El legislador

A pesar de la ensoñación anarquista, que suele reivindicarse olvidando que la realidad es tozuda y enemiga de las teorías incompletas, las sociedades no tienen más remedio que ordenar su convivencia para protegerse de los egoístas, que no tienen más objetivo que imponer su criterio excluyente. Los que redactan leyes deben ser técnicos de gran formación jurídica. En el modelo democrático de la separación de poderes, básicamente, las leyes nacen del poder ejecutivo, aprueba el legislativo y controla su cumplimiento el judicial. Desde esa simple puesta en escena no parece existir problema alguno a la hora de entender que la matemática parlamentaria dicta condiciones por las que la población debe organizarse y aceptar las consecuencias.

En un escenario congruente, donde la mayoría decide sin olvidarse del respeto a las minorías, determinadas variables se amontonan y permiten cuestionar todo tipo de normas y comportamientos políticos embadurnados de ideología. El reparto de escaños concede la ventaja al que suma para detentar el poder de legislar. Si la unión de intereses, por bastardos que puedan parecernos, es respaldada por la ley, el acatamiento se impone con desgarradora resignación. Sin embargo, las operaciones matemáticas no suelen llevar consigo sensaciones ni emociones, aunque las provoquen. Esos redactores de normas deben ajustarse a las leyes que marcan los límites establecidos en la Constitución, que suele estar protegida para obstaculizar el manoseo temporal al que puede verse sometida por los indudables vaivenes electorales.

"Los redactores de normas deben ajustarse a las leyes que marcan los límites establecidos en la Constitución".

Es lógico suponer la gallardía y calidad moral de quienes deciden el modo de vivir y desarrollarse una colectividad variopinta, que mantiene un permanente envite defendiéndose de ocurrencias y perversas intenciones, entre otras, la de cambiar el sistema político adaptándolo a dictados internacionalistas o tribales, modelos que han demostrado su ineficacia con demasiada rémora de tragedia colectiva. La gran mayoría de los ciudadanos aspiran a un modo de conseguir vivir en paz, sin enfrentamientos que desgarren la convivencia.

No se puede admitir la imposición de normas que se enfrentan a las decisiones debatidas y contrastadas con el respaldo mayoritario plasmado en leyes, donde el consenso y el perdón sirvió para cerrar un episodio trágico, cicatrizar heridas y plantear las bases de un futuro compartido. Se trata de adaptarse al respaldo social mayoritario y buscar en cada paso las condiciones necesarias para mejorar el bienestar, algo que se entiende desde una perspectiva basada en lo que siempre se ha tildado como sentido común.

El legislador, que podría parecer un ser gaseoso, inidentificable, no es más que una persona encargada de redactar textos para que sean puestos en práctica. Pero estamos comprobando que el peor de los componentes ideológicos impregna con fuerza cada sílaba para alterar la cordialidad. No es ético que el legislador parezca un sectario empeñado en dañar la armonía de una sociedad, a la que tanto le costó conseguirla. No es concebible constatar cómo el legislador se empeña en socavar los poderes del Estado para derrumbar un edificio remodelado hace unos años, que necesita mantenimiento profesional y eficaz.

Los enemigos declarados de España parecen estar influyendo en el legislador para enfrentarse a la mayoría consolidada primando aspiraciones intransigentes, empeñadas en desmembrar una empresa social sujeta con tremendo esfuerzo. No se debe poner en serio peligro a los servidores del Estado, desarmar su poder coercitivo y dejar desamparados a los vecinos mientras sortean y padecen incursiones callejeras sin información previa. No es legítimo que un legislador ofenda a la verdad o esquilme un legado histórico, contrastado por tantos especialistas que han compilado el devenir de muchas tragedias y sinsentidos. El objetivo fundamental del legislador debería ser acomodar las diversas iniciativas en el espacio común de la concordia más aceptable para garantizar la paz y el bienestar. Es despreciable el uso sectario, racista e intransigente que puede sufrir nuestra cultura en manos de un perverso legislador.

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