22 de noviembre de 2019
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FIN DE SEMANA

Admitida también a trámite la querella de dos periodistas por prevaricación contra el juez Florit por requisar sus móviles y ordenadores

Tres policías nacionales, entre ellos el exjefe del Grupo de Blanqueo en Baleares, detenidos por las filtraciones del caso Cursach

Bartolomé Cursach.
Bartolomé Cursach.
El caso Cursach, donde se investiga al rey de la noche mallorquina, por delitos de pertenencia a un grupo criminal, prevaricación administrativa, cohecho activo y coacciones no para de sorprender. El mismo día que la Fiscalía presentaba sus conclusiones, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares admitía una querella contra el juez instructor por requisar móviles y ordenadores a dos periodistas y la Policía detenía al exjefe del Grupo de Blanqueo por presuntas filtraciones a la Prensa.

Funcionarios de Asuntos Internos de la Policía Nacional detuvieron este martes por la mañana al exjefe del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional en Mallorca, cuando estaba en la Jefatura Superior de Palma de Mallorca, en la calle Simó Ballester. La detención se ha enmarcado dentro de la investigación por las filtraciones del sumario del caso Cursach y otros posibles delitos relacionados con este asunto. El exjefe policial había sido trasladado hace unos meses a la brigada de Delitos Informáticos y se ha acogido a su derecho a declarar. Otro agente de policía en Mallorca y una inspectora, actualmente trasladada a Madrid, también han sido detenidos. Todos los policías fueron detenidos y posteriormente dejados en libertad con cargos y trabajaron juntos en el caso del empresario balear.

Agentes de Asuntos Internos llevan desde el 12 de diciembre en Palma de Mallorca investigando quien filtró documentos sensibles del tema Cursach, que se encontraba bajo secreto sumarial. Esta detención se produjo justo después de que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) admitiese a trámite la querella -presentada el 14 de diciembre- dirigida contra el juez Miguel Florit, instructor del caso Cursach, presentada por Europa Press y Diario de Mallorca, así como los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou, por las actuaciones ordenadas por el magistrado que conllevaron la incautación policial de los teléfonos móviles y ordenadores de los informadores.

La querella se presentó contra el juez Florit por "prevaricación judicial, inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista". El mismo tribunal ha dictado auto para designar instructora de esta nueva causa a la magistrada Felisa María Vidal Mercadal.

La actuación del juez Florit que ahora motivó esta querella fue realizada a petición de el abogado Enrique Molina, defensor de Bartolomé Cursach y a la que se sumó la Fiscalía. Fuentes conocedoras en profundidad del caso sostienen que la estrategia de la defensa pasaría por intentar anular todas las actuaciones. Bartolomé Cursach, de 72 años, se encuentra ahora en libertad bajo fianza de un millón de euros, que reunió en apenas unas horas.

Bartolomé Cursach en el momento de ser detenido.

El exjefe del Grupo de Blanqueo es la primera víctima policial

Sin embargo, parece que la primera víctima ha sido el exjefe policial del Grupo de Blanqueo, que pagará los platos rotos de todo este asunto en una guerra soterrada entre los policías que investigaron el caso Cursach y en el que tanto el juez como la Fiscalía han intentado por todos los medios evitar las filtraciones.

A la misma vez que todo esto ocurría, se conocía que la  Fiscalía Anticorrupción pedía una pena de ocho años y medio de cárcel para el empresario Bartolomé Cursach, acusado de delitos de pertenencia a un grupo criminal, prevaricación administrativa, cohecho activo y coacciones. Según la acusación de la Fiscalía, se le pide al empresario un total de quince años de inhabilitación especial para toda la actividad relacionada con la hostelería y ocio, así como una sanción económica de 60.000 euros.

El escrito de los fiscales solicita también otras penas para varios de los directivos y empleados de las discotecas y locales de ocio de Cursach, que ya estuvo en prisión desde febrero de 2017 hasta abril de 2018, por orden del juez Manuel Penalva, anterior instructor de la causa durante tres años, así como políticos, funcionarios del Ayuntamiento y de Baleares a nivel autonómico y policías locales de Palma de Mallorca.

El informe fiscal también pide una inhabilitación especial para todo cargo público durante 10 años para la exdirectora general de Turismo del Govern, Pilar Carbonell, por participar presuntamente en un delito de prevaricación administrativa continuada.

La Fiscalía Anticorrupción relata en sus conclusiones presentadas el martes como el empresario, "de manera continuada y permanente", entre 2000 y 2016 daba instrucciones para obsequiar y hacer regalos a funcionarios públicos y policiales, cuyas competencias podrían influir en los negocios del Grupo Cursach.

El escrito fiscal incluso describe cómo el Grupo Cursach habría estado ‘’comprando’’ al menos hasta finales del año 2009 a jefes, mandos intermedios y agentes de la Policía Local de Palma, con competencias en el control de la normativa de los locales de ocio, con prebendas de diversa índole como fiestas privadas con servicios sexuales, consumiciones y sustancias estupefacientes

Su padre era conserje en el Club de Tenis de Palma

Bartolomé Cursach Más, Tolo Cursach, empezó de manera modesta en los negocios nocturnos. Su padre era conserje en el Club de Tenis de Palma, pero él, desde la nada, se convirtió en el emperador de la noche, controlaba el ocio nocturno de Palma, El Arenal y Magaluf en Calvià.

Tolo construyó así un imperio que le llevó a codearse con los personajes más importantes de la isla, incluso llegó a ser pareja de juego de padel con Jaume Matas, entonces presidente de Baleares. Por sus discotecas pasa un millón y medio de personas al año y factura millones de pesetas al año. Después de los negocios en la noche probó suerte con los gimnasios, restaurantes y hoteles.

Cursach probó incluso con el fútbol, convirtiéndose en el mayor accionista el C.D. Mallorca. Tanta voracidad empresarial también le granjeó numerosos enemigos, que desfilaron ante el juez Manuel Penalva, primer juez instructor de la causa y que lo envió a prisión.

Pero Penalva no pudo con él, ya que la Audiencia Provincial de Baleares lo apartó de la causa por perder "la apariencia de imparcialidad" en marzo de 2018, tras salir a la luz unos wasaps en el que presuntamente profería insultos a uno de los investigados. Fue la última o quizás penúltima victoria de Cursach.

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