División pública sobre seguir o no la batalla judicial contra los Franco en la indemnización por el Pazo de Meirás

Tras la sentencia dictada en septiembre de 2020 por la que se ordenaba que el pazo de Meirás volviera a manos públicas, el traspaso del edificio, situado en la localidad gallega de Sada, se materializaba el 10 de diciembre con la entrega de las llaves por parte de la juez Marta Canales a la abogada general del Estado, Consuelo Castro, que intervino "en representación de la Administración General del Estado, y en presencia de los letrados de las partes personadas en la causa judicial contra la familia Franco.

Meses después, el 12 de febrero de este año, el recurso presentado por los descendientes para su recuperación era rechazado por la Audiencia Provincial de La Coruña que ratificaba que tanto el Pazo como las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado, en línea con lo decretado por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña.

Acto de entrega del Pazo

Si bien la Audiencia Provincial de La Coruña acordaba declarar inexistente jurídicamente la donación del inmueble y las fincas, realizada en 1938 a Francisco Franco, también rechazó que se hubiera producido "mala fe" por parte de los herederos, reconociéndoles el derecho a una indemnización y ser resarcidos por los gastos en que los incurrieron desde 1975, pues consideraron acreditado que realizaron "múltiples obras de rehabilitación y mantenimiento" y que, tras el incendio de 1978, ejecutaron "múltiples reparaciones". Los jueces vieron obvio que si el edificio hubiese estado abandonado durante 45 años "su estado actual sería ruinoso".

Recursos por todas partes

Mientras el Gobierno español, que interpuso la demanda para que el pazo de Meirás fuera devuelto por la familia Franco, decidió, finalmente, a través de la Abogacía del Estado, renunciar a la posibilidad de presentar recurso contra la indemnización a la familia Franco por entender que la sentencia es "favorable" y asume la sentencia como positiva para sus intereses. Por su parte, la Xunta de Galicia no se ha pronunciado de forma oficial al respecto.

Sin embargo, el resto de partes, como son la Diputación provincial de La Coruña así como el Ayuntamiento junto con el de Sada han decidido recurrir la sentencia que obliga a indemnizar a los Franco, al entender, en el caso de la Diputación, que el recurso continúa el camino iniciado por esta institución de contribuir a la devolución de las Torres de Meirás al patrimonio público.

También la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha confirmado que recurrirán la sentencia de la Audiencia Provincial, ya que como argumenta, "quedó constatado que la familia Franco hizo "un uso indebido y privado de este inmueble público y disfrutó del mismo durante muchos años", recordando que habrá que esperar a que el Supremo admita el recurso al ser de casación.

A su vez, más de 250 personas vinculadas al ámbito literario, las artes plásticas, la música, las artes escénicas, el periodismo, el sindicalismo o la enseñanza han elaborado un manifiesto, exigiendo al Estado que recurra la sentencia de la Audiencia Provincial.

Por su parte, la familia Franco afirmó, recientemente, que se encontraban ultimando un recurso que presentarán ante el Tribunal Supremo, con el fin de  que la Justicia les acabe dando la razón y puedan recuperar el inmueble.