Huida de la Constitución

Eduardo García de Enterría expresó como nadie, en su ya histórica monografía “La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional”, lo que suponía el principio de primacía constitucional. La primacía de la Norma Fundamental, la primera y última del ordenamiento; en el sentido de que toda norma positiva emanada de los poderes constituidos por ella sólo puede partir de aquella y, lo más importante: en último término, ninguna de esas normas o la simple acción de los poderes constituidos por decisión de un pueblo por entero pueden evadir o contradecir aquella.

García de Enterría fundamentaba el principio de primacía de la Constitución, en tanto norma jerárquicamente superior a cualquier otra, en a evitación de que el país pueda quedar bajo un reino absolutista, en tanto que no permite que sea contrario a ella el Derecho posterior y sometido únicamente al juego vulgar de la práctica política regular. Es la primacía constitucional el significado mismo de la Constitución como norma: “El reino de la Constitución concebida no como simple decisión existencial, consumada en un momento único -la Transición- y remitida en su suerte todos los avatares y las pasiones de la lucha política ulterior, sino como una norma jurídica efectiva que articula de manera estable los elementos básicos del orden político y social y que es capaz de funcionar normativamente como clave de bóvedas del sistema jurídico entero”. Recuerdo así a uno de los más célebres juristas españoles, para recordar que la política en un Estado Social y Democrático de Derecho no puede obviar las reglas del juego de la política marcadas por la Constitución. Se obvia, como ya expresara recientemente uno de los mayores iusconstitucionalistas españoles, Manuel Aragón, que estamos en un sistema parlamentario presidido por el pluralismo político y, en suma, esto no es un presidencialismo incuestionable y que, por obligación ciudadana, debe ser cuestionado. Desde un punto de vista político-constitucional, debe rechazarse la posición en la que se encuentran, en estos momentos, el gobierno y los grupos parlamentarios que lo sustentan. No puede admitirse el “si estás contra mí, estás contra los españoles”, que Simancas proclamaba en todos los espacios mediáticos la pasada semana.

                         Eduardo García de Enterría.

Los demócratas son precisamente demócratas porque no tratan de ningunear al adversario político coartando su libertad de oponerse al poder constituido y, aunque emanado del voto de los ciudadanos, tenemos que recordarles, obligadamente, que el gobierno no es poder constituyente y que, por tanto, no puede obviar ese superior carácter normativo de la Constitución.

Propaganda política

La política gubernamental es desde estos días una política únicamente basada en la propaganda, que desde Moncloa se realiza y ejerce al más puro estilo Goebbels, teniendo muy presente, cada día más y con mayor intensidad, que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y, me preocupa, fundamentalmente, la respuesta que el Presidente del Gobierno dio a un periodista en su ya habitual rueda de prensa de los sábados: “El estado de alarma ha sido avalado jurídicamente por quien tiene que darle la apoyatura jurídica en un Estado Democrático y de Derecho: la abogacía del Estado”. Pues permítanme que cuestione este pobre argumento, también esgrimido para contradecir a la oposición en el Pleno del Congreso del miércoles. En sentido jurídico-constitucional es una falacia, que no debe repetirse ni una sola vez más, ni mucho menos avalarse.

Yo ya no voy a cuestionar su política, porque no sirve de nada: el Gobierno ha decidido no escuchar a nadie porque le gusta demasiado poco mirarse al espejo y reflexionar. Sin embargo, los verdaderos demócratas, nunca podrán callarse ante mentiras tan peligrosas para la vigencia del sistema constitucional. 

La misma semana en que traicionó políticamente el espíritu de la Transición y la memoria de los españoles contra el terrorismo, ejerciendo su ya habitual desmemoria democrática, por el pacto de la vergüenza con los que no merecen ni que su nombre aparezca en estas líneas, ha traicionado definitivamente la Constitución y su vigencia.

Verá, la Constitución es el camino para el ejercicio de la responsabilidad que la misma y la confianza de los ciudadanos, a través del voto, le otorgan y, por todo lo dicho anteriormente, la ha sobrepasado. Dijo también que “los españoles, cuando van a las urnas, siempre aciertan”; sin embargo, yo que le voté, le corrijo: Me equivoqué, muchos nos equivocamos. Nunca diré que el resto de los que le votaron se hayan equivocado, sería un error, como tampoco asumiré que todos los que votaron a Hitler acertaron, porque realmente nunca quisieron ese régimen, pero quizá alguno sí, sobre todo Iglesias. Entonces, lo adecuado será afirmar que los españoles cuando van a las urnas esperan acertar, aunque últimamente, tal y como deslegitima la clase política nuestro voto, cada vez creo que son algunos menos los que creen acertar del todo. Está claro que no acertó nadie, vista la vergüenza ajena que da la práctica totalidad del arco parlamentario; alguno, incluso cómodo con las malditas dos Españas.

El presidente tiene cuatro años para devastar el país y mantener la silla y hay ministros, aunque no Consejo de Ministros sino una panda. No obstante, ya va avisando, como los peores dictadores: No cuestionen al gobierno, porque ya lo dijo el sábado, “el Congreso de los Diputados tiene que votar una cosa y sólo una cosa”, el beneplácito a su interminable estado de alarma para que sigan desviando la atención de sus despropósitos políticos, como la ruptura del diálogo social, porque hay que “arrinconar”. Esto es: Unidad conmigo y, si no, no hay unidad y, si no lo aceptas, no habrá ningún debate. ¿Para qué perder o ganar en un debate cuerpo a cuerpo y con argumentos si basta con la ideología? Ya se encargarán sus perros de presa de arrinconar, que se traduce en la persecución ideológica, periodística e intelectual, tachándonos de fascistas y extremistas a todos los que entonamos la voz crítica; destruyendo el pluralismo político, porque vale todo, para que el presidente “fake” que no tiene ni programa ni argumentos, no pierda su silla.

Vamos a desmontar la más grave de sus “fakes”, hasta la fecha: La Abogacía del Estado no es el órgano que tiene la última palabra, es el asesor jurídico del Gobierno y, aunque pueda asesorarle respecto de la constitucionalidad o no de un acto jurídico o una ley inspirada por usted, es parte, no es juez y parte como usted pretende.

Última palabra

La última palabra, la tendrán, primero, los jueces ordinarios en tanto garantes de la Constitución y, después, en último término, el Tribunal Constitucional que, por otra parte, es el Máximo Intérprete de la Constitución y, por ello el único para determinar la inconstitucionalidad de las leyes. Hay que recordar aquello que García de Enterría entendía y, al igual que el Tribunal Constitucional no puede dirigir la política de un país, porque no es su papel constitucional, téngalo presente: “La aplicación del método jurídico a la imposición de la eficacia real de una Constitución no desplaza ninguna pretensión política legítima, pero fuerza a las que se pretenden como alternativas a la Constitución existente a presentarse como tales y a conquistar el poder constituyente”. El presidente juega el mismo papel que aquellos que tanto amedrentaron durante tantos años en contra del guardián de la Carta Magna, en la misma semana que pretendió acababa con la memoria, entre otros, de uno de sus más insignes presidentes.

Pero nunca lo conseguirá, Francisco Tomás y Valiente siempre estará presente en la cabeza y en el recuerdo de todos los demócratas, como tantos otros muchos hombres y mujeres que defendieron con sus vidas la Constitución y la Democracia. No voy a afirmar que sus palabras sean constitucionales o no, porque no sería un criterio científico-jurídico sino político, tampoco se trata aquí de valorar un pacto. Le recuerdo lo que ese buen hombre decía: “las instituciones no son sólo lo que ellas hacen, sino también lo que con ellas se hace”.

El sábado, Sánchez, el mismo que usa el Gobierno para perseguir al adversario y meter cualquier crítica en el saco de la extrema derecha, con su peculiar forma de propaganda, la mentira y el odio, acabando así con uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico; nos marcó, el camino hacia una democracia iliberal, dejando entrever lo que pretenden instaurar bajo el título de nueva normalidad. Ese peligroso régimen que nace en el populismo y acaba en el autoritarismo. Porque empieza a obviar, el papel que le marca la Norma Fundamental, el de hacer política y no justicia, mantenerse firme en el respeto y la neutralidad que el gobierno le debe a las instituciones y la Constitución, que debe defender. Más grave aún que la “libertad de expresión” de Iglesias señalando a jueces y cuestionando la independencia del poder judicial. Contradigan a Franco y, a pesar del gobierno, critiquen, reflexionen, busquen la verdad y no se crean por qué sí absolutamente nada: métanse en política que no en el politiqueo, especialmente los jóvenes. Si no os dais prisa, probablemente en el futuro nuestros hijos tendrán que sacar a Sánchez e Iglesias de un mausoleo, de momento queda claro que son poco demócratas, porque cada día van recorriendo un paso más grande en la huida de la Constitución. Cada día, se van pareciendo más a los chavistas que a los socialistas. Al final va a ser que lo de Venezuela no era una broma, recuerden que las dictaduras no empiezan de hoy para mañana, se van gestando pasito a pasito.

Sergio Martín Guardado es investigador en el Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca.

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