23 de mayo de 2022
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FIN DE SEMANA
Patio de columnas

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José Francisco Roldán

Inhabilitación

Inhabilitar es impedir actuar, declarar inhábil o incapaz de obtener o ejercer cargos públicos, derechos civiles o públicos.
Inhabilitar es impedir actuar, declarar inhábil o incapaz de obtener o ejercer cargos públicos, derechos civiles o públicos.

Seguramente, no es una de las palabras más atractivas del diccionario, pero como todas tiene su espacio y función. Inhabilitar es impedir actuar, declarar inhábil o incapaz de obtener o ejercer cargos públicos, derechos civiles o públicos. En el Código Penal aparece como una sanción, muchas veces accesoria, de otra pena privando al condenado del ejercicio de una profesión, actividad o derecho.

La inhabilitación absoluta, como la especial, lleva aparejada la suspensión de los derechos políticos, pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque proviniere de elección popular. Los funcionarios públicos suelen verse muy afectados por esa medida, y en muchos casos supondrá la expulsión. Para los policías es el castigo definitivo en su carrera profesional.

Hemos escuchado con profusión las consecuencias de pegar o insultar a policías por parte de quienes ostentan cargos públicos. Los hay que denostaban con fiereza los aforamientos, pero a la hora de la verdad se aferran a ese privilegio para protegerse del procedimiento judicial. Hemos conocido alguna duda o resistencia, que rozaba la prevaricación, cuestionando las órdenes, hasta límites intolerables, para ejecutar una sentencia.

"Los hay que denostaban los aforamientos, pero a la hora de la verdad se aferran a ese privilegio". 

Las pataletas de algunos insolentes y descarados, curiosamente, han sido afeadas con exquisito lenguaje sin más consecuencias. Probablemente, otros ciudadanos del montón se verían muy perjudicados por semejantes calumnias o injurias. Los que preconizan una democracia de nuevo cuño suelen olvidarse de la división de poderes y su asentado formato parlamentario occidental.

No es malo tratar de extrapolar un concepto jurídico al bagaje social más corriente, donde las relaciones humanas debieran detenerse con esmero y recapitular sobre el modo en que los ciudadanos aplicamos esos conceptos, porque, incluso, sin proponérselo, muchas personas inhabilitan a otras cuando contrastan su forma de relacionarse.

Los delincuentes, sinvergüenzas y caraduras, como tantos otros malos modos de interactuar, suelen ser incapacitados o inhabilitados para desenvolverse con normalidad en un entorno que no acepta a quienes agreden, insultan o perjudican. No resulta muy difícil comprobar que existen vacíos para los que no saben o desean convivir en paz. Desgraciadamente, en algunos casos, ese desprecio social no se manifiesta por temor a sutiles represalias tácitas o expresas.

Los caraduras, sinvergüenzas y delincuentes con influencia social imponen sus criterios con el poder que han adquirido de variados modos, algunos ilegítimos. Muchos de esos próceres de pacotilla tienen en sus manos el dinero o la capacidad para orientar nuestro futuro y perjudicarlo con rigor. Ese comportamiento mafioso coarta la actividad de numerosas dignidades cautivas, que callan o asienten con dispar devoción. Esos torpes, henchidos de ínsulas falsas, inhabilitan a buena gente, que teme perder sus legítimas expectativas al albur que determine un nepotismo imperante en esta sociedad de ahora. Lejos de conseguir incapacitarlos para evitar que déspotas e incompetentes determinen la vida de sus conciudadanos, una buena parte de los ciudadanos admite la desgraciada deriva y consiente la imposición.

Hubo un tiempo en el que los transgresores de la ley o buenas costumbres, aparte de cumplir la pena, recibían el aislamiento que los llevaba al abandono de ese entorno habitual. Los vecinos, aplicando normas de conducta no escritas, sometían a los infractores al reproche social. No hay mucho de eso en estos tiempos, donde la bazofia ideológica domina determinados resortes que implementan su influencia y acapara prebendas.

Nuestras leyes democráticas, bien entendidas, reparten diversos roles sociales permitiéndonos, periódicamente, sin manipulaciones, aunque las tememos, depositar el voto para tratar de conseguir inhabilitar a quienes deberían ser apartados de la dirección social. Depende de los ciudadanos decidir sobre el futuro de esos impresentables mediante la elección de gente formada, competente y honrada que dirija con capacidad lo que se nos viene encima. De eso se trata, de procurar aplicar ese otro tipo de inhabilitación.

El Cierre Digital no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta sección que se hacen a título particular.

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