad de vacaciones, asuntos propios y resto de días de permisos que tenga el funcionario”.

En definitiva, estos  procesos son potestativos, “si quieren te lo dan y si quieren no”. Como explican desde ARP, en varios casos los policías afectados recurren a la vía judicial y obtienen la razón. Sin embargo, posteriormente comienzan las represalias en su puesto de trabajo: horarios sin ninguna flexibilidad de conciliación familiar, retirada del poder de acumular la jornada... aún conociendo la situación de vulnerabilidad de la familia. Según el sindicato, "este tipo de sucesos no son casos aislados, sino que es una manera de proceder en el Ministerio del Interior”.

Un último factor clave en esta problemática, es la falta de formación en lo relativo al Estatuto Básico de Empleo Público, asegura ARP. El desconocimiento sobre este tipo de reducción de jornada condena a los policías a tener que acudir a la vía judicial para poder tutelar sus derechos como trabajadores. A nivel sindical o dentro del colectivo de la sociedad estas medidas de conciliación pasan también desapercibidas. "No existe una conciencia sobre los derechos básicos de los trabajadores, ni siquiera una formación eficaz", concluyen.