Abogados y procuradores luchan por una jubilación digna con #J2 por justicia social.

El movimiento #J2 comenzó el 17 de junio de 2023 y desde entonces no han parado de sumarse  abogados y procuradores a esta lucha por una jubilación digna para estos profesionales mutualistas de todo el país. El movimiento, integrado por abogados y procuradores de la Mutualidad se la Abogacía, Mutualidad de la Procura y Altermutua, se manifestarán el próximo día 3 de febrero en Madrid.

La manifestación tendrá lugar a las 11 y media de la mañana y contará con dos puntos de salida: calle serrano nº 5, frente a la Sede de la Mutualidad de la Abogacía, y calle Barbara de Braganza nº2, frente a la Sede de la Mutualidad de Procuradores. La manifestación finalizará frente al Congreso de los Diputados, con la lectura de un manifiesto

“Es la primera vez que abogados y procuradores unidos salen a la calle a manifestarse reivindicando justicia social. Unidos mano a mano para reivindicar sus derechos como profesionales y colaboradores directos de la justicia”, explica Paloma Cebrián Palacios, procuradora y miembro del movimiento #J2, a elcierredigital.com.

La profesional explica la situación por la que ahora miembros del sector se ven con pensiones indignas: “El dinero que nosotros tenemos en la mutualidad y que hemos ido ahorrando a lo largo de todos estos años, pensando que iba a ir a nuestra jubilación, ahora es un plan de pensiones que tiene una fiscalidad de un plan de pensiones”.

Por lo tanto, continúa Cebrián “cuando nos jubilemos y lo rescatemos, Hacienda tiene una fiscalidad del 40%. Se habla de jubilaciones cuando en realidad son cantidades ahorradas y llevan una fiscalidad como tal”. Además, las “cantidades asimiladas a las pensiones son, en realidad,  por 12 pagas, no por 14, y  no tienen incremento del IPC".

“Con lo cual es una discriminación la que sufrimos con respecto a los trabajadores del RETA, que tienen 14 pagas y su subida de IPC correspondiente año a año”. El movimiento #J2 solicita así la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ante las precarias condiciones económicas de las pensiones de jubilación y prestaciones que ofrecen las Mutualidades.

El origen del problema

En los últimos meses se han sucedido  numerosas manifestaciones del movimiento #J2, que busca pensiones que permitan a procuradores y abogados mutualistas vivir con dignidad llegado el momento de su jubilación. Asimismo, reclaman que se reforme el actual sistema legal para que se les conceda trasladar las cotizaciones realizadas hasta la fecha a la Mutualidad de la Abogacía, único sistema al que se les permitía acogerse hace unos años, al sistema de la Seguridad Social para autónomos, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

El problema parte de una discriminación histórica al colectivo, pues únicamente podía ejercerse la profesión adscribiéndose a las Mutualidades, entonces obligatorias. Y si bien en 1995 se permitió la cotización al RETA, había ya muchos atrapados en el sistema, que continuó vendiéndose desde los Colegios como la mejor opción.

Con el cambio de 2005, en el que las Mutualidades se convierten en compañías aseguradoras, las Mutualidades profesionales que constituyen sistema alternativo son una reminiscencia del pasado, de forma que sus pensiones se han convertido en productos financieros que no se sostienen y normalizan unas prestaciones que distan mucho de los mínimos que en virtud del mandato Constitucional debían garantizarse para los profesionales.

El colectivo de abogados y procuradores mutualistas afecta en el conjunto de España a un total 70.000 letrados y 8.000 procuradores. Este colectivo ha explicado que los profesionales que cuentan en la actualidad con la mutualidad como único sistema de jubilación se enfrentan a pensiones de entre 200 y 400 euros, sin pagas extras ni actualización del IPC. Esto supone una pensión de jubilación de entre la mitad y un tercio de la mínima del RETA.

Tampoco existe pensión de viudedad ni de orfandad, los siniestros se cubren con las propias aportaciones personales. Las incapacidades temporales motivadas por problemas de salud mental son de un máximo de 60 días para toda su vida profesional. Además, las incapacidades temporales motivadas por enfermedad o accidente cubren un máximo de 365 días. En el disfrute de la sanidad pública aún tienen limitaciones y condiciones diferentes y en relación al copago farmacéutico afrontan en torno al 50 por ciento del pago de sus medicamentos.

Los avances en la lucha por una pensión digna

Tras varios meses de lucha, el movimiento ha conseguido grandes avances. “Estamos haciendo todo tipo de reivindicaciones: Hemos conseguido 14 Proposiciones no de ley (PNL) en 14 parlamentos autonómicos y hemos conseguido, además, bastantes mociones en ayuntamientos”, explica Paloma Cebrián.

Esto es representativo porque “en todos esos parlamentos autonómicos se han votado por unanimidad entre todos los grupos políticos, independientemente de su ideología”, explica la profesional. “No hay ideologías, es un movimiento que lo que está reivindicando es justicia social”, añade.

De hecho, ningún parlamento autonómico se ha opuesto a esta medida. Mientras que se han aprobado PNL en Andalucía, Galicia, Cataluña, dos en Madrid, Extremadura, Canarias, Cantabria, Asturias, Castilla y León, tres en Comunidad Valenciana y Comunidad de Murcia, Sumar ya ha planteado una Proposición no de ley para que sea debatida en el Pleno del Congreso de los Diputados. Hay otra presentada por BNG y una tercera presentada por Coalición Canaria.

“Lo que estamos intentando es llegar al Gobierno y a sus socios para que esas Proposiciones de ley se conviertan en un Proyecto de ley o en un Real decreto”, manifiesta Paloma. Además, “la pasarela que solicitamos es una pasarela voluntaria, el colegiado que quiera seguir en la mutualidad podrá seguir”, añade.

"Solicitamos al Gobierno una pensión digna dentro del marco constitucional. Lo más importante para nosotros es dar visibilidad a este movimiento y conseguir que el Gobierno y todos los partidos políticos apoyen las reivindicaciones y hagan un cambio legislativo de forma urgente para estos profesionales”, concluye  Paloma Cebrián.