Intervenidos en Alicante más de 200 animales disecados, entre los que hay elefantes, rinocerontes, leones o jirafas

La Guardia Civil ha intervenido en la provincia de Alicante más de 200 ejemplares de animales disecados de varias especies, incluidas en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Convenio CITES). En concreto, se han incautado ejemplares disecados de león africano, rinoceronte blanco, tigre de bengala, hipopótamo, cocodrilo africano, antílope africano y jirafa, entre otros muchos.

Es el último golpe al tráfico ilegal de especies en España, que se enmarca dentro del Plan de Acción Español de Lucha contra el Tráfico de Especies Silvestres (Plan TIFIES), liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

La operación, denominada Taxideralia, se ha desarrollado desde el mes de mayo de 2018 por parte de las Patrullas de Protección de la Naturaleza (PAPRONAS) de Monóvar y Alicante, y ha culminado con la investigación de seis personas como presuntas autoras de varios delitos contra la fauna y la flora (tráfico y comercialización de especies protegidas).

La operación Taxideralia comenzó cuando la Guardia Civil detectó, durante 2018, una proliferación de anuncios por Internet por los que se vendían animales disecados de especies incluidas en el convenio CITES, cuya legislación prohíbe su venta.

Anuncios en Internet

La mayoría de esos anuncios tenían en común un número de teléfono, registrado en la provincia de Alicante, por lo que agentes de las Patrullas del SEPRONA de Alicante y Monóvar (Alicante), iniciaron la investigación. Dada la gran cantidad de anuncios existentes, una de las principales hipótesis que barajaban los agentes era que podía tratarse de un taller de taxidermia. Sin embargo, el titular del teléfono era una empresa constructora que no estaba relacionada con el objeto de negocio.

Los investigadores contactaron con el anunciante, interesándose por la compra de los animales, y concertando una cita, que iba a tener lugar en una nave de un polígono industrial de la ciudad de Alicante, donde la citada empresa tenía su sede social. Una vez allí, los agentes identificaron al vendedor, que resultó ser también el propietario de la empresa de construcción, y observaron que en el interior de la nave había unas 60 piezas disecadas de especies procedentes de África y del territorio nacional.

A raíz de la investigación de estas piezas, y su documentación, la Guardia Civil dirigió sus pesquisas hacia un posible taxidermista que, probablemente, habría podido realizar los embalsamamientos, y cuyo taller estaría situado en un chalet de la localidad de Mutxamiel (Alicante).

Algunos de los animales disecados incautados.

Con estos datos, se establecieron vigilancias en la zona, a la espera de identificar a esta persona, ya que no había señales externas ni carteles comerciales que indicaran el desarrollo de esa actividad. Mientras tanto, la investigación continuaba por Internet, y en un rastreo por la red, los agentes hallaron una discreta página que ofrecía servicios de taxidermia en esa misma zona, anunciándose con más de 25 años de experiencia en la actividad.

Encontrado el autor de las taxidermias, el SEPRONA descubrió que la actividad se estaba realizando sin contar con ningún tipo de acreditación profesional ni licencia administrativa, y sin los medios técnicos y de gestión de residuos necesarios para procesar las partes orgánicas desechadas de los animales, que se vertían directamente a la red de alcantarillado, con el consiguiente riesgo para la salud pública.

El taxidermista tenía en su poder numerosas piezas disecadas (más de 200), muchas de ellas protegidas por el convenio CITES, y partes de animales, muchos de los cuales sin poder acreditar la procedencia legal de los mismos. "Aquello parecía un zoológico", ha descrito la Teniente de la Guardia Civil María Pellicer, encargada de esta operación. Sobre a cuanto ascendería económicamente todas las piezas incautadas, los investigadores no se aventuran a dar una cifra, porque aún están trabajando en su valoración, aunque advierten de que "teniendo en cuenta la cantidad de piezas que hay, es bastante alta".

La cuarta actividad criminal más lucrativa

El tráfico de vida silvestre es una actividad criminal grave, que ocupa el cuarto lugar en la escala mundial, solo por detrás del tráfico de drogas, las falsificaciones y el tráfico de seres humanos. Según expone el Capitán de la Guardia Civil, Esteban José de Diego, "un kilo de cocaína cuesta en el mercado negro unos 35.000 euros, mientras que por un cuerno de rinoceronte se puede llegar a pagar entre 45.000 y 90.000 euros".

Por eso, se ha convertido en una de las actividades ilícitas organizadas más lucrativas a nivel mundial. El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) e INTERPOL, estiman que el mercado negro asociado al tráfico de especies silvestres asciende a 90.000 millones de dólares al año.

Además, constituye una grave amenaza para la seguridad, la estabilidad política, la economía, los recursos naturales y el patrimonio cultural de muchos países y regiones. Y afecta tanto a especies de fauna como de flora, muchas de ellas amenazadas de extinción. Cada año se trafica con 1,5 millones de aves vivas y 440.000 toneladas de plantas medicinales, se matan más de 100 tigres, 1.000 rinocerontes, 30.000 elefantes y alrededor de 100.000 pangolines.

"Estamos hablando de un asunto que afecta a la supervivencia del planeta en su conjunto, a la estabilidad y capacidad de mantener los niveles de calidad de vida en todos y cada uno de los países y España va a mantener y reforzar su compromiso a nivel internacional", ha señalado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

El año pasado en España se llevaron a cabo más de sesenta operaciones contra el tráfico ilegal de especies, en las que se incautaron desde reptiles, aves, grandes mamíferos, primates o felinos, hasta especies de plantas o angulas.

Dos años de cárcel

Según indica el secretario de Estado, la normativa española en el ámbito del tráfico ilegal de especies, está en línea con los objetivos internacionales y de la Unión Europea, y además "tiene su tratamiento en el Código Penal".

"En los términos en los que en estos momentos vamos poniendo en marcha mecanismos de incautación y de localización de estos presuntos delincuentes, una vez pasan a disposición de los tribunales, estos determinan las penas a las cuales se les condena", se ha limitado a decir al ser preguntado sobre cuáles serían las penas a las que se enfrentarían.

Actualmente, el Código Penal español establece prisión de 6 meses a 2 años por este tipo de delito, aunque en la mayoría de los casos, según advierten los investigadores, "se queda en una simple multa económica".