26 de abril de 2024
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FIN DE SEMANA
Patio de columnas

Patio de columnas

José Francisco Roldán

Dispendio

Cualquier ser cabal sabe que las cuentas de una casa permiten garantizar, cuando se puede, el presente y un futuro más o menos ventajoso. Y ese proyecto doméstico se basa en tratar de gastar, cuando se puede, menos de lo que se gana. En otro caso, o dejas de pagar o pides préstamos, si es que puedes. Lo que parece tan simple, resulta absurdo cuando contrastamos las cuentas del Estado -sálvense, porque generalizar es injusto, los buenos gestores haciendo lo correcto-.

Las alarmas se encienden, como ahora, cuando una colección de manirrotos administra el dinero de los ciudadanos, que pagan impuestos, los que pueden, para financiar todo tipo de gastos, incluidos los caprichos de una caterva de nuevos ricos que saben perfectamente predicar, pero sin dar trigo. Un atajo de sinvergüenzas se está echando el dinero a los bolsillos, también lo que llamamos en especie, donde el uso arbitrario y descarado de bienes públicos les hace sentirse la élite social.

Además de enriquecerse, como casta social dominante, practican el dispendio con los recursos de todos para adquirir voluntades y adhesiones electorales. No hay más que repasar las ayudas y subvenciones oficiales para comprobar a qué colectivos y amiguetes se entrega un dineral con poca o nula rentabilidad social. Muchas organizaciones pesebristas están instaladas en edificios costosos, personal excesivo y buenos salarios o prebendas, donde se incluyen productividad y complementos varios para obedecer a los papás benefactores, que regalan por doquier.

Y de eso no se libran ni emblemáticas organizaciones no gubernamentales de aquí o de allá, que dilapidan millones en bienes, regalos, viajes, comidas, alojamiento y reuniones inútiles. De eso saben, y mucho, determinados miembros represaliados que tienen la osadía de explicar lo que se cuece en esos fogones de las miserias humanas. Pero merece la pena enfocar el dispendio en esos flecos del anterior régimen, donde todo se organizaba siguiendo un guión centralizado y se consideraba que el orden público requería una presencia numerosa de policías en cualquier acontecimiento de masas, porque se temía una derivación violenta del comportamiento amontonado.

Cualquier actuación musical, deportiva, taurina o festiva debía ser controlada, o protegida, por las respectivas policías. Esa costumbre se mantuvo en el tiempo sin querer admitir que muchos de esos eventos los organizaban empresas privadas obteniendo beneficios, entre otras razones, porque la protección y seguridad la ponían las administraciones públicas. Con la Ley del Deporte alguien, que demostró cierta cordura, entendió que las empresas deportivas debían soportar, también, la protección de las instalaciones y control de público, pero se quedó corto con ese nuevo porcentaje de prevención y respuesta del personal de seguridad privada sin renunciar a la enorme aportación oficial, que les sigue saliendo gratis.

Como deriva de una congruencia, la mayoría de esos acontecimientos privados, planteados como negocio rentable, fue dejando a un lado el esfuerzo presupuestario de las administraciones y asumiendo unos costes que eran suyos. En las plazas de toros, donde la tendencia precisa más tiempo, cobran todos menos el equipo gubernativo y los toros. Aunque puede ser considerado normal disponer de personal de seguridad privada, sigue habiendo demasiados policías, lo que supone un respiro para la empresa que cobra y paga. Siempre habrá quien diga que existen otros procedimientos para compensar, pero no son muy elegantes.

Hay modelos en Europa que nos sirven para reivindicar que las organizaciones y empresas privadas, que obtienen mucho dinero, deberían compensar a los gobiernos por la presencia de policías. Esos agentes serían justamente compensados con horas extras. Habría más voluntarios y menos merma para las otras tareas de prevención y seguridad en las ciudades. No deberían servir gestos en especie, que se agradecen, pero no financian adecuadamente el coste de tanto personal público. Las administraciones deben reducir costes injustificados, que suponen un pervertido dispendio.

El Cierre Digital no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta sección que se hacen a título particular.

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