Más de una cuarta parte de los mayores de 65 años abusan de la ingesta de tranquilizantes en España

El último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que en este caso colabora con los gobiernos para garantizar la disponibilidad de sustancias sujetas a control destinadas a usos médicos, ha constatado que España es el primer país del mundo en el índice de consumo por cada 1.000 habitantes de benzodiacepinas, medicamentos psicotrópicos utilizados fundamentalmente para tratamientos de casos leves de ansiedad, insomnio o trastornos emocionales.

Según el último  informe de la JIFE, elaborado en 2020 con datos de 2019 previos a la pandemia, se ha realizado con las cifras de consumo aportadas por 85 países que reflejan el mayor índice de consumo de benzodiacepinas hasta el momento, por encima de las 50 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. La lista la encabeza nuestro país, al que siguen Serbia, Uruguay, Israel, Estados Unidos y Hungría. Y señala como las más consumidas el Alprazolam, Lorazepam, Diazepam, Clonazepam, Bromazepam, Lormetazepam y Estazolam.

Y según la información aportada, durante la pandemia las cifras han aumentado. Los datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) muestran que en 2021 se alcanzaron las 93 dosis diarias de ansiolíticos e hipnóticos por 1.000 habitantes, un 6% más que en 2019.

Los principales consumidores son los mayores de 65 años: Cuatro de cada 10 pastillas ansiolíticas tomadas en España en 2020 eran lorazepam, uno de los fármacos más conocidos junto con el alprazolam o el diazepam. Es el último dato disponible, pero las tendencias iniciadas durante la pandemia predicen que a día de hoy las cifras serían más altas.

El perfil de consumidor más común es una mujer de más de 65 años con ansiedad o depresión, según señala un estudio sobre el consumo en la región de Lleida entre 2002 y 2015. A una conclusión parecida llegó otro análisis realizado en cinco países europeos: las prescripciones de este tipo de fármaco crecen conforme aumenta la edad de los pacientes, especialmente en las mujeres. Y aunque este sea el patrón que más se repite, no por eso es el más adecuado. El uso de benzodiacepinas en gente mayor de 65 años "comporta riesgos evitables de deterioro cognitivo y aumento de mortalidad por caídas", según el Departamento de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Según confirman los datos de las sucesivas encuestas nacionales de salud,  el consumo de tranquilizantes en mayores era del 3,1% en 1993, creció hasta el 15,5% en 2003 y subió al 25% en 2017.

Uno de los primeros factores determinantes de esta situación es la falta de profesionales de la salud mental. En España hay 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, casi cinco veces menos que en Suiza (52) y la mitad que en Francia (23), Alemania (27) o Países Bajos (24). También los psicólogos clínicos escasean y en 2018 apenas eran unos seis por cada 100.000 habitantes en la red pública (tres veces menos que la media europea). Ante problemas muy complejos y multifactoriales lo “fácil”, reconocen varios médicos consultados, es recetar un fármaco.

No todos pueden pagar el precio de un tratamiento

En España no hay que realizar pagos extra para acceder a la consulta del psicólogo en el sistema público de salud, pero una sesión con un especialista privado puede valer entre 50 y 100 euros, según el análisis de la fundación Civio para la red European Data Journalism Network (EDJNet), donde también se refleja que en al menos otros nueve estados de la Unión Europea sí hay que pagar por esta atención dentro de la sanidad pública.

Atención psicológica.

Otra cuestión es que el número de psicólogos disponibles en el sistema nacional de salud en España sea muy corto, que no llega a seis psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando la recomendación de la Unión Europea es que haya 18 especialistas en la red asistencial público.

Así las cosas, la espera para acceder a una consulta de atención psicológica oscilan entre los 27 días en Andalucía y los 71 en Murcia, según los datos disponibles de diez comunidades autónomas que recoge el citado estudio de Civio.