El socialista Blas Acosta, presidente del Cabildo de Fuerteventura, dimite acosado por dos casos de corrupción

Blas Acosta ha renunciado a la presidencia, pero no al acta de consejero, que de momento conserva. El presidente del Cabildo será de momento Alejandro Jorge, que ocupaba la vicepresidencia primera.

El presidente socialista de Fuerteventura se enfrentaba a una moción de censura desde que no fueron aprobados sus presupuestos para 2021 por la falta de apoyo de sus compañeros de ejecutivo, Sergio Lloret, de Asamblea Municipales de Fuerteventura, y Marcelino Cerdeña, de Unidos por Betancuria, que directamente no se presentaron a la sesión cuando había que votarlos. Acosta fue elegido presidente del Cabildo de Fuerteventura en julio de 2019, tras prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, Nueva Canarias-AMF y Podemos contra la candidata más votada en las elecciones locales, Lola García (CC).

Pero los problemas para Acosta llegaron con su imputación en dos procesos judiciales por el que le piden siete años de prisión. El ya expresidente del Cabildo de Fuerteventura se enfrenta a dos procesos judiciales en los que la Fiscalía pide para él penas que suman siete años prisión, en ambos casos relativos a su pasado como concejal del Ayuntamiento de Pájara.

La Fiscalía pidió tres años de cárcel para Blas Acosta por el caso de La Pared y cuatro años y tres meses por el caso Geturpa.

Blas Acosta.

En el caso La Pared, el Ministerio Fiscal pide para Acosta y para el resto de miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara en enero de 2010, una condena de tres años por conceder licencias de ocupación en la urbanización La Pared "a sabiendas de que no se habían cumplido las condiciones", según la Fiscalía.

En aquel momento, Acosta era concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara y la Junta de Gobierno de la que formaba parte concedió el 25 de enero de 2010 una licencia de ocupación "en contra de lo informado por los técnicos municipales y desoyendo la motivación y razones expuestas por el servicio jurídico de la Corporación", según la Fiscalía, que lo acusa de prevaricación urbanística.

La fiscal Clara Serrano recuerda en su escrito de acusación que "las obras de urbanización del sector PERI-2 de La Pared no estaban concluidas y, en particular, no existía sistema de depuración de aguas residuales" en la zona, "faltaba pavimentación del acceso rodado y alumbrado público", así como el "acondicionamiento de la zona verde".

En el caso Gesturpa, la Fiscalía acusa a Acosta de los delitos de administración desleal e insolvencia punible en su gestión de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), entidad de la que fue administrador único.

En el escrito de acusación de la Fiscalía se resalta que Blas Acosta, en su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Pájara, llevó a cabo una serie de “conductas ilícitas” a pesar de que sabía que la empresa municipal “incurría en causa legal de disolución” y “se encontraba en una situación de inminente insolvencia”.

En concreto, destaca el fiscal Tomás Fernández de Páiz, “formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales” de la empresa, propiedad al cien por cien del Ayuntamiento de Pájara, “aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables”. Según el escrito de acusación,  las irregularidades consistían en la “valoración de existencias, reservas, impuestos diferidos” y la “contabilización de deudas y gastos”.

El 27 de marzo de 2012, la empresa administrada por Blas Acosta concertó un préstamo con el Ayuntamiento de Pájara por más de 1,7 millones de euros, “con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo dada su evidente falta de viabilidad económica”, según la acusación.

Ese préstamo, agrega el fiscal, se concedió para el pago de deudas “que no figuraban en la contabilidad” de Gesturpa, una empresa municipal que se concibió originalmente para la construcción de viviendas de promoción pública en el municipio de Pájara (Fuerteventura).

Otro de los presuntos hechos delictivos que la Fiscalía atribuye a Acosta consiste en el abono en el año 2012 de 897.270 euros a una empresa, Mahlec Mantenimientos, “por cuenta de un tercero” al que “luego nunca le reclamó el pago”. También resalta que la factura se había generado seis años y que no estaba “contabilizada” por parte de la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara.

Según recalca la Fiscalía, Acosta “nunca propuso a la Junta General de Gesturpa el pertinente acuerdo de disolución de la sociedad a pesar de que los fondos propios de la entidad, consecuencia de su gestión y especialmente de los actos relatados anteriormente, disminuyeron progresiva e inexorablemente”.

Por este caso, el fiscal identifica dos presuntos delitos en la gestión de Blas Acosta: Uno, de administración desleal, por el que pide una pena de un año y nueve meses de prisión y otro, de insolvencia punible, por el que solicita una condena de dos años y seis meses de cárcel. Por estos dos delitos, el Ministerio Fiscal reclama una pena de cuatro años y tres meses de prisión para Acosta, el único acusado en el procedimiento judicial, así como la inhabilitación especial para cargo público durante el mismo periodo de tiempo.