La lupa periodística destroza el discurso oficial del político

La lupa periodística es terrible. A veces engrandece lo insignificante, a veces permite ver detalles desconocidos. Hay donde escoger. Un día señala que la candidata de Más Madrid, Mónica García, olvidó rechazar 13.000 euros, que hubo de devolver, como sueldo de parlamentaria con dedicación exclusiva mientras cobraba su baja laboral como anestesista.

Otro fusila a Isabel Díaz Ayuso por declarar una empresa familiar, pero sin identificarla, aunque al periodista le costaba un minuto localizarla en el registro. Lo solventó con una mera reformulación de su ficha de bienes. Por cierto, omisión registrada en octubre de 2019 y descubierta por la Prensa, a pesar de que afectaba a la presidenta, sólo en la campaña del 4M de 2021.

Otro cuestiona los lofts de Rocío Monasterio, denuncia que fue archivada por el colegio de arquitectos. Otro destapa este diario que el cúmulo de propiedades a pares de la familia Iglesias, incluida alguna VPO aparentemente vacía, les pone en la diana de las medidas que promueve Podemos para sancionar viviendas desocupadas o implantar manu militari el precio de alquiler de la segunda vivienda que todos ellos poseen.

Otro revela este diario que Rafael Simancas, número dos del PSOE en el Parlamento y persona de confianza de Sánchez, pide cautela al marcar los precios del alquiler en la futura ley de vivienda cuando él precisamente factura anualmente al menos 20.000 euros como arrendador de varios pisos. Y ahora este diario aflora contradicciones de una figura relevante: la jefa de campaña socialista, Mónica Carazo. Es candidata a diputada regional y vicealcaldesa de Rivas.

Los afectados siempre se revuelven. Alternan el sentimiento de ofensa con el ninguneo sobre lo descrito y la defensa de la legalidad de su actuación. Pero la prensa no lanza artículos del Código Penal contra el político radiografiado. O, al menos, no siempre. Sólo pone luz donde los políticos ponen cortinas. Y trata de poner en equilibrio el discurso real privado con el discurso político. El resultado permite al lector, al votante, juzgar la coherencia de cada personaje.

Rocío Monasterio.

¿Sabe el votante el patrimonio inmobiliario de los Iglesias cuándo clama contra las viviendas vacías? ¿Sabe el votante que Simancas alquila viviendas cuando habla de la regulación vía BOE de los precios del alquiler? El caso de Carazo ofrece un perfil similar. Funda una empresa en 2012 para el cuidado de dependientes. No la declara en su escrito de bienes del Ayuntamiento de Rivas, que hoy gobierna como vicealcaldesa.

Pero lo más significativo de su actuación como empresaria, que coincide con su labor de edil durante varios años en Rivas, es que desde la cuenta de Twitter de su empresa alternaba los mensajes de denuncia de los recortes de los cheques sanitarios del PP para dependientes con la invitación a sus beneficiarios a ponerse en contacto con su firma para atenderlos y, por tanto, cobrarlos. Enervaba a los dependientes y a sus familiares contra la cicatería del PP mientras hacía caja con los fondos recortados que denigraba. No pedía aquí su aumento como socialista, sino como empresaria. Si el PP incrementaba las ayudas a los dependientes aumentarían sus ingresos como empresaria. ¿Era ilegal su actuación? No. Ni la de Simancas, ni la de Iglesias... Pero estética, tampoco. Ni coherente. El PSOE clamaba contra la financiación de servicios sociosanitarios privados con fondos públicos cuando ella promovía tal negocio. El PSOE lo llama privatización cuando lo hace el PP.

Su biografía vale de ejemplo porque coincide con contradicciones de políticos ya señalados. Carazo muestra otro claro choque entre su discurso público y privado. En voz alta denuncia el sufrimiento de los jóvenes para pagar el alquiler de la vivienda. Alega que sacrifican más de un 70% de sus ingresos. Naturalmente, culpa al PP de tal drama. Pero en voz baja su biografía narra que recibió una VPO en Rivas con 22 años y ningún empleo conocido. La empresa de la vivienda municipal de Rivas estaba subvencionada entonces por el Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre. Cualquier joven puede ahora hacerse una pregunta: Mónica, ¿cómo hiciste para asumir una hipoteca de más de 100.000 euros sin trabajo conocido? ¿Qué ingresos tuyos computaron para adjudicártela? Ningún joven lo sabe. Para eso está la Prensa. Para que los votantes puedan hacerse preguntas.

Otros interrogantes que pueden formularse sus votantes tienen que ver con otra revelación de este diario. En 2020, en plena pandemia, la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas, promovió desahucios de inquilinos de VPO de dicha entidad pública. Una veintena de denuncias judiciales por impago de alquiler formuló la empresa del Ayuntamiento que gobierna Carazo como vicealcaldesa. La misma que clama contra el calvario del alquiler de vivienda. Y esto ocurría en paralelo a la suspensión de desahucios y moratoria en materia de pagos de alquileres, automática en el caso de empresas públicas como la EMV, que había decretado el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Naturalmente, al votante le asalta una pregunta. ¿Tiene la misma política de vivienda el PSOE de Sánchez que el PSOE de Rivas? ¿Es de cumplimiento la normativa nacional de Sánchez también en Rivas?

Pero no se trata sólo del cumplimiento o no de leyes. IU y PSOE afrontan el papelón de llevar a los tribunales a 24 vecinos de Rivas en plena pandemia por morosos. No son okupas, porque a esos los persigue por vía distinta. Son vecinos que adeudan su alquiler. Ningún informe de la EMV aclara por qué no pagan. No sabemos si son espabilados o trabajadores arruinados por la pandemia. Hablemos de corazones. ¿Toca llevar a los juzgados a 24 inquilinos cuando la EMV tiene medio millón de beneficios y proyecta unos ingresos de 9 millones? Entre tanto millón, ¿no hay un céntimo de piedad, de solidaridad, con esos inquilinos? ¿No puede el Ayuntamiento de Rivas aplazar el cobro un año o hasta que la pandemia acabe? Lo reclama además el Gobierno de su color. ¿Pero hace falta que el Gobierno lo exija? ¿Hace falta un decreto para actuar como partido de izquierdas? Uno no espera que un fondo buitre adelante al BOE en generosidad con sus inquilinos, pero un partido de izquierda, sí. Para eso sirven estas tacitas de caldo de realidad que reparte la prensa. El votante puede elegir cualquier opción, pero debe desnudar a su candidato. Luego no hay opción de devolución durante cuatro años.

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