16 de julio de 2019
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FIN DE SEMANA

Más de medio millón de ciudadanos reivindican que los terrenos de la mítica prisión de la dictadura sean destinados a la construcción de un hospital

La mítica cárcel de Carabanchel, un proyecto entre rejas olvidado por la Administración

La simbólica prisión de Carabanchel marcó una época en España del franquismo
La simbólica prisión de Carabanchel marcó una época en España del franquismo
Una década después de la demolición de la antigua y simbólica cárcel de Carabanchel, en Madrid, los movimientos vecinales de los distritos colindantes, vuelven a reavivar su histórica reivindicación de que se construya un hospital público en el solar donde antaño sobrevivieron, sufrieron  y también perecieron tantos presos entre, ellos, algunos muy señalados de la represión franquista.

Una década después de la demolición de la antigua y simbólica cárcel de Carabanchel, en Madrid, los movimientos vecinales de los distritos afectados - Latina y Carabanchel-, vuelven a reavivar su histórica reivindicación de que se construya un hospital público en el solar donde antaño sobrevivieron, sufrieron  y también perecieron tantos presos entre, ellos, algunos muy señalados de la represión franquista.

Uno de los patios de la cárcel de Carabanchel donde a diario salían los presos.

Y lo hacen los ciudadanos del sureste de Madrid a poco más de dos meses de las elecciones municipales y autonómicas y algo más de un mes de las generales.  Con otra gran manifestación vecinal han querido recordar este sábado la necesidad que tiene esta zona, una de las más populares de la capital española, con alrededor de medio millón de habitantes,  de contar con un centro hospitalario para evitar desplazarse a unos 15 km como ahora ocurre cada vez que lo necesitan.  Fue una promesa electoral de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, quien en 2007 anunció a lo grande la construcción de ese solicitado hospital que se levantaría en el  solar de más de 172.000 metros cuadrados que ocupaba antes  la prisión.

La crisis como justificación para no hacer nada 

En 2008, con la llegada de la crisis, todo se detuvo y el proyecto se guardó en un cajón. Había justificación, a pesar de que la presidenta seguía inaugurando hospitales casi a diario en toda la Comunidad, en lo que ha sido uno de los  productos sociales estrella de toda su gestión política.  Sin embargo, tras la crisis, el proyecto sigue teniendo vigencia. Por ello, las asociaciones vecinales  reclaman a todas las administraciones implicadas –Estado, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid- que lo reactiven tras las próximas elecciones y levanten un hospital de gestión pública directa con todas las especialidades necesarias.

La famosa cúpula central de la prisión de Carabanchel tras ser demolida poco después del cierre de las instalaciones penitenciarias.

En su momento, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior, propietaria de los terrenos y de quien debe partir el primer movimiento de esta cadena, proponía construir  entre 650 y 1.200 viviendas en el lugar que ocupó una de las prisiones más emblemáticas de la Dictadura. Viviendas junto a  una escuela  penitenciaria,  otro equipamiento de bienestar básico (probablemente un centro de mayores, servicios sociales...), además de una extensión destinada a uso social pero cuya dimensión sería muy inferior a la requerida para construir un hospital y que apenas daría para 380 camas hospitalarias.  Por ello, los afectados exigen que todo el terreno, que roza los 180.000 metros cuadrados, sea destinado a uso y equipamientos sociales, es decir,  a la edificación de un hospital con unas  700 camas.

Un penal levantado por 1.000 presos políticos tras la guerra civil  

Se trata de un entramado que no arranca y para el que es  necesario el consenso de las tres administraciones: el Gobierno central como propietario del terreno, la Comunidad como encargada de la Sanidad y el Ayuntamiento porque es el  que debe ajustar el planteamiento. Pero además del hospital, según el asesor de la Junta Municipal del Distrito Latina, Guillermo Martínez, los ciudadanos tienen otras reclamaciones históricas: la desaparición del actual centro de internamiento de extranjeros (CIE)  y la construcción en esas instalaciones de un museo de la memoria de la represión de la Dictadura. Este CIE es el único módulo que sobrevivió al derribo de la cárcel, el resto fue derribado y con ello, muchos años de historia.

Una imagen en la azotea de la prisión del primer motín carcelario tras la muerte de Franco.

Hablar de Carabanchel hace años era pensar en la mítica cárcel. Un penal de grandes dimensiones que el franquismo levantó en ese distrito justo después de la guerra. Necesitaban espacio y lo construyó por sectores, entre 1940 y 1944, y allí congregó durante 30 años a miles de presos políticos, líderes sociales, homosexuales, artistas o delincuentes comunes.

En 1940, el Gobierno compró  los terrenos en Carabanchel por  700.000 pesetas (4.200 euros) a José Messía y Stuart, duque de Tamames y de Galisteo.  1.000 presos políticos fueron obligados a construir la prisión. Terminaron la primera galería cuatro años después y fue inaugurada el 22 de junio de 1944. Finamente, se construyeron cuatro de las siete galerías previstas, además de la enfermería y la galería cultural. La prisión cerró definitivamente en 1999, cuando salieron de ella los últimos 2.000 hombres y 500 mujeres que cumplían condena allí.

El interior de una de las galerías de la cárcel de Carabanchel tras el paso de okupas y vándalos y abandonada por completo.

La cárcel de Carabanchel será siempre recordada porque tras sus rejas han estado muchos presos políticos de la época, relevantes dirigentes de partidos y de sindicatos creados en la clandestinidad durante la Dictadura de Franco.

Entre esos nombres destacan Marcelino Camacho, líder de Comisiones Obreras, quien fue encarcelado junto el resto de dirigentes de este sindicato en virtud del Proceso 1001. También estuvo en Carabanchel  Julián Ariza, dirigente del mismo sindicato, Nicolás Redondo,  líder histórico de la Unión General de Trabajadores (UGT),   los militantes comunistas Nicolás Sartorius, Ramón Tamames, Enrique Múgica y Enrique Curiel, el socialista Miguel Boyer, Fernando Sánchez-Dragó, Miguel Gila y Fernando Savater, entre muchos otros.

El penal fue clausurado en 1998, fue okupado, derruido y finalmente demolido diez años después a pesar de que muchos defendían su valor patrimonial. Desde entonces, los vecinos de la zona reclaman la recuperación íntegra de esos terrenos para uso público y social. Las elecciones son  inminentes pero las diversas Administraciones parecen tener otras prioridades en sus agendas. 

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