Lo que se esconde en España frente a la COVID: Los chanchullos de altos cargos para vacunarse

El tráfico de vacunas, como si se tratara de una nueva epidemia, se ha extendido prácticamente por todo el país que asiste atónito ante el engorde de la lista de consejeros, directores generales,  alcaldes, concejales, altos cargos del ejército y de la Guardia Civil, amén de otros cargos públicos, que han aprovechado su puesto administrativo para vacunarse contra la COVID-19, muchos de los cuales ya han dimitidos, cuando solo ha transcurrido un mes de la puesta en marcha de la vacunación en España.

Desde los propios consejeros de Sanidad, como el de Murcia y el de Ceuta, pasando por fiscales como el de Castellón, o alcaldes y concejales de diversas localidades españolas, hasta el jefe mayor de la Defensa, y miembros de la Iglesia como el obispo de Mallorca y sacristanes de la catedral,  además del obispo de la diócesis de Orihuela- Alicante junto a personal del geriátrico de la casa sacerdotal de dicha localidad.

La lista de irregularidades en el acceso a estas vacunas no hace sino poner en evidencia el protocolo de vacunación establecido por los gobiernos central y autonómicos, cuyo seguimiento, análisis y control de la aplicación del plan vacunal, queda en manos de las autonomías.

El actual documento del Ministerio de Sanidad deja claro que en la primera fase de inmunización los "grupos prioritarios" son los internos en residencias, el personal de estos centros y la primera línea del ámbito sanitario y sociosanitario y, a continuación, el resto de personal sanitario y sociosanitario y los considerados como grandes dependientes. 

Escándalos en todas las CCAA

El más reciente es el escándalo destapado en la Comunidad Valenciana esta misma semana cuando la consejera valenciana de Sanidad, Ana Barceló, informó que en su departamento se habían detectado más de 200 casos de vacunaciones, entre ellos 62 cargos públicos, a personas que no pertenecían a los grupos de riesgo contemplados en la primera etapa de vacunación y que se ha cobrado, entre otros, la destitución fulminante de la directora de salud pública autonómica, Elvira Mensat. El Partido socialista valenciano también suspendió de militancia a tres alcaldes que han reconocido haberse vacunado fuera de plazo: los de Verger y Els Poblets, que, además, son matrimonio, y el de Rafelbunyol, abriéndoles expediente, 

En Cataluña, este martes, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), informaba de la investigación de tres presuntos casos de vacunaciones irregulares de cargos públicos, "unipersonales y episódicos", según señalaba su director, Miguel Ángel Gimeno. Asimismo, se conoce que dentro de esta comunidad recibieron la vacuna, entre otros, el alcalde de Riudoms (Tarragona), Sergi Pedret, y otro concejal de JxCat.

Mientras, en Andalucía, saltaba la polémica por la vacunación de unos cien administrativos de un distrito sanitario de Granada, caso que era defendido por la propia Junta al alegar que dicha vacunación estaba incluida "dentro de la primera etapa de vacunación como personal vinculado a la gestión de la pandemia". A ello se suma el caso de la alcaldesa socialista de la localidad cordobesa de Torrecampo.

Hospital Santa Marina en Bilbao

En el País Vasco fueron sonados los casos del ya exdirector del Hospital bilbaíno de Santa Marina, José Luis Sabas, así como el del Hospital de Basurto, Eduardo Maiz, ya destituido,  quienes recibieron la primera dosis de la vacuna a mediados del mes de enero, saltándose el protocolo establecido por Osakidetza.

Asimismo, en Castilla y León,  se procedía, a finales de enero, a abrir una investigación al alcalde socialista de la localidad de Villavicencio de los Caballeros al detectarse cinco vacunaciones fraudulentas en una residencia de la que dicho edil es patrono. A este se sumaron otros casos como el del alcalde del pueblo soriano de Matamala, el de Moraleja de Sayago, en Zamora, y el de personal de la empresa Ambuibérica.

En Canarias también se ha sabido de fraudes en la administración de vacunas como el de Susana Machín, consejera de Sanidad  del PSOE del Cabildo de La Palma, junto con el director del Área de Salud de dicha isla. Además de varios cargos en diferentes ayuntamientos como la primera teniente de alcalde de Afaro, Virginia Rodríguez o José Elvis de León, concejal de Salud Pública de Garachico. A última hora se añadía a la lista la directora del Área de Salud de Fuerteventura, Sandra Celis, militante del PSOE.  

Otro escándalo ha saltado también en Galicia, tras permitir la Xunta la vacunación de la consejera delegada de unas conocidas residencias "DomusVi" junto a su hermano,  director de la zona Galicia sur de la compañía. A ello se suma la denuncia de la Delegación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en Galicia sobre la gerencia del Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés que, según el sindicato, ha priorizado la vacunación de al menos 200 trabajadores que no están en relación directa con la COVID-19.

Extremadura es otra de las comunidades en las que se han notificado casos de personas que se han vacunado aprovechando su cargo como  la directora del centro sociosanitario de Plasencia, Soraya Cobos, también concejala del PSOE, o el del alcalde de Valverde del Fresno, en la provincia de Cáceres. Mientras, en Cantabria, recientemente, dimitía la directora médica de Atención Primaria tras haber vacunado a su madre, alegando que "sobraban dos dosis".

Establecimiento de medidas correctivas

A la vista de la situación, en la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado la semana pasada, se adoptó un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas para extremar el seguimiento, análisis y control de la aplicación de la Estrategia de vacunación, adoptando las medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias para garantizar que los procesos de vacunación se llevan a cabo de acuerdo con lo acordado en dicha Estrategia.

La ministra Darias, en el último CISNS

Como se recalcó en la reunión, el cumplimiento efectivo de la Estrategia de Vacunación frente a COVID-19 en todos sus términos "es una obligación que incumbe a todos: poderes públicos y ciudadanía". Por tanto,  no se trata sólo de una cuestión de responsabilidad, sino también de solidaridad con la población más vulnerable y con quienes experimentan una mayor exposición al virus, como se concluyó.