La sombra del escándalo PIP: las razones por las que las prótesis mamarias podrían ser un peligro

Los países miembros de la UE han decidido mantener abierto la investigación sobre los implantes de prótesis mamarias, un caso que llegó en febrero al Parlamento Europeo y que seguirán analizando tras las elecciones  del próximo mes de mayo. Será la nueva Comisión Europea la que empezará a trabajar y a debatir a partir de noviembre sobre este polémico tema y su materialización.

Varios parlamentarios europeos  han insistido en revisar los riesgos de estos implantes, pese a que se inicialmente se indica oficialmente que "no hay actualmente ningún dato convincente médico, toxicológico o de otro tipo que justifique la retirada rutinaria de implantes PIP intactos".

En cambio, diputados, de varios partidos, han ilustrado su última intervención en la Comisión Parlamentaria Europea con imágenes explícitas de operaciones quirúrgicas en las que se retiraran implantes rotos: "¿Creen que hay que esperar a que a la gente le pase esto?", llegaron a afirmar en el pleno parlamentario europeo.

La seguridad de las prótesis, en entredicho.

Según afirmaron, la liberación del fluido de estos implantes defectuosos en el cuerpo ha causado nódulos linfáticos axilares o células cancerosas, entre otros problemas de salud. También alertaron de que "cuanto más tiempo pasan en el cuerpo, más presencia de silicona hay en todos los órganos".

Además, indicaron que esa sustancia contiene disruptores endocrinos que pueden afectar a la leche materna o al desarrollo del feto en embarazadas.

El escándalo PIP

Las diputados denunciantes indicaron que es "insuficiente la tarea del grupo de trabajo creado por la Comisión Europea a raíz del escándalo en 2013 del fabricante francés PIP, que cambiaba el gel autorizado en las prótesis mamarias por otro más barato que producía frecuentemente su ruptura", lo que llevó a la condena judicial de su creador.

Un representante de la Comisión Europea agradeció la información proporcionada por los denunciantes e, insistió, en que la seguridad de los productos sanitarios es "una prioridad absoluta" del Ejecutivo comunitario, a la vez que recordó que el caso PIP fue un "delito del fabricante". Ese fraude sirvió para fortalecer el control de esos productos y la revisión de las normas europeas sobre productos sanitarios, que entrará en vigor a partir de 2020.