Sesenta años de la prohibición de la talidomida: 130 afectados recibirán ayuda del Estado

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 4 de julio un paquete de ayudas económicas destinadas a 130 víctimas de la talidomida tras la evaluación de sus casos, de la que se encargó el Instituto Carlos III. La polémica con la talidomida, un sedante y calmante de náuseas, comenzó en España en la década de los 60, cuando el fármaco empezó a distribuirse a miles de mujeres embarazadas. Décadas más tarde aún hay afectados que no han encontrado ayuda institucional para mejorar las consecuencias del fármaco, que se distribuyó en España durante años, a pesar de que Europa promovió su prohibición desde 1961. Los efectos de la utilización de talidomida en embarazadas provocó graves malformaciones en los bebés que esperaban.

Por su parte, los afectados llevan décadas exigiendo respuestas a los responsables y al Gobierno, pues España es uno de los países que más se ha demorado en ofrecer ayudas a los afectados. Se estima que en la actualidad sólo se han indemnizado a 24 personas de un total de 500 que siguen con vida y que sufrieron los efectos de la talidomida. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha informado de que su principal objetivo con estas ayudas es “hacer justicia” a los afectados.

Joven afectado por malformaciones congénitas causadas por la talidomida

La cantidad que recibirán estos varía dependiendo del grado de discapacidad contraído como consecuencia del fármaco, que ascenderá a los 12.000 euros por cada grado de discapacidad, es decir, una persona con un 10% de discapacidad recibirá 120.000 euros en un pago único, tal y como se estableció en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado del año 2018.

Las ayudas pueden solicitarse desde la publicación del real decreto en el portal BOE y la gestión de estas correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales.

¿Qué es la talidomida y cómo afectó a España?

La historia de la talidomida se remonta al año 1953, cuando fue sintetizada por primera vez por Wilhelm Kunz en los laboratorios Chemie Grünenthal, en Alemania. Diversos estudios científicos señalaron en su momento que las propiedades sedantes de la talidomida podían servir como alternativa a los barbitúricos. Ya en 1957, se autorizó la venta de talidomida en Alemania, Inglaterra y Canadá para el tratamiento sintomático de náuseas y vómitos en embarazadas. Desde entonces, su comercialización se incrementó considerablemente y llegó a distribuirse en 50 países con más de 80 nombres distintos.

La talidomida llegó a España en 1959 y se comercializó bajo la marca de seis medicamentos: Imidan, Varilal, GlutoNaftil, Softenon, Noctosediv y Enero-Sediv. Otros países como Francia y Estados Unidos no sufrieron las consecuencias de la talidomida, pues su comercialización y uso se prohibió por los posibles efectos en los fetos. Estos efectos comenzaron a documentarse en 1956, cuando se reportó el primer caso de focomelia (anomalía congénita que produce falta de extremidades o malformaciones en estas) por exposición a talidomida. Según diversos estudios científicos, en los cinco años siguientes la talidomida llegó a afectar aproximadamente a 3.000 personas con malformaciones congénitas en sus extremidades.

Grupo de afectados por la talidomida

Los efectos de la talidomida fueron visibles a gran escala en la década de los sesenta, siendo especialmente relevantes dos artículos de la revista científica The Lancet, que expusieron los efectos de la talidomida en varios recién nacidos. Como consecuencia de estos estudios, y de otros que les acompañaron posteriormente, el fármaco fue retirado del mercado alemán e internacional progresivamente, siendo España uno de los últimos países europeos en prohibir la distribución de talidomida, en el año 1963.

Aunque, tal y como señalan algunos expertos, la talidomida que ya se había comprado y se encontraba en las casas siguió circulando sin control hasta el año 1965. En España, las autoridades responsables negaron durante más de tres décadas la venta de la talidomida y, por consiguiente, la existencia de personas afectadas por el fármaco, circunstancia que denuncia la Asociación Española de Víctimas de la Talidomida y otras inhabilidades (AVITE).