Otra plaga de alimentos en mal estado: Retiran 34 toneladas de productos en Málaga y Madrid

Cada vez son más frecuentes las operaciones que destapan casos de manipulación de alimentos y delitos de estafa contra la salud pública. La Guardia Civil es la encargada de investigar e incautar miles de productos ilícitos que circulan en el mercado y ponen en riesgo a los consumidores.

Recientemente, la Guardia Civil ha intervenido una red de establecimientos de Alicante, Madrid y Málaga que se dedicaban a distribuir y vender alimentos caducados o en mal estado. Las etiquetas de los productos estaban manipuladas, por lo que aparecían fechas de consumo preferente falsas. En total se han incautado más de 34.000 kilogramos de alimentos no aptos para el consumo con destino a España y Portugal.

Los hechos han tenido lugar bajo una operación denominada “Mahala”, contra la falsificación, venta, etiquetado, comercio, distribución ilegal o el adulterado de productos alimenticios y el fraude económico. Esta se inició el pasado 23 de mayo, cuando la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Alicante obtuvo información sobre la comisión de posibles irregularidades por parte de dos sociedades mercantiles en dos naves industriales de Torrevieja.

A raíz de ello se abrieron varias investigaciones, como informa el instituto armado. El delito de fraude alimentario se extendía a otros dos establecimientos que seguían la misma práctica en las localidades de Coslada (Madrid) y Marbella (Málaga) y que pertenecían a una de las sociedades.

En el mes de junio se llevó a cabo la explotación de la operación, después de haber localizado y verificado la presencia de la actividad ilícita en dichos establecimientos. Los agentes contaron con el apoyo de las patrullas del SEPRONA de Guardamar (Alicante) y Daganzo (Madrid) y llevaron a cabo inspecciones simultáneas en los establecimientos sospechosos.

Una vez intervenidos los alimentos se comprobó que muchas de sus fechas de consumo preferente estaban manipuladas. Además, había otros productos que ya estaban caducados o en mal estado de conservación. Sin embargo, todos ellos estaban dispuestos para su venta y distribución.

El gerente de una de las sociedades estaba siendo investigado desde el pasado 5 de julio por un delito relativo al mercado y a los consumidores por fraude alimentario. Por su parte, a la otra sociedad investigada se le han impuesto denuncias por infracciones administrativas, siendo remitidas a la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Generalitat Valenciana.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja y todos los alimentos incautados se han retirado y destruido por un gestor de residuos autorizado.

Productos congelados en mal estado

A pesar de las acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esta clase de procedimientos no son hechos aislados. El pasado mes de julio, la Guardia Civil también tuvo que intervenir más de 28 toneladas de alimentos no aptos para el consumo humano, en colaboración con los servicios veterinarios del Departamento Provincial de Sanidad del Gobierno de Aragón, de la Comunidad Valenciana y de la Junta de Andalucía.

La operación se denominó “Potacar” y, en este caso, la mercancía fue hallada en las instalaciones de empresas ubicadas en las provincias de Zaragoza, Valencia y Almería.

Se trataba de productos cárnicos y pescado congelado, que se comercializaban con fechas de caducidad o consumo preferente vencido, manipulación de etiquetado e irregularidades en la trazabilidad.

Productos cárnicos en mal estado incautados por la Guardia Civil / Foto: Guardia Civil

La Guardia Civil detuvo a ocho personas y abrió una investigación a otras 81 por delitos de estafa, contra la salud pública, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. La operación tuvo lugar en 4 fases en las que se fueron inspeccionando todos los establecimientos sospechosos. En una primera inspección de las instalaciones de una empresa ubicada en Cuarte de Huerva (Zaragoza) se intervinieron 1.222 kilos de alimentos.

Posteriormente, en una segunda inspección a otra empresa en Zaragoza, la Guardia Civil incautó 1.708 kilogramos con fechas de consumo caducadas, así como “alimentos que debían haberse comercializado como producto fresco, y que fueron congelados antes de su fecha de caducidad y puestos a la venta posteriormente con la fecha rebasada”, como explica la Guardia Civil.

Además de esta empresa, fueron inspeccionados otros 19 establecimientos en las localidades de Calatayud, Alagón, La Puebla de Alfindén, Cuarte de Huerva y los barrios de Monzalbarba y Santa Isabel, en los que el SEPRONA detectó irregularidades.

Miembro de la Guardia Civil en el lugar de los hechos / Foto: Guardia Civil

En otra inspección, los investigadores hallaron los mismos productos en una localidad valenciana de Xirivella y se inspeccionaron numerosos establecimientos en Zaragoza, Alfajarín, La Puebla de Alfindén, Casablanca, Villanueva de Gállego, Zuera; Almudévar (HU); Benicassim (Castellón); Xirivella, Godella y Liria (Valencia); Elda (Alicante); Huercal y Huercal Overa (Almería); Murcia, Puerto Lumbreras, Cartagena y Mazarrón (Murcia). En total, los agentes intervinieron 18.196 kilogramos de productos no aptos para consumo humano.

Otras 45 inspecciones tuvieron lugar en la última fase, dejando un total de 6.993 kilogramos intervenidos de productos irregulares. La mayoría de los alimentos se localizaron en una empresa de Zaragoza que suministraba productos cárnicos a otros establecimientos.

Gracias a estas actuaciones, la Guardia Civil consigue retirar del mercado una gran cantidad de productos que podrían suponer un gran peligro para la salud pública al no reunir las condiciones mínimas de seguridad y salubridad requeridas para el consumo humano.