Denuncian que se quedan sin médico las 24 horas en la prisión de Huelva

Desde la inauguración de este centro hace ya casi 25 años, a partir este pasado domingo, carecerá de asistencia facultativa al no contar con la presencia contínua de un médico durante las 24 horas . "Y, en consecuencia,  en el centro penitenciario de  “La Ribera”  se producirá un menoscabo del cuidado de la salud de la población reclusa y, a su vez, también de la seguridad del centro", aseguran desde ACAIP.

La actual plantilla de doctores, que ha ido perdiendo irremediablemente efectivos sin que la Administración haya resuelto este problema crónico, la conforma, a día de hoy, solo la Subdirectora Médica y un médico en activo. Aunque la plantilla médica debería contar con un plantel de 8 colegiados según la Relación de Puestos de Trabajo. 

"La tan menguada plantilla de doctores ya no puede hacer frente a la atención sanitaria que necesita la población reclusa onubense, afectada por innumerables patologías infectocontagiosas, psiquiátricas, enfermedades neurodegenerativas, SIDA, hepatitis, etcétera y que en su mayor parte es drogodependiente, así como de las urgencias vitales o de las urgencias por lesiones derivadas de agresiones entre los internos, cargando parte de estas funciones al resto del equipo sanitario del centro", añaden desde ACAIP.

Una vista general de la prisión de Huelva.

Desde el sindicato aseguran que "durante años la  asistencia médica se ha ido progresivamente resintiendo hasta llegar a la "degeneración" que vivimos en la actualidad. Toda esta situación bochornosa es la culminación de la dejación de funciones del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, en la que está literalmente dejando morir la sanidad penitenciaria, convirtiendo en habitual la carencia de facultativos en los centros penitenciarios, y desdeñando su obligación de cuidar el derecho a la salud de la población reclusa española".

"Comprobamos que el señor Ortiz ha apostado por menoscabar el carácter público del servicio sanitario penitenciario.  Ni siquiera es capaz de cumplir el mandato legal desde 2003 de traspasar las competencias sanitarias penitenciarias a las Comunidades Autónomas. Y desde nuestro sindicato no descartamos que esta situación sea la excusa para una privatización de la asistencia sanitaria penitenciaria", añaden.

Esta dilación en buscar soluciones a este grave problema sanitario se une a varios otros problemas generales añadidos, como resolver el conflicto colectivo abierto con los trabajadores penitenciarios, que dura más de tres años, que está lejos de solucionarse, con peticiones como el reconocimiento legal de los funcionarios como agentes de la autoridad, adscripción a un grupo superior de la administración, subidas salariales equiparables a las conseguidas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, compañeros de ministerio, etc.

La situación descrita es "una muestra más de la decadencia de la administración penitenciaria, en la que no se realiza una prestación de un servicio público acorde la importancia del mandato constitucional y donde hay un  empeoramiento paulatino de las condiciones laborales de los trabajadores penitenciarios y de la seguridad de los centros", concluyen desde ACAIP.