Denuncian el "negocio" de la venta de citas previas de la Seguridad Social a causa de su gran colapso

El sindicato colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias ha denunciado este 7 de marzo ante el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, a la Seguridad Social por la vulneración de derechos fundamentales. En especial, solicita el amparo del derecho de petición, tanto individual como colectivo, recogido en el artículo 29 de la Constitución Española. En concreto, la denuncia se interpone contra los responsables de la Seguridad Social a nivel nacional, territorial y local. 

En esta denuncia Manos Limpias sostiene que la situación “es un escándalo que está afectando a millones de españoles cuando solicitan citas previas en las distintas oficinas de la Seguridad Social para resolver los problemas que generan las pensiones y otras prestaciones, ya que es imposible contactar a través de los teléfonos para pedir dichas citas previas”.

Respecto al envio de correos administrativos, estos “no reciben respuesta”. Miguel Bernard Remón, secretario general de Manos Limpias, remitió dos correos administrativos certificados, con acuse de recibo, hace más de dos años y todavía no ha tenido ninguna respuesta al respecto. “Además de la vulneración de derechos fundamentales se está produciendo una clara indefensión a la mayoría de usuarios que conforman la tercera edad”, indican desde el sindicato.  

Miguel Bernard Remón, secretario general de Manos Limpias.

En el artículo 103 del texto constitucional se expone que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y el Derecho. 

“Teniendo como garante el artículo 103 de la Constitución se han vulnerado los siguientes derechos fundamentales. Primero, el artículo 9 de la Constitución Española, que corresponde a los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan o dificulten su acceso. Segundo, el artículo 14 de la Constitución Española, que indica, los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra circunstancia persona o social. Tercero, el artículo 41 de la Constitución Española, que recoge que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes”, argumentan desde Manos Limpias. 

“El reportaje ‘El negocio de la venta de citas’ pone en evidencia que este escándalo tiene una gran magnitud y que afecta a un servicio público esencial. En su virtud, solicitamos el amparo en base a la denuncia formulada desde esa institución, ya que se está generando un negocio que recae en manos de organizaciones lucrativas”, concluyen. 

El negocio de las citas previas

Según un reportaje de ABC existen organizaciones que hacen negocio con las citas de la Seguridad Social. Así lo denuncia Manos Limpias: ciertas personas consiguen citas y las venden. Uno de estos vendedores de citas explica en una conversación por WhatsApp que cobra quince euros y que tiene clientes que llevan once meses esperando para ser atendidos. 

Son muchas las personas que intentan conseguir una cita pero que ven ese intento frustrado, la página web se encuentra sin disponibilidad y los teléfonos están saturados. Según sostienen fuentes cercanas a la Seguridad Social, anteriormente se atendía en menos de ocho días, sin embargo, "a día de hoy pueden pasar hasta tres meses para ser atendidos".

Ángel Gabilondo, defensor del pueblo.

La Seguridad Social está colapsada y esto ha generado un negocio en torno a la compra-venta de citas, que funciona porque algunos de los afectados desesperados deciden pagar por gestiones que deberían ser gratuitas. Para vender estos servicios se usan plataformas como Mil anuncios, donde quien te ayuda te cobra una tarifa que va desde los diez hasta los cuarenta euros.

Las quejas no paran de aumentar, ya en pandemia se triplicaron las protestas y en 2022 estas crecieron un 42 por ciento. Respecto a la atención de llamadas, en 2022 se registraron casi cuatro millones de llamadas que no fueron atendidas.