'Oleada' de matrimonios forzados en los últimos años en el país: Cataluña y País Vasco encabezan la lista

Los matrimonios forzados violan los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la libertad, la integridad personal y la autonomía. Se trata de la unión de dos personas en la que, al menos, una de las partes no es libre para tomar la decisión sino que es obligada por algún miembro de su familia. Generalmente las víctimas son mujeres y niñas, originarias de comunidades donde aún se impone la tradición de forzar bodas. Con el paso de los años, cada vez más se enfrentan a sus familias, reivindicando su derecho a casarse con quien quieran.  

El pasado mes, los Mossos d’Esquadra detenían en Barcelona a un hombre pakistaní que pretendía obligar a su hija a casarse con un familiar en contra de la voluntad de la joven. Además, esta chica de 19 años fue encerrada en su habitación e increpada para que denunciara a su pareja por violencia machista, un hecho que era falso.

En la comisaría, el padre fue detenido cuando acompañaba a su hija a la comisaría a que pusiera la denuncia falsa. Y fue precisamente durante el proceso de denunciar, cuando en una conversación con la abogada de oficio la joven confesó lo que le estaba sucediendo. Explicó que su padre la estaba obligando a denunciar a su actual pareja para que, de esta manera, pudiera irse a Pakistán a casarse con un familiar.

Matrimonios forzados en España

El Código Penal, en su artículo 172 bis, establece penas de prisión de seis meses a tres años y seis meses o bien multas de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados, para aquellos que obliguen a una persona, tenga el vínculo que tenga, a contraer matrimonio "con intimidación grave o violencia". Las condenas se agravan si las víctimas son menores de edad.

Según los datos de los Cuerpos policiales en las diferentes comunidades autónomas del país, Cataluña es la comunidad donde más casos se han registrado en los últimos siete años (14 casos). Le sigue País Vasco con cinco casos. Los cuerpos de seguridad también han detectado en este periodo situaciones de matrimonios concertados en Asturias, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra y Comunidad Valenciana.

Uno de los desafíos en la lucha contra los matrimonios forzados en España es la falta de conciencia y sensibilización sobre el tema. A menudo las víctimas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como ser menores de edad, provenir de comunidades inmigrantes o tener escaso conocimiento de sus derechos. Esta falta de información perpetúa un ciclo de abuso y opresión que dificulta la detección y la intervención temprana.

12 millones de niñas son obligadas a casarse

A nivel mundial, según la ONU, 12 millones de niñas y adolescentes son obligadas a casarse. En España, entre 2020 y 2022 se registraron 27 matrimonios forzados, una cifra que ha aumentado en los últimos meses.

Así ocurrió el pasado mes de marzo, cuando dos hermanas de 24 y 21 años, residentes en Terrassa (Barcelona), fueron asesinadas en Pakistán después de negarse a seguir adelante con los matrimonios que les había concertado la familia. Estas dos hermanas acudieron al país asiático tras ser engañadas por sus familiares, que les dijeron que su madre estaba mal de salud.

Una vez allí, fueron asesinadas por su hermano y uno de sus tíos como venganza, pues las jóvenes querían divorciarse de sus primos, con los que se casaron por obligación. En el caso de este país, la embajada española en Pakistán dijo haber atendido varias peticiones de auxilio de ciudadanas españolas de origen pakistaní a las que tenían secuestradas.

Madre de las jóvenes asesinadas. 

La práctica de imposición del matrimonio está considerada como violencia machista, ya que suele ser la mujer la que se ve forzada a elegir lo que otros hombres, normalmente familiares suyos, han decidido. Por ello, es muy importante que tanto los servicios sociales, como los educativos estén alerta para detectar cualquier alteración en el comportamiento de las víctimas, ya que es muy poco frecuente que sea la propia víctima la que denuncie.