Zaragoza, Alicante y Valencia se convierten en epicentro de venta de comida nociva

El sector servicios obtuvo un 19,9% de aumento medio en su facturación en el año 2022, según datos de Instituto Nacional de Estadística (INE). Dentro de los servicios, la hostelería se lleva el 'premio gordo' al elevar su facturación un 44,4%, con el comercio mayorista y el comercio minorista ocupando la tercera y cuarta plaza respectivamente.

Es decir, el sector con mayor facturación de España en el año 2022 cuenta con varios agujeros en los últimos meses. La Guardia Civil informaba, en la mañana del jueves 27 de julio, la intervención de 28 toneladas de alimentos no aptos para el consumo humano en diversas provincias de España.

Imagen de la Guardia Civil de Aragón con uno de los lotes requisados. 

 El caso, o mejor dicho, la Operación ‘Potacar’ se saldaba esta mañana, según la nota de las Fuerzas y Cuerpos del Estado, con la detención de ocho personas y la investigación de otras 81. Además de la ya señalada cantidad de comida no apta para el consumo. Unos alimentos incautados en almacenes de tres provincias: Zaragoza, Valencia y Almería. Una operación que se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía y tanto de los servicios veterinarios del Departamento Provincial de Sanidad del Gobierno de Aragón, como los de la Comunidad Valenciana.

Operación 'Potacar'

¿A qué hace referencia la nomenclatura de la operación? Para nombrar las operaciones se suele buscar una relación con una de las primeras referencias de la investigación. A mediados de 2021, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Zaragoza recibía varias denuncias sobre un establecimiento hostelero que vendía productos caducados a sus clientes.

Los principales alimentos que se estaban comercializando eran pescado y carne. Por lo tanto, de ahí sale el nombre. Pota, es una denominación que se le da al calamar en diversas partes del territorio nacional. Mientras que la carne, se decidió acortar en ‘car’: Potacar.

Imagen de la Guardia Civil con uno de los lotes de carne no apta para el consumo humano.

La investigación de la Guardia Civil ha detenido a ocho personas por presuntos delitos contra la salud pública, de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

La Fuerzas y Cuerpos del Estado realizaron diversas pesquisas para lograr entender que estaba ocurriendo y si se estaba comiendo un delito. En efecto, durante una primera inspección a una empresa ubicada en Cuarte de Huerva, Zaragoza, se incautaron 1.222 kilos de alimentos no aptos para el consumo. Los productos “presentaban irregularidades al haber sido reetiquetados con ampliación de la fecha de caducidad o consumo preferente” afirma la nota de la Guardia Civil. Tras rastrear el destino de la mercancía, la propia Guardia Civil confirma “la comercialización de diversos lotes a otros establecimientos con fechas superadas”.

En una segunda indagación, también en empresas con ubicaciones en Zaragoza, se incautaron 1.700 kilos más de productos con fechas de consumo caducadas. “Otros 19 establecimientos en las localidades de Calatayud, Alagón, La Puebla de Alfindén, Cuarte de Huerva y los barrios de Monzalbarba y Santa Isabel en los que el SEPRONA detectó irregularidades”, informa la notificación.

Más mercancía incautada por la Guardia Civil. 

En una tercera intervención desarrollada a lo largo de varios meses y con varios puntos de Valencia, Huesca, Almería o Murcia los agentes retuvieron un total de 18.196 kilos de producto no apto para el consumo. En Xirivella, Valencia, las autoridades se encontraron con el mismo método usado en tierras mañas: “la comercializaba de productos con la fecha de caducidad vencida e irregularidades en el etiquetado”, que en este caso “estaba pendiente de ser introducido”, incluye el informe.

En la última fase de la investigación, tanto los inspectores de sanidad como el Seprona llevaron a cabo una total de 45 inspecciones en la provincia de Zaragoza con la posterior intervención de 6.993 kilos de mercancía irregular. En definitiva, 28 toneladas de alimentos no aptos para el consumo, ocho detenidos y 81 personas investigadas. El gran porcentaje de lo incautado era suministrado por una empresa cárnica de Zaragoza.

Unas irregularidades que pueden ser perjudiciales para la salud en caso de consumir el producto. Otro problema en el sector de la alimentación que suma un nuevo capítulo gris, tras la problemática de las sandias procedentes de Marruecos y sus altos niveles en un tipo de pesticida.

Las sandias marroquís y el Metomilo

El país africano se ha convertido en uno de los grandes productores de sandía para el resto de Europa. Desde el año 2016, Marruecos ha igualado la cota de ventas de sandía en los mercados europeos. 

Una bolsa del pesticida que tiene las sandías, el Metomilo.

Una alternativa ante la escasez nacional. Sin embargo, esta posible solución también ha hecho aguas en esta ocasión. Y es que, a finales de la semana pasada el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Pienso (RASFF, por sus siglas en inglés) notificó la entrada a España de sandías marroquíes con problemas sobre un pesticida: el Metomilo. 

El Metomilo es un insecticida que se aplica sobre este tipo de cultivos y que dentro de unos parámetros seguros no es perjudicial para la salud. Sin embargo, en proporciones más elevadas puede afectar a la respiración o provocar irritación de ojos, nariz o garganta de breve duración. Su mezcla con el consumo de alcohol tiene consecuencias más severas y puede afectar al sistema nervioso.