Los trabajadores no pueden ser obligados a vacunarse contra el COVID con la legislación vigente

Desde que comenzó la pandemia en marzo del año 2020, España ha sido testigo de un escenario jurídico histórico que se ha caracterizado por los constantes cambios legislativos, especialmente en materia laboral. La llegada del teletrabajo, los ERTEs y, ahora, la vacunación son cuestiones que ocupan la mente de los trabajadores de las empresas.

Teresa Ezquerra, abogada de Abencys asegura que “no cabría concluir que un empresario pueda obligar a un trabajador a vacunarse” y que “tienen que ser los trabajadores quienes acepten dicho ofrecimiento de manera voluntaria”. Esta no obligatoriedad está regulada bajo la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Por tanto “la regla general de nuestro Derecho atiende a la no obligatoriedad de la vacunación”, asegura Ezquerra.

Teresa Ezquerra

Por otro lado, si un empresario lo desea “puede ofrecer a sus empleados la vacunación frente a enfermedades no asociadas al puesto de trabajo”. Así lo dispone el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Posibles cambios en la legislación

Sin embargo, debido a los constantes cambios legales en el sector laboral “no es del todo descartable una modificación legislativa con el objetivo de establecer la obligatoriedad de la vacuna, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de estado de alarma, excepción y sitio”, informa Teresa Ezquerra. Este artículo dice que “La autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas”.

También se contempla en el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública que establece que "Al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad".

La empresa especialista en reestructuración empresarial, Abencys contempla que “la cuestión se centra en un posible conflicto entre bienes jurídicos —la Salud Pública— y determinados derechos individuales —Derecho a la Libertad, el Derecho a la Intimdad o el Derecho a la Objeción de Conciencia— por lo que deben ser los jueces los que den solución a la cuestión”.

Por ello, Ezquerra asegura que “a falta de legislación que actualmente imponga la obligatoriedad de la vacuna, entendemos que habrá de ser el empresario quien requiera judicialmente a sus empelados para que se vacunen, y los jueces quienes den la solución, atendiendo a las circunstancias en cada caso concreto”.

Hay que tener en cuenta que ya existen algunas resoluciones que han obligado a los las personas a vacunarse. Es el caso de treinta y cinco niños que fueron obligados a vacunarse por un brote de sarampión en el colegio, ante la negativa de los padres en 2010.

A día de hoy no hay de qué preocuparse, puesto que las vacunas han llegado a España muy recientemente y todavía se está desarrollando el proceso de vacunación. Por ello, todavía no se ha abierto ninguna causa judicial para obligar la vacunación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que “vacunarse contra la COVID-19 será una herramienta importante para ayudar a frenar la pandemia” y que “todas estas vacunas son seguras y efectivas contra el virus”, tal y como recomienda el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).