18 de octubre de 2021
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FIN DE SEMANA

Todos los concejales y candidatos que dimiten se van con acusaciones de "partido antidemocrático" hacia la formación de Santiago Abascal

Debacle interna de VOX en toda España: Denuncias en Canarias, abandonos en Málaga, Extremadura, Murcia y Alicante

Javier Ortega Smith.
Javier Ortega Smith.
VOX se desmebra, se deshace a nivel local, se rompe en ayuntamientos y en comunidades autónomas. Detrás de tantas dimisiones en Canarias, Murcia, Alicante o Extremadura se encuentra la gestión de Javier Ortega-Smith, encargado de la secretaría de Organización, cuya gestión salpicará inevitablemente a Santiago Abascal.

Las últimas 24 horas han sido muy problemáticas para VOX. La formación de ultraderecha ha perdido a una decena de cargos públicos a nivel municipal e incluso, en uno de sus bastiones donde eran más fuertes a nivel local, el ayuntamiento de Badajoz y otras demarcaciones locales. Pero Extremadura no es la única región donde VOX se deshace, en las últimas horas también Cieza (Murcia) se queda sin el concejal de VOX.

Estas nuevas "deserciones" del partido de Abascal se suman a las irregularidades denunciadas en Canarias, el abandono de la formación del secretario provincial de VOX Málaga, Francisco Vázquez, que dejaba la formación de Santiago Abascal dando un portazo y aireando los trapos sucios de la formación en Málaga. Además, las encuestas en Madrid no auguran un gran resultado de la formación encabezada por Rocío Monasterio en esta comunidad autónoma, donde el partido corre el peligro de ser fagocitada por el PP madrileño.

Vázquez denunció que los cargos se dan a dedo por la dirección nacional y acusa directamente a Javier Ortega Smith de manejar las listas a su antojo, sin tener en cuenta las elecciones primarias. 

En una dura carta pública dirigida al vicepresidente de VOX, Javier Ortega Smith, Vázquez se despide de la formación contando lo ocurrido: "Vox planteó elecciones a nivel nacional y al ver los resultados que no le fueron satisfactorios, canceló, anuló y no ratificó lo que votaron y decidieron sus afiliados. (...) En Vox no hay democracia interna. A la hemeroteca a nivel nacional me remito. En Málaga no aceptaste el resultado democrático, repito, ganado por partida doble y no ratificaste al comité", concluye el dimitido líder malagueño.

El lío de los vinos en Canarias

Peor fue el clamor interno en VOX Canarias tras las denuncias que sacuden la estabilidad del Comité Ejecutivo Provincial de Las Palmas de Gran Canaria y la gestora en Tenerife, al recibir duras críticas por parte de algunos responsables territoriales y afilados, según ya publicó elcierredigital.com.

Las denuncias contra los dirigentes canarios de Vox se resumen en la "falta de transparencia en las cuentas, opacidad con el merchandising de los productos que se venden en nombre de VOX, incumplimiento flagrante de los estatutos, desavenencias organizativas por aspiraciones personales por el poder, falta de presencia política en el archipiélago respecto a la crisis migratoria, desprecio a los afiliados y simpatizantes, inacción política hacia los ciudadanos, fricciones entre el coordinador regional y las cúpulas de las gestoras, y malestar de delegados insulares, a su vez, contra los dirigentes orgánicos", según denunciaron militantes críticos con la formación.

Hay todavía muchos puntos álgidos de tensión, entre una larga lista de desavenencias internas, que desestabilizan la formación de Santiago Abascal en el archipiélago. Los escándalos denunciados podrían incluso desencadenar una solicitud formal de investigación judicial por parte de un sector crítico. Ya constan peticiones internas de ceses o repulsas sobre los responsables de VOX Las Palmas de Gran Canaria y VOX Santa Cruz de Tenerife, por "mala praxis política, caos organizativo, incumplimientos y denuncias".

Se intentó mandar las cartas a Abacal por medio de una cesta.

Las denuncias de afiliados marcan la línea roja de presuntas irregularidades que algunos miembros de VOX destapan ante elcierredigital.com. En primer lugar, responsables territoriales de VOX Tenerife, expresan que 'el coordinador territorial regional, Jaime González Canomanuel, "interceptó" una cesta de productos canarios que incluía documentos de denuncia que iban destinadas al conocimiento de Santiago Abascal, impidiendo que este "obsequio" llegara a manos del presidente nacional durante su visita a Tenerife en diciembre de 2020". En la cesta iba también una carta que recogía las presuntas irregularidades de la gestora canaria.

De Murcia a Extremadura

Hasta el momento la última víctima de VOX a nivel local se ha producido en Cieza,  Murcia, donde el concejal y portavoz del Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cieza, Juan Piñera, presentaba su dimisión este mismo martes. Una "huida" tan sorpresiva como inesperada, ya que presentó su salida de este partido para adquirir la condición de 'no adscrito' en la actual corporación municipal, lo mismo que harán los concejales de Badajoz. La salida de Piñera llega tras la dimisión hace unos días de María Dolores Carrillo como concejal de este mismo partido en Cieza, que justificó su decisión argumentando "cuestiones morales".

Ahora el polvorín parece estar en Extremadura, donde los actuales concejales de VOX en la provincia de Badajoz, Alejandro Vélez en la capital; María Isabel Gragera en Lobón; Antonio Pozo, José Andrés Gámez y otros tres concejales más en Guadiana del Castillo; y el que fue Candidato a la Junta de Extremadura, Juan A. Morales abandonan el partido por considerarlo un "Partido Antidemocrático, que somete a los afiliados a técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas", según afirman en un comunicado. Los concejales pasarán todos al grupo de  “no adscritos” en sus respectivos Ayuntamientos.

Antonio Pozo, Alejandro Vélez y J. A. Morales que acaban de irse de VOX Extremadura.

Los ocho representantes de VOX en Extremadura, tras tomar esta drástica decisión, han querido denunciar al partido en un comunicado "como ejemplo de someter a los afiliados a técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas por la ley la reciente Sentencia 035/2021 del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Badajoz, por la que se condena a VOX declarando nula la resolución arbitraria del Comité Ejecutivo Nacional por la que se expulsaba a Alejandro Vélez del partido".

En el escrito han explicado que esta condena, unida a la gravedad de los hechos que se exponen a continuación, motivan su abandono de esta formación política.

Vox acusado de antidemocrático

En el comunicado se denuncia que la disciplina interna del partido "es una apisonadora que se aplica de manera caprichosa por parte de la Secretaría General, sin respetar los derechos de los afiliados y sin garantías de contradicción o defensa. El objetivo es cortar de raíz cualquier iniciativa o manifestación que suponga libertad de expresión o acción por parte de los Grupos municipales o Asambleas legislativas", dicen en clara alusión a la política organizativa de Ortega-Smith.

Además se narra que supuestamente han sido objeto de "técnicas indecentes" como el intento de investigaciones personales, mediante la contratación de Detectives privados "con el objeto de hacer público algún aspecto de la vida privada del investigado, y así anularlo políticamente. Y se cuenta que todas las pruebas relativas a estas prácticas (Teléfono desde donde se intentó el contrato, datos del propietario y una Grabación del Detective) se enviaron al Secretario General, Vicesecretario de Organización y Comité de Garantías", a los efectos de su investigación interna y no hubo reacción, ni acción alguna.

Comunicado de los ocho cargos que se han ido de Vox.

Los ocho cargos que abandonan el partido critican que "los órganos provinciales se componen de personas de perfil muy bajo. Cuanta menos preparación y experiencia profesional se tenga, mejor puesto se obtiene. Ningunean a los Concejales que no son afines, apartándolos caprichosamente por parte del responsable regional en el Grupo de Telegram".

También sostienen que "el objetivo es que la Gestora Provincial sea un simple escaparate ante los afiliados, para así el Diputado de turno ejercer su poder sin transparencia". Si algún miembro de la gestora critica el procedimiento, se procede a su expulsión del partido de manera fulminante, con Ortega Smith al mando: “O estas de parte de Organización y acatas lo que se te diga, o estas fuera…”. De ahí proceden todos los problemas originados en la totalidad de las provincias con conflictos en todas partes de España.

Un partido "sin principios" 

En el comunicado argumentan esto explicando que "engañan a los españoles apropiándose del Franquismo cuando les interesa electoralmente. Lo hicieron en las elecciones de Andalucía. Mas tarde, en abril, renegaron de él, y por eso obtuvieron unos resultados mediocres. Posteriormente volvieron a apropiarse en las elecciones de noviembre, para, una vez obtenido el resultado actual, aplicar ellos mismos y sin pudor, la infame Ley de Memoria Histórica contra sus Afiliados, abriéndoles Expedientes por Exaltación del Franquismo, por publicar obras del Plan Badajoz en las redes personales, o por haber denunciado a los socialistas". Algo inaudito que sorprenderá a muchos, pero "es lo que caracteriza a este partido, que se da golpes de pecho falsamente, para conseguir votos, utilizando el Franquismo cuando les interesa", añaden.

Además critican que por cálculos electoralistas, repitieron hasta la saciedad que renunciarían a las subvenciones públicas y acabarían con los “chiringuitos”, y no solo no lo han hecho, denuncian, sino que, "nada más entrar en las instituciones, dieron instrucciones precisas a todos sus cargos de cómo y a quienes había que colocar en todos los puestos de confianza posibles para no renunciar a ni un solo euro de dinero público". Ponen de ejemplo de ello, el chiringuito montado por el propio Secretario General, Ortega Smith, en el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, que cuesta más de 600.000 euros al año, para pagar a 6 Asesores y 7 Secretarios Administrativos, “13 Enchufados, para asistir a 4 Concejales", dicen en otro párrafo del comunicado.

No afectados por decisiones judiciales

Los ocho cargos dimitidos remarcan que "este totalitarismo antidemocrático lleva a VOX a no considerarse afectado por las decisiones judiciales, incumpliendo así el artículo 118 de la Constitución Española, ya que consideran que están por encima de ella: Sin ir más lejos, el Juzgado número 7, que ahora les ha condenado a volver a considerar a Alejandro Vélez como Afiliado de Pleno Derecho, tuvo que instar al partido al cumplimiento de un auto en el que se adoptaban medidas cautelares a favor de éste como Concejal de Badajoz, por hacer caso omiso y no respetar el mismo", dicen.

Asimismo, denuncian que "derechos fundamentales recogidos constitucionalmente como la Libertad de Expresión, no existen para VOX. Ningún candidato o cargo electo puede publicar en sus redes personales, o manifestar libremente lo que considere oportuno. Hay que pasar por un filtro interno de censura previa, y en caso contrario, las represalias son inmediatas, llegando incluso a abrir expedientes de expulsión", añade el comunicado. Cuentan que existe toda una red de “vigilantes” de redes sociales en provincias que comunican a Madrid cualquier indisciplina de este tipo para que se actúe de inmediato contra ellos.

Para finalizar el comunicado expresan que Vox España, en este delirio de superioridad sobre los derechos de las personas y las instituciones, cometen irregularidades "de manera flagrante la normativa sobre protección de datos de los afiliados", dicen. Dos de los arriba firmantes han cursado sendas denuncias, ya admitidas y en trámite, ante la Agencia Española de Protección de Datos, por filtraciones de datos de carácter personal, e incumplimiento del deber de confidencialidad sobre expedientes internos de los afiliados.

Y hacen hincapié en que desde este partido "no tienen ningún reparo, ni pudor, en modificar la normativa interna si esto favorece alguna decisión que deba tomar a su favor la cúpula del partido. Esto supone una ausencia absoluta de seguridad jurídica", sostiene el comunicado. Ponen un ejemplo: Ante la avalancha de denuncias internas de los afiliados, el partido decidió eliminar de los Estatutos el plazo de 3 meses de caducidad para la resolución de los Expedientes Sancionadores. De esta manera nunca se da por agotada la vía interna y taponan el acceso a la vía judicial para los afiliados, amparándose en ese escudo para justificar "todas sus arbitrariedades y desmanes", concluyen. 

Dimisión con cruce de acusaciones en Alicante

Estos problemas no son nuevos. VOX siempre ha estado metido en conflictos. Alfredo Manuel García Culiañez, responsable de VOX en Catral (Alicante) hasta junio de 2020, ya envió hace meses una carta a Ana Vega Campos (Presidenta de VOX Alicante), denunciando injerencias del partido en su municipio: "Me dirijo a usted mediante esta carta, al tener conocimiento de que afiliados de Catral de su partido han recibido llamadas telefónicas realizadas en nombre de Vox Alicante, entre otros  por el ViceSecretario de Organización D. Andrés Iñigo Martínez, en las cuales informa a los afiliados/simpatizantes de la expulsión de Vox Alicante del coordinador de Catral (quien les escribe)  por parte de su ejecutiva así como su equipo de trabajo, por irregularidades económicas y falta de confianza, dando por extinguida la formación local a la espera de un nuevo nombramiento. Como supondrá, esta acusación no es gratuita ya que gracias a la tecnología de hoy en día han quedado registradas en grabaciones dichas llamadas amenazantes y difamatorias. (...) En Noviembre de 2020, se me requirió como coordinador mediante escrito de los servicios jurídicos, para que presentara las cuentas de la agrupación local de Catral y tras la devolución del material obrante en nuestro poder y recogido por D. Andrés Iñigo y José Muñoz, ambos miembros de Organización del partido, como así quedó firmado mediante justificante de entrega, que se presentó en tiempo y forma junto a la documentación ante los servicios jurídicos de la cuentas, comprobantes de ingreso y gastos y así como un escrito dirigido al comité (...).  Ante prácticas como las llamadas a afiliados, visitas a Catral para difamar, e incluso amenazas por parte del equipo de organización del  que usted es la máxima autoridad y responsable como presidente, creemos intolerable que en una formación que se vanagloria de limpieza, se den estas prácticas que rebasan la ética moral y solo es comparable con prácticas mafiosas además de incurrir con toda seguridad en los delitos de injurias y calumnias recogidos en los artículos 205 y 208 del Código Penal".

 

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