El ataque de Noelia de Mingo evidencia problemas en el sistema psiquiátrico español

En España, el sistema de atención a la salud mental se rige por la Ley General de Sanidad que, aprobada en 1986, aspiraba a mejorar la vida de los pacientes. Su objetivo, evitar los ingresos permanentes en centros psiquiátricos y, al mismo tiempo, potenciar la atención comunitaria, es decir, que los pacientes dispusieran de la ayuda que necesitasen en su propio entorno, sin alejarse de su familia. La reforma, que prometía ser una revolución en tratamiento de este tipo de enfermedades, está lejos de cumplir con todos los objetivos que se plantearon por aquel entonces.

"En mi opinión, estamos peor", explica Óscar Tarruella, perito judicial experto en investigación criminal, perfilación criminal y victimológica y praxis policial. "Se ha derivado la responsabilidad del cuidado y la supervisión de estos pacientes a sus familiares, que no son expertos en psiquiatría y, por lo tanto, no cuentan con la formación necesaria para detectar un posible brote". 

Tarruella pone como ejemplo el caso de la doctora Noelia de Mingo, detenida este lunes tras apuñalar a dos empleadas en un supermercado de la localidad madrileña de El Molar. Después de lo sucedido en la Fundación Jiménez Díaz en el año 2003, explica el criminólogo, y tras permanecer catorce años internada en un centro psiquiátrico, "el Estado dejó  en manos de su madre la guarda y custodia de la vida de Noelia. Le pasó la responsabilidad a una mujer de 80 años que, aún con todo el cariño y el amor, no es una experta que pueda identificar de forma correcta las señales de alerta. Si en el caso de depresiones, en muchas de las ocasiones, los familiares no saben cómo actuar, imagínate cuando estamos hablando de enfermedades más complicadas como la esquizofrenia o la paranoia". 

La responsabilidad, apunta, es del Estado, "que parece no tener una voluntad seria" para afrontar una realidad que se vive cada día en España. En este sentido, Tarruella explica que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado presencian cada día situaciones similares a la sucedida este lunes en El Molar y ante las que no existe un protocolo de actuación. "No solo se trata de trastornos de salud mental graves. Cuando se trata de depresiones, de intentos de suicidio, la Policía no siempre sabe cómo actuar" y recuerda que en nuestro país, en el año 2019, último del que ofrecen datos,  se suicidaron en España 3.671 personas, una cada dos horas y media, diez al día. 

Protocolos desactualizados  

"Cuando hay que actuar ante brotes psicóticos o intentos de suicidio, se envía al lugar de los hechos a la Policía, en lugar de a profesionales especializados. Por ello, aunque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hacen lo que pueden, no siempre saben cómo actuar. Por ejemplo, cuando se trata de reducir a una persona en plena crisis". Esto, explica, da lugar a situaciones en las que los agentes se ven obligados a efectuar disparos, o en las que el enfermo sufre daños físicos. "Nos deja en mal lugar, se centra el foco en la actuación, cuando realidad es que, de existir protocolos actualizados y ajustados a la realidad del día a día, no hechos desde un despacho, todo ello podría evitarse". 

Sanidad sobresaturada y psiquiátricos obsoletos

En la Península, existen solo dos pequeñas cárceles psiquiátricas: una en Sevilla y otra en Fontcalent (Valencia). En esta última, pasó Noelia de Mingo sus años de internamiento. Aunque ambos centros tienen una capacidad para cincuenta internos, están abarrotados y apenas cuentan con el personal sanitario necesario para una correcta atención. 

Por ello, hace casi una década, Instituciones Penitenciarias ya alertaba de que estos lugares se estaban convirtiendo en los sustitutos de los antiguos manicomios, prohibidos en la reforma psiquiátrica iniciada en los ochenta.

No son los únicos casos. El hospital psiquiátrico de Conxo, fundado en el siglo XIX y situado en Santiago de Compostela, podría ser el ejemplo claro de por qué falla el sistema de atención de la salud de mental en España. En este centro, según un informe de 2017 del Defensor del Pueblo, la estancia media de quienes allí viven se sitúa en 14,2 años, cuando, según datos de Sanidad, el tiempo medio en 2018 en unidades de media y larga estancia en psiquiatría era de 253,99 días en los hospitales públicos y de 317,77 días en los privados.

Las  irregularidades detectadas por el Defensor del Pueblo en Conxo, y que fueron investigadas por la Fiscalía, que archivó de forma posterior las diligencias, contemplan desde problemas como la sobremedicación, el mal uso de las contenciones mecánicas y la falta de recursos materiales y humanos, además de instalaciones obsoletas e inaceptables. 

Con la sanidad sobresaturada, y la atención primaria colapsada, donde la espera para conseguir una cita con el psicólogo a través de la Seguridad Social es de varios meses, y sin medios, recursos ni personal suficiente para atender a los pacientes, todo apunta a que la Ley de 1986 que prometía ser una mejora es, en realidad, insuficiente.