Marlaska abandona a la Guardia Civil en Canarias

Asistí recientemente a la Comisión de Inmigración en el Parlamento de Canarias, en la que se dieron cita todas las fuerzas políticas que componen esta cámara regional, para dar audiencia a la Asociación Unificada de Guardias Civiles(AUGC), en la que intervino el secretario general de esta asociación decana, Juan Fernández,  en el que realizó un exhaustivo diagnóstico de las deficiencias laborales que sufren a diario los guardias civiles en relación a la crisis migratoria que soporta el archipiélago canario, entre otras situaciones de escasez de recursos para el cumplimiento de sus funciones que se vienen denunciando años atrás por esta organización.

Este diagnóstico, elaborado por AUGC, motivado por la continua afluencia de pateras que llegan a Canarias procedentes de las costas africanas desde 2020, la incidencias que se producen en la recepción y acogida de migrantes en situación irregular y la falta de resolución inmediata por parte de las autoridades hacia los agentes de la Guardia Civil, que se encuentran desbordados por esta crisis, sin que el gobierno haya presupuestado una mayor dotación para la Benemérita destinada en el archipiélago canario.

Una situación insostenible, para los profesionales de la Guardia Civil, que por otra parte, es denunciada por los vecinos afectados por el vandalismo ejercido por menores extranjeros no acompañados (menas), y migrantes ilegales, acogidos en las islas, que también soportan el incremento de altercados en sus barrios, en los que antes de esta crisis de pateras, residían con tranquilidad, y por ende, una honda preocupación sobre su seguridad ciudadana que sienten comprometida en estos momentos.

Pero aún hay más condicionantes. La otra arista de esta historia, es el fracaso de la gestión del Gobierno de Canarias, en relación a la acogida de menas, según el propio consejero de Justicia, Julio Pérez.  El ejecutivo canario, ha sufragado centros de menas con cuantiosas cifras, justificadas en contratos de urgencia, sin publicidad, sino de adjudicación directa, muy concreta a ciertas ONGs, como es el caso de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, investigada por la Guardia Civil y por la Fiscalía.

Y otro dato más de una crudeza extraordinaria. Algunos menas se escapan de los centros de acogida, otros menas cumplen la mayoría de edad, y son arrojados por las ONGs a las calles, sin medios ni recursos, por lo que en la perversión de este sistema, pareciera que a los migrantes ilegales no les queda más remedio que delinquir o ser okupas para sobrevivir. Evidentemente, sin justificar los abusos sexuales, agresiones, robos con violencia, peleas, asaltos o el uso de arma blanca en lugares públicos, mencionando, para mayor obviedad, la entrada de ex presidiarios, narcotraficantes, ex militares y yihadistas en pateras procedentes de Marruecos. Perfiles delictivos con los que no lidian los políticos, sino la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Y lo peor de todo. En torno a estas desgracias, además, menores inocentes pierden su vida, víctimas de este sistema migratorio de acogida fallido. Recientemente, ha fallecido un menor saharaui, Barrag.E,  en la Playa de Las Canteras de Gran Canaria, un caso, aún sin resolver, que su familia estudia denunciar. Un mena inocente y ajeno a este fracaso gubernamental, que llegó en patera, pero acabó muerto y abandonado por las instituciones españolas. Es decir, existe una responsabilidad patrimonial por parte del Estado, respecto a los menores acogidos, víctimas de la mala praxis de las ONGs.

Por tanto, a tenor de todos estos datos públicos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha abandonado a los guardias civiles destinados en las Islas Canarias, así como su gestión en migraciones, resulta muy por debajo de la necesidad vital de la Guardia Civil, y de la realidad sufrida por los residentes canarios y los migrantes irregulares, además de la falta de resolución de este ministro respecto a las mafias que trafican con personas desde las costas de Marruecos, un delito que se les da muy bien, a decir verdad, con una total indiferencia por los muertos ahogados en el Atlántico bajo sus trayectos en pateras con motores reutilizados una y otra vez, pasajes por los que cobran 2.000 euros por inmigrante ilegal.

Unas mafias que parecen conocer perfectamente, que este gobierno va a seguir subvencionando el sistema de acogida de menas, por lo que se podría deducir que, este círculo vicioso tiende a perpetuarse, sin una solución a corto plazo para Canarias.

Muy lejos del intento de justificación por parte del Observatorio de la Inmigración de Canarias, en sede parlamentaria, que asume la consiguiente llegada de pateras a las islas de manera inminente, realmente, fue AUGC, en esta comisión, la entidad que puso al descubierto la trascendencia de esta dramática situación.

AUGC desvela la realidad en Canarias

AUGC demandó ‘una implicación del Gobierno autonómico y de las entidades      locales’, con el objetivo de ‘proponer un pacto entre todos los poderes públicos para la modernización de la Guardia Civil, para que se mejoren las condiciones de trabajo y de vida de guardias civiles, porque de ello depende en gran manera la eficiencia de la seguridad pública, de ello, depende en gran medida el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y el control del territorio de Canarias, y en consecuencia su propia economía’

Esta asociación destacó en el Parlamento de Canarias, ‘la situación específica del personal destinado en unidades desplegadas en Canarias, de los medios materiales, de las actuaciones de coordinación policial y humanitaria relacionadas con el modelo policial y al despliegue territorial y a la relación entre inmigración, turismo y seguridad pública, como elemento, este último binomio -turismo/seguridad pública-, esencial para la economía de Canarias’. 

Sin embargo, este colectivo reveló que ‘las unidades de Canarias agrupan a unos 3.450 miembros del Cuerpo destinados en las ocho islas’, una cifra que, a criterio de AUGC, ‘es claramente insuficiente’, pues ‘los guardias civiles destinados en las unidades en Canarias, deberían superar los 4.450efectivos, para dar la respuesta adecuada’.

Calidad humana de la Guardia Civil

A mayor honestidad, es imprescindible destacar que, el relato de los guardias civiles ahonda en que, ‘han acudido de manera voluntaria a La Palma, para socorrer a la población afectada por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, alguno agentes sin sueldos ni dietas, pero se han ofrecido infinidad de compañeros de todas las unidades’.

Por otra parte, habría que incidir en ‘el escaso número de patrullas que existen en Canarias, en la falta de personal para el SIVE, en la precariedad de medios técnicos, vehículos antidiluvianos, o herramientas acuáticas anticuadas’, entre una larga lista de deficiencias que Interior no resuelve. Aún así, la Guardia Civil realiza cada día, un sobre esfuerzo basado en su espíritu humanitario, en el carácter solidario de la Benemérita para acudir al auxilio ciudadano, además de las importantes operaciones para desarticular mafias en las Islas.

Discriminación laboral

Para comprender la problemática a abordar en Canarias, recojo las palabras del secretario general de AUGC, Juan Fernández, quien puso de manifiesto, que ‘los agentes trabajan día a día, en unas condiciones peores que el resto de funcionarios, sin turnos de trabajo, sin plus de turnicidad, sin plus de territorialidad, y con el Código Penal Militar rondando su cabeza’.

‘Un agente de Guardia Civil, trabaja 150 horas más al año que uno de Policía Nacional, lo que implica que trabajar un mes más al año. No se cumple con el objetivo de disponer de unas plantillas de efectivos suficientes, estas horas de servicio se realizan sin una cadencia fija, sin disponer de unos turnos de trabajo que permitan el derecho al descanso efectivo y la conciliación laboral y familiar. Los guardias civiles son los únicos de todos los operativos de servicios de emergencias, que carecen de esta regulación en su jornada laboral’, indican desde AUGC.

Finalmente, los guardias civiles cobran 300 euros menos al mes que un policía nacional, debido a que los agentes de otros cuerpo policiales perciben un plus de Turnicidad de 120 euros y otro de Territorialidad de 151 euros, de los que carece la Guardia Civill.

Actuación en seguridad 

En relación a la seguridad, AUGC sostiene que  ‘la singularidad que supone la insularidad, acrecienta la urgencia de afrontar sin demora todo lo relativo al despliegue operativo, en relación a la delincuencia organizada, que cada vez es más delincuencia, y cada vez está más organizada’, por lo que esta asociación propone intervenir en Seguridad Activa, con unidades de investigación que eliminen, o minimicen todo lo posible, los flujos de migración ilegal, y en Seguridad Pasiva, para recepcionar, atender y controlar la inmigración que llegue a las costas canarias.

Altercados con menas 

‘Muchos de los menas que estaban alojados en el municipio de Mogán durante el estado de alarma por el Covid-19, se liaban a pedradas contra los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que en varias ocasiones necesitaron entrar con equipos antidisturbios en los complejos hoteleros que realizaban las funciones de Centro de Internamiento de Emigrantes, para evitar se lesionados por los menas, al entrar para poner orden en el interior, tras los requerimientos de los propios monitores o vigilantes de seguridad que eran amenazados o agredidos por los internos entre finales del 2020 y principio del 2021’, recordaron desde AUGC en sede parlamentaria.

Por parte de AUGC, a raíz de estos episodios violentos, se solicitó, que se enviase a Mogán, -al sur de Gran Canaria-, al Grupo y Reserva de Seguridad nº8 con sede en La Laguna, una unidad de Élite de la Guardia Civil, para evitar que se siguieran produciendo estos graves altercados. Sin embargo, esta plantilla de élite, no llega a 50 miembros, menos de la mitad, ‘lo cual viene a demostrar que la falta de personal en la Guardia Civil en Canarias’, según AUGC, que asegura, ‘es un mal endémico la falta de personal en todas las especialidades’, ‘la problemática de los MENAS en Canarias, no está resuelta, y son numerosas las quejas diarias de los ciudadanos hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre este problema distribuido por los municipios de La Orotava, Tacoronte, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de TF, Arona, Güimar o Arafo, en Tenerife. Mogán, Santa Brígida, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Telde, Tejeda, Moya o La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. La Oliva y Puerto del Rosario en Fuerteventura’.

En la actualidad, existen más de 1000 MENAS en Gran Canaria, cerca de 700 en Tenerife y más de 100 en Fuerteventura esperando una solución, según los datos de esta organización.

Deficiencia servicio marítimo

AUGC explicó ante los diputados canarios que ‘el Servicio Marítimo tan solo dispone de once embarcaciones y dos cabinadas, ubicadas en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, unos dispositivos insuficientes para vigilar y proteger las costas del archipiélago, además de la necesidad de recursos de los operativos más relacionados con la inmigración irregular, como son el Servicio Marítimo, Helicópteros, Geas o las Patrullas Fiscales’.

‘En la actualidad las plantillas de las Patrullas Fiscales Territoriales tanto de Fuerteventura como de Lanzarote, tienen la mitad de la plantilla  que en 2007. Pero además, en relación a las instalaciones en el Cuartel de Costa Teguise, desde las cuales se gestionaría el SIVE de Lanzarote, AUGC denunció que estas instalaciones cumplían la normativa al carecer de baños y vestuarios para estos agentes que tenían que pasar allí largas jornadas visualizando cámaras, y sin tener donde realizar sus necesidades fisiológicas’, recalca AUGC.

‘Las labores de Resguardo Fiscal y Vigilancia de las Costas y Fronteras de Lanzarote, tienen que ser realizadas por Agentes de Seguridad Ciudadana. La mayoría de estas embarcaciones, no están preparadas para el rescate y salvamento de personas. Labor que sí realizan los guardias civiles y que puede poner en riesgo tanto su integridad física como la de las personas que tratan de rescatar’, resalta esta asociación de guardias civiles que solicita desde hace 15 años atrás que ‘se cree en Lanzarote un Destacamento del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, similar al que hay en la isla de Fuerteventura, debido que este último, tiene que vigilar más de 250 millas náuticas de costa’.

No aumentan los agentes según los pasajeros 

Otra problemática que señala AUGC es que ‘la plantilla de agentes que tienen la función de Resguardo Fiscal del Estado, no aumenta, en la misma proporción que aumentan los pasajeros’. Es más, la propia hemeroteca de la Revista Oficial de la Guardia Civil de 1989, publicaba que el Muelle de Las Palmas, contaba con una plantilla de 62 agentes, para velar por la seguridad ciudadana dentro de la zona portuaria y ejercer la labor de resguardo fiscal, mientras que hoy en día, este puerto tan solo dispone de 52 agentes de la Guardia Civil, lo que supone una merma de personal muy significativa, con agentes que se ven totalmente desbordados, como destaca AUGC.

En este sentido, cabe subrayar, que en el Aeropuerto de Gran Canaria por el que pasaron 20 millones de pasajeros, fue el número 6 de España, con 20 mil toneladas de mercancías despachadas, según AENA en 2019, sólo tiene una plantilla de 18 Agentes de Fiscal, los mismos agentes del Aeropuerto de Almería, en el número 27 del ranking de AENA, pero con menos de 1 millón de pasajeros y el puesto 32 en mercancías con 187 toneladas.

‘Canarias, cuenta con 8 aeropuertos, 6 de ellos son internacionales, se encuentran entre los primeros de España en número de pasajeros y tráfico de mercancías en 2019 y 2020, según AENA, datos muy significativos para la economía del archipiélago y reconocimiento mundial’, desde la valoración de AUGC, por lo que solicita ‘la colaboración de todas las instituciones para mejorar las condiciones socio-laborales de los guardias civiles’.

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