09 de mayo de 2021
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FIN DE SEMANA

Por ejemplo, solo en Canarias hay 153.000 casos pendientes de resolución, según los datos del Consejo General del Poder Judicial

Los juzgados se afixian por el coronavirus: Concursos de acreedores, despidos, impagos...

Sede judicial
Sede judicial
Suspensión de juicios, funcionarios o fiscales que no pueden acudir a sus puestos de trabajo por haber contraído el virus o por guardar confinamiento por contacto estrecho, atasco en los procedimientos,...Es la fotografía actual de los juzgados en la mayoría de las comunidades autónomas.

La propagación del COVID-19 ha impactado masivamente el funcionamiento del sistema de justicia desde que se decretara el primer estado de alarma, del que se cumplirá un año el próximo mes de marzo.

Los juzgados se resienten considerablemente de la situación provocada por el coronavirus. El resultado, una lista de espera judicial que se agranda por momentos. El escenario de saturación se complica ahora por el aluvión de demandas judiciales a consecuencia de la Covid-19: Concursos de acreedores, despidos, Ertes, deudas, procedimientos de Seguridad Social, pleitos familiares, impagos de pensiones, son solo algunos de los ejemplos de una larga lista.

El Defensor del Pueblo, que dedica cada cierto tiempo extensos informes a las causas de dilación judicial, constata que son la fuente de buena parte de las quejas que recibe. En uno de los últimos recogió que la mitad de las reclamaciones iniciadas por particulares se deben al modo en el que está funcionando la justicia española en la actualidad.

Tanto el Ministerio de Justicia como el Consejo General del Poder Judicial pusieron en marcha durante la primera ola planes específicos de actuación para aliviar en lo posible tanto el retraso acumulado en señalamientos como la avalancha de nuevos asuntos, pero aún así se evidencia que el sistema sigue  escaso de medios y anticuado.

Algunas autonomías han dado la voz de alarma

Algunas Comunidades Autónomas ya han dado recientemente la voz de alarma. En concreto, en Canarias,  los casos en la lista de espera judicial se situaban, el pasado mes de enero, por encima de los 153.000, según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras incrementarse en casi 15.000 desde la aparición de la COVID-19 en el Archipiélago, como recogía, recientemente, "El Día de Tenerife".

En Murcia, los juicios considerados como más complejos y que pueden alargarse en el tiempo no se celebrarán hasta 2023, mientras los juzgados de primera instancia dan fecha para los meses de mayo y junio. 

Ciutat de la Justícia de Valencia

Otra de las autonomías que también ha alertado en los últimos días de esta situación ha sido la comunidad valenciana, donde fiscales y abogados de la Ciudad de la Justicia de Valencia calificaban la situación de complicada y además, "sin facilidades para poder teletrabajar desde casa: ni hay expediente digital ni se celebran vistas telemáticas", lamentaban en declaraciones a Europa Press.

Proceso de modernización retardado

Y es que la crisis del coronavirus ha impedido un proceso de modernización y aumento de recursos. Muchos letrados echan en falta la posibilidad de realizar juicios telemáticos, limitados a hacer videoconferencias con peritos, testigos o imputados, como mucho.

Esto choca con las pretensiones del Consejo General del Poder Judicial, en cuya última actualización de la Guía de buenas prácticas para la prevención de contagios por la COVID-19 en las sedes judiciales, de hace cuatro meses, pone el acento en la importancia de incorporar el teletrabajo como método de organización de la actividad del juez. Eso sí, como se indica, siempre que sea posible desde el punto de vista de las garantías procesales y se disponga de los medios tecnológicos necesarios (expediente judicial electrónico, consulta de expedientes en remoto a través de aplicaciones informáticas, firma electrónica, correo electrónico profesional y consulta de bases de datos de legislación y jurisprudencia).

 

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