El 50% de los españoles no puede contratar un abogado privado y se va al de oficio

Quienes tienen buena situación económica o derecho a abogado de oficio acceden a la justicia, pero existe más de un 25% de la población que ni tiene derecho a abogado de oficio ni puede pagar uno privado y, en la práctica, no pueden acceder a la tutela judicial efectiva consagrada y supuestamente garantizada en el artículo 24 de la Constitución Española.

La diferencia entre quien puede pagarse un abogado privado y quien no, aumenta la desigualdad de una justicia a dos niveles. Un abogado de oficio no sería tan necesario si una persona con una economía media pudiera costear holgadamente la minuta de un abogado privado de confianza. Si los abogados publicaran sus precios concretos por servicios concretos, para el consumidor y usuario sería sencillo consultarlos, comparar y decidir la contratación de una manera realmente libre y consciente.

Además, en ese caso, los precios en la abogacía se ajustarían a las necesidades y posibilidades sociales. Todo servicio retribuido (más aún el especializado) debe de ser cuantificable y conocido por el cliente antes de la contratación, eso crearía certidumbre y garantías para los consumidores y usuarios si conocerían todos los detalles de los precios de cada profesional antes de tener que hacer un desembolso económico: Precio básico por tipo de proceso, incremento o reducción en función de complejidad, citas presenciales, conversaciones telefónicas, gestiones, escritos por tiempo de dedicación o extensión, etcétera.

La falta de publicación e información en el sector de la abogacía de los precios concretos por servicios concretos es cómodo para la propia abogacía, pero supone una limitación para el derecho de los consumidores y usuarios pues para poder conocer el precio de un proceso concreto en muchos casos es necesario acudir y abonar el importe de una cita, que puede oscilar entre los 50 y 200 euros.

Precariedad económica de las familias en España

Actualmente las familias en España llegan difícilmente a fin de mes. En ese contexto plantearse contratar a un abogado para las familias es inaccesible o supone un esfuerzo que puede llevar incluso a tener que sacrificar necesidades familiares básicas.

Limitaciones del abogado de oficio:

La justicia gratuita se reconoce en el artículo 119 de la Constitución Española y se desarrolla en el Real Decreto 141/2021 de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.
La justicia gratuita pretende garantizar el acceso a la justicia de aquellas personas que carecen de medios para litigar. A pesar de ello, cuenta con tres limitaciones:

1. No siempre es un servicio inmediato y la necesidad de asesoramiento en muchos casos sí lo es.
2. No se puede elegir el abogado, sino que se asigna por orden de lista.
3. Hay muchas personas que no tienen liquidez, pero tampoco les conceden abogado de oficio por no cumplir los requisitos económicos requeridos para ello. No cumplir los requisitos económicos establecidos para la concesión de abogado de oficio no supone que se tenga capacidad económica para costear un abogado privado. Ante esa situación se encuentra más del 25% de la población.

Restricciones de los derechos de consumidores y usuarios en la abogacía

En España contamos con una abogacía que no facilita la comparación de precios en el libre mercado de la oferta y la demanda. Incluso existen críticas, ataques y tensiones por parte de los abogados más tradicionalistas en contra de los despachos que sí publican precios, por considerar que, a su entender, son demasiado bajos. Para entender esta manera de actuar debemos de contextualizar que en 1982 la publicidad en la abogacía estaba prohibida y, claro, de esos posos estos lodos.

En muchos casos la abogacía en España tiene la práctica de no facilitar el precio de un servicio concreto hasta que no se ha realizado una consulta que ya supone un desembolso económico. En ese contexto, pretender comparar entre diferentes profesionales se puede hacer complicado y caro para un consumidor y usuario, y ello no facilita la libre competencia en la que el consumidor tome decisiones realmente conscientes.

Por ejemplo, en materia de divorcios, si un matrimonio quiere tramitar un proceso de divorcio de mutuo acuerdo muy concreto y pide presupuestos a abogados especializados, que se supone que deberían de contar con precios asentados por ese tipo de procesos, en la mayoría de los casos indican que tienen que acudir a una cita que suele oscilar entre los 50 y los 200 euros, para que allí, le faciliten un precio que un muchos casos “descuentan del precio de la contratación si contratan”, lo cual está condicionando la contratación y no facilita la comparación entre profesionales, pues pedir varios presupuestos podría suponer ya un desembolso económico que no está al alcance de todas las familias.

A ello se suma que, en caso de considerar que no se cumplen con los derechos de consumidores y usuarios, deberemos buscar a un abogado que nos asesore o defienda, de manera que la propia abogacía tiene una posición fuerte respecto de sus garantías de los derechos de consumidores y usuarios.

En la abogacía se está caminando hacia la especialización y no hacia la accesibilidad y la prevención.
Gran parte de la abogacía pretende ser cada vez más especializada, pero sin potenciar la accesibilidad y transparencia de la contratación, especialmente antes de realizar ningún desembolso económico, que permita a los usuarios y consumidores acceder a un servicio y comparar en la libre competencia de mercado de oferta y demanda.

Un acceso a la justicia especializada a la que una gran parte de la población no puede acceder es como un médico con grandes conocimientos y medios en una sociedad en la que no todos los ciudadanos pueden costear y acceder a los tratamientos y medicinas. La justicia será justa en función de si es realmente accesible para todos.

La especialización de un abogado es garantía de su calidad, pero su accesibilidad determina su grado de compromiso con la sociedad. Una especialización sin accesibilidad, es una especialización incompleta, pues no atiende a las necesidades reales de las personas que son la razón de ser de la Justicia.

La abogacía se está centrando en la resolución de conflictos y no en su prevención. El resultado de todo ello es que una gran parte de la sociedad no puede costear el abogado y al no fomentarse el asesoramiento preventivo, el asesoramiento llega tarde, cuando ya existen problemas.

El asesoramiento tardío (no basado en la prevención) y no accesible, genera dependencia y judicialización, y solo beneficia a la abogacía, que cobra sus minutas. A las familias les genera daño familiar y a la Administración de Justicia saturación innecesaria por procesos judiciales que, en su gran mayoría, se podrían haber evitado con asesoramiento accesible y preventivo.

La sociedad tiene una mala imagen de la abogacía, habiendo sido condenados diversos Colegios de Abogados a multas que suman cantidades millonarias por la CNMC, que considera que la recomendación de honorarios constituye una actuación prohibida contraria a la competencia y derecho de los consumidores y usuarios, respecto de lo que desde el sector de la abogacía, inexplicablemente, no se ha pedido perdón ni retractado pues la población en general no es consciente de que se les ha aplicado condiciones en la abogacía que han sido declaradas ilegales.