Sin mala uva

El requerimiento emitido por la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A) hacia la Excma. Sra. Vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, Dña. Ma Jesús Montero, plantea serias interrogantes sobre la presunta utilización indebida de información confidencial y personal con fines políticos. La acusación señala que Montero, en su calidad de máxima responsable de la Agencia Tributaria, habría obtenido acceso no autorizado a datos reservados para posteriormente divulgarlos públicamente. Esto, según la fundación, tendría como objetivo dañar la reputación de la presidenta de la Comunidad de Madrid y, de forma indirecta, debilitar su posición política.

Si estas acusaciones se confirman, (aunque las imágenes de TV lo dejan claro) estaríamos frente a una conducta altamente censurable: el uso ilícito de los recursos estatales para perjudicar a un rival político, lo que podría constituir un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, tipificado en el marco legal vigente.

La Fundación Foro Libertad y Alternativa, en línea con sus objetivos de defensa de la democracia liberal y el Estado de Derecho, considera que este tipo de acciones no deben quedar impunes. Señalan que este comportamiento es más propio de regímenes totalitarios o antidemocráticos que de un auténtico Estado de Derecho, y por lo tanto, debe ser investigado y sancionado de manera ejemplar.

La exigencia de una explicación coherente por parte de la vicepresidenta y ministra de Hacienda en un plazo de cinco días evidencia la seriedad con la que la Fundación aborda esta situación. De no recibir una respuesta satisfactoria, es probable que la fundación tome medidas legales adicionales para garantizar la rendición de cuentas y la protección de los principios democráticos.

En resumen, este caso plantea importantes cuestionamientos sobre la integridad y la ética en el ejercicio del poder político, y destaca la necesidad de una supervisión rigurosa para prevenir abusos y garantizar el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos.

María Jesús Montero. 

PERO AUN HAY MAS

El comunicado emitido por la Fiscalía Provincial de Madrid el día 14 de marzo de 2024 ha generado una gran preocupación debido a su contenido y las implicaciones legales que conlleva. La revelación de las comunicaciones del letrado de D. Alberto González Amador, rompiendo el deber de confidencialidad y el secreto profesional, constituye una seria violación de los derechos fundamentales y del debido proceso legal.

Es innegable que el derecho a la defensa es un pilar fundamental en cualquier sistema judicial democrático. La confidencialidad entre el abogado y su cliente es sagrada y protegida por ley, ya que permite que la defensa pueda ejercer su labor de manera efectiva y justa. La actuación de la Fiscalía de Madrid y del Fiscal General al revelar información confidencial socava este principio básico, debilitando así el Estado de Derecho.

La gravedad de esta situación no puede ser subestimada. La revelación de información confidencial puede tener repercusiones devastadoras tanto para el acusado como para el proceso judicial en su conjunto. No solo afecta al derecho a la defensa de un ciudadano individual, sino que también erosiona la confianza en el sistema judicial en su totalidad.

Desde la perspectiva legal, la acción de la Fiscalía podría constituir un delito de violación de secreto, según lo establecido en el artículo 417 del Código Penal. Las penas previstas para este tipo de delito son significativas, incluyendo la posibilidad de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Ante esta situación, es imperativo que se investigue a fondo y que se apliquen las medidas legales correspondientes. La Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A), en su compromiso con la defensa de la democracia liberal y el Estado de Derecho, anuncia la interposición de una querella criminal contra los responsables de la difusión de información relativa a las comunicaciones con el letrado.

Es fundamental que se garantice el respeto absoluto por los principios fundamentales del Estado de Derecho, incluyendo el derecho a la defensa y la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente. No podemos permitir que actuaciones como esta queden impunes, ya que representan una amenaza para la integridad y la justicia del sistema judicial.

España es un país diferente, aun así mucho me temo que posiblemente tarde, pero rueden cabezas.