ACS, presidida por Florentino Pérez, se ve envuelta en una demanda en Uruguay por las actividades presuntamente irregulares de la empresa Parque Eólico Kiyú, perteneciente a su filial Cobra

La operación que ahora investiga la Justicia de Uruguay y que afecta a Florentino Pérez y su empresa constructora ACS tiene su inicio en el año 2012. Fue entonces cuando la empresa Parque Eólico Kiyú (PEKSA) firmó un contrato con el ente publico uruguayo por el cual se obligaba a venderle energía eléctrica por valor de 230 millones de dólares, provenientes del parque eólico que iban a instalar en la zona de Kiyú, en la ciudad uruguaya de San José.

UTE Y PEKSA firmaron un nuevo acuerdo en el año 2014 por el que la empresa pública renunciaba a hacer valer las cláusulas de fuerza mayor establecidas en el contrato original y se obligaba a comprar las acciones de la empresa si surgía algún problema en la conexión con la red energética. Asunto este que llamó la atención por inédito.

Actualmente la concesión está estancada debido al recurso que presentó la empresa VICENTINA S.A. ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En la apelación de esta sociedad, se cuestiona la validez de una resolución del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial (CNOT) que dispuso el trazado de las líneas de energía porque carecía de firmas autorizadas. Este trazado favorecía al precio ofertado por PEKSA frente a sus competidores.

Parque Eólico de Kiyú en la ciudad uruguaya de San José 

Según denuncia esta empresa, UTE “favoreció” a PEKSA al renunciar a las cláusulas de fuerza mayor establecidas en contrato y al asumir la obligación de adquirir todas las acciones de la sociedad, a requerimiento de ésta, si surgían obstáculos en la conexión del parque eólico a la red de distribución de energía. Además, también señalan que UTE actuó “en la clandestinidad”, de “forma ilícita” y con “desviación de poder”.

Vicentina S.A. indica en su escrito que UTE se comprometió a hacer la línea de alta tensión para que la empresa de ACS se conectara a la red, lo que se tradujo en un beneficio para ella. Por último, añade que el Ente no comunicó al Tribunal de Cuentas el segundo acuerdo firmado con la empresa del grupo COBRA, que preside Eugenio Llorente.

A la espera de la decisión de la Justicia

Por el momento, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo deberá decidir si acepta el recurso presentado por la empresa afectada, lo que supondría que las líneas de alta tensión que unen Parque Eólico Kiyú con la red de UTE deberían ser demolidas , trazando la conexión por el lugar establecido por la Intendencia de San José. Si se diera esta circunstancia, la Administración se enfrentaría a la petición de PEKSA de que adquiera sus acciones como señala el contrato firmado por ambas partes en 2014.

En agosto de 2018, PEKSA recibió su primer revés cuando el Tribunal desestimó el recurso presentado por la empresa de ACS contra la resolución de la Intendencia de San José oponiéndose al trazado de la línea de alta tensión dispuesto por el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial.

Por el contrato firmado con el parque eólico, UTE está obligada a imponer a los propietarios de los terrenos por los que tiene que pasar la línea de alta tensión, los 26 kilómetros que la conforman y que unirían los molinos de viento de la empresa a la red pública. Sin embargo, UTE no solicitó autorización alguna a la Intendencia de San José, tal y como aparece dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial. Por su parte, la administración  de San José propuso a UTE un trazado alternativo, menos impactante, pero el ente público no accedió a esta petición.

En el escrito que recoge el recurso de Vicentina S.A., se señala el hecho de que no hay informes jurídicos que avalen al presidente de UTE en la firma del segundo contrato con Parque Eólico y alega que las decisiones que UTE adoptó para ejecutar la línea de alta tensión perjudican al Estado y benefician a la empresa del grupo Cobra.

Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, testificó, en el año 2016, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Casaravilla admitió haber firmado un contrato con PEKSA, con las condiciones mencionadas anteriormente y aseguró que era la primera vez que el organismo firmaba un acuerdo de ese tipo. Asimismo, afirmó que la decisión que tomó el ente público fue adoptada por “razones de oportunidad y conveniencia”.