Castilla y León contrata 7.5 millones de mascarillas a una empresa de madera

Los datos que obran en poder de elcierredigital.com indican que muchas de las Administraciones Públicas “pasan” de la producción española de productos esenciales para luchar contra la pandemia de la COVID-19 y otorgan contratos públicos a empresas presuntamente intermediarias, que luego, según las fuentes consultadas por nuestro periódico, compran masivamente este producto en el extranjero, preferentemente en China.  Se trata del negocio de las mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos, que son adquiridas todavía fuera de España por un precio más económico y barato.

Así ha ocurrido presuntamente en la última licitación pública para adquirir dos tipos diferentes de mascarillas  por parte de la Junta de Castilla y León, presidida por el popular Alfonso Fernández Mañueco, ex alcalde de Salamanca. La primera interferencia salta a la luz cuando esta contratación pública, relativa a medidas de carácter sanitario por la pandemia de la COVID-19, la realiza la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, liderada por el exmagistrado Juan Carlos Suárez Quiñones (del PP), y no por la Consejería de Sanidad,  cuya titular es la  doctora Verónica Casado (de Ciudadanos), que, en teoría, debería ser el órgano oficial contratante al ser una medida sanitaria como reza la licitación pública.

La oferta  de este concurso, tramitado con carácter de "emergencia", según el portal de Contratación del Estado, tenía por objeto, como puede verse en el documento oficial que elcierredigital.comreproduce, cumplir con una orden "para adquisición de material de protección ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19". Así en el documento oficial reza "Objeto del Contrato: COVID-19 Adquisición de 7.000.000 de mascarillas quirúrgicas. Valor estimado del contrato 490.000 EUR. Presupuesto base de licitación Importe 592.900 EUR. Importe (sin impuestos) 490.000 EUR. Clasificación CPV33100000 - Equipamiento médico. Plazo de Ejecución: 60 Día(s). Lugar de ejecución: Subentidad Nacional Valladolid". 

Según el acta oficial de Resolución, publicada el pasado día 10 de noviembre de 2020, la adjudicataria de dicho contrato público es la empresa Sanelec Logística  S.L. Según justifica la propia Junta de Castilla y León para otorgar dicha adjudicación, "se le concede a esta empresa porque solo se recibe esa oferta". Y así se publica en el portal de contratación del Estado: "Ofertas recibidas: 1; Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1; País Origen Producto o Servicio: España".

Y aquí aparece la segunda interferencia. Según ha podido saber elcierredigital.com son muchas más la empresas que se han presentado a este concurso público de emergencia sanitaria licitado por la Consejería de Fomento de este gobierno autonómico presidido por Alfonso Fernández Mañueco. "Nos hemos presentado varias empresas y no sé cómo pueden decir que solo había una oferta, eso es no es verdad", afirman fuentes directas de las empresas descartadas a elcierredigital.com.

La tercera interferencia que salta a la luz es el objeto social de esta empresa a la cual se le ha concedido un primer concurso público para producir siete millones de mascarillas quirúrgicas por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Así, con un simple vistazo a la base de datos del BORME (Boletín Oficial Registro Mercantil de España), se comprueba que la empresa adjudicataria Sanelec Logistica S.L. está radicada en Jaen, en la calle de Huelma (Polígono Industrial Olivares), en la parcela 59.

Y además, que su objeto social es "el comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios".  Se trata, según indica el BORME, de una empresa importadora y exportadora. Sus ventas en el año 2019 fueron de 4.362.830 euros, con un beneficio de 45.310 euros. El número de trabajadores que tiene la empresa y que deben producir los siete millones de mascarillas, según el BORME, es de "nueve".  Una cifra ridícula si se compara con otras empresas españolas fabricantes de mascarillas, incluidas las de la propia Castilla y León , cuyo número oscila entre 60 y 100 trabajadores.

Otro contrato público más

Curiosamente, a esta misma empresa de Jaén con nueve trabajadores y un objeto social dedicado "al comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios" se le adjudica el mismo día, otro contrato público por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, liderada por el popular .Juan Carlos Suárez Quiñones (del PP).

En este caso, también dentro de la licitación pública "adquisición de material de protección ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19" y bajo un concurso tramitado como de "emergencia".  Según reza el portal de Contratación del Estado, el Objeto del Contrato es: "COVID-19 Adquisición de 500.000 mascarillas FFP2. Valor estimado del contrato 200.000 EUR. Presupuesto base de licitación, importe 242.000 EUR. Importe (sin impuestos) 200.000 EUR. Clasificación CPV33100000 - Equipamiento médico. Plazo de Ejecución 60 Día(s). Lugar de ejecución: Subentidad Nacional Valladolid".

El documento oficial del Acta de Resolución señala de nuevo a la empresa Sanelec Logística S.L., como la adjdicataria. Y también, según se justifica de nuevo por parte de la Junta de Castilla y León, porque solo esta empresa se presenta a la oferta. Así se lee:  "Ofertas recibidas 1; Número de ofertas recibidas de PYMEs 1, País Origen Producto o Servicio: España".

Según los expertos jurídicos consultados por elcierredigital.com , "si Sanelec no tiene como objeto social la venta al por mayor o menor de productos sanitarios, y cuando digo productos sanitarios me refiero a mascarillas quirúrgicas, tendría problemas porque en las licitaciones suele ser algo normal que se requiera este objeto social, además de ser un requerimiento que emplaza la propia AEMPS", señalan.

Un pasado reciente

Elcierredigital.com publicó en primicia hace unos meses cómo determinadas administraciones públicas, incluido el Gobierno de  Pedro Sánchez, compraron material quirúrgico de primera necesidad en plena pandemia a grandes productores asiáticos que las vendían al mejor postor en el extranjero, cuando por entonces era prácticamente imposible que los fabricantes españoles las produjeran, algo que no ocurre ahora. 

Pero desde esas fechas del pasado mes de abril, la industria española ha hecho un esfuerzo enorme para suministrar guantes, geles hidroalcohólicos y EPIS para personal sanitario y de seguridad en todo el territorio español.  Según los expertos consultados por elcierredigital.com, "a la hora de la verdad, tras el enorme esfuerzo realizado por la industria española, las licitaciones públicas, algunas por cantidades muy elevadas, eligen principalmente y muchas veces en exclusiva, por criterio de precio. Y el resultado es la importación masiva de productos asiáticos, los mismos que rompían contratos si alguien les pagaba más, que además se benefician de una mejor fiscalidad que arruina al fabricante español".

La compra masiva de material asiático, a través de empresas importadoras españolas, se debe a que el criterio más importante y único en muchas licitaciones es el precio. Por ejemplo, la Universidad de Alcalá de Henares licitó un concurso para el “Suministro de mascarillas quirúrgicas para limitar la propagación y transmisión de la enfermedad COVID-19 entre los trabajadores de la UAH” por 34.998 euros en los que el precio unitario más bajo se valoró con 80 puntos, el plazo de entrega con 15 y los últimos 5 puntos por criterio medioambiental.

En parecidos términos se desarrolló el concurso “Suministro de: mascarillas quirúrgicas con gomas de sujeción, respiradores de protección FFP2, respiradores de protección FFP3 y mascarillas quirúrgicas tipo IIR de alta protección para el Hospital Universitario Fundación Alcorcón a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios”, valorado en 948.156 euros, IVA incluido.

Más amplia en productos fue la licitación de la Agencia Estatal de Meteorología,AEMET, que por 283.188 euros iba destinada a la compra de mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico. En este caso se valoraba de nuevo con 80 puntos el precio, y con 15 puntos más si se proporcionaba un sistema informático de seguimiento de los pedidos y entregas -algo sencillo para cualquier empresa de logística- y con otros 5 puntos en el caso de que las mascarillas fueran de 4 pliegues, el gel hidroalcohólico se suministrara en envases de tamaño reducido y los guantes permitieran  el acople anatómico.

Otro caso es el de la Tesorería de la Seguridad Social que destina 73.810 euros a mascarillas y 29.040 euros a gel hidroalcohólico. En los mismos términos, el de la Agencia Tributaria por 107.712 euros, donde solo se valoraba la oferta económica más ventajosa señalando que “el criterio de adjudicación de este contrato es el de mejor precio ofertado al estar los productos a adquirir perfectamente definidos no siendo posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación”.

También está el caso del  Ministerio de Defensa que destinó 42.349,99 euros en mascarillas quirúrgicas y que justificaba que el criterio era exclusivamente el precio, “el contrato se adjudicará a la oferta que, cumpliendo todos los requisitos técnicos y abarcando la totalidad del alcance del lote/expediente, sea económicamente la mejor, atendiendo al precio como único criterio”. Es decir, considerando que todas las mascarillas son iguales cuando eso es falso.

El resultado final de esta política de contrataciones públicas no es solo que se perjudique gravemente a la industria española de producto de calidad y generadora de empleo, sino que estas prácticas están generando dudas y sospechas sobre si aún el material que se recibe es asiático. Un material que se importa masivamente y no genera ni un solo euro de ingresos a las arcas del Estado español.