Una pandemia democrática

Este domingo quiero reflexionar con los lectores de El Cierre Digital sobre los impactos en los derechos constitucionales de los españoles por el Estado de Alarma decretado ya hace, ni más ni menos, que ocho semanas. Y van para diez, como mínimo. Días que ya nadie nos devolverá de la caja registradora de nuestras vidas.

En la historia democrática de España, que se remonta la primera Constitución de Cádiz de 1812, nunca se ha dado una restricción igual a nuestros derechos fundamentales.

Es cierto, que en ese periodo de casi doscientos años ha habido golpes de Estado, dictaduras, directorios militares, pero me estaba refiriendo a periodos democráticos.

La imprevisión, la falta de coordinación, la impericia política, que hubo desde que se conoció la propagación del virus en China y, muy especialmente, lo que estaba ocurriendo en Italia, ha conducido como única solución a recluirnos a todos en nuestros hogares, limitando nuestras más elementales libertades democráticas. No hay plan B, dijo el presidente del Gobierno.

Muy mal se ha tenido que hacer para que después de 8 semanas, aquí sigamos en Madrid y en otros lugares de España confinados y unos señores fijándonos a qué hora podemos salir a la calle y si puedes abrir o no esos comercios, locales o industrias de los que viven, o ya malviven, millones de personas. Un escándalo.

Nuestros gobernantes se aprovechan de un pueblo dócil, adocenado, fácil de mover, acostumbrado muchos de ellos o sus descendientes a 40 años de dictadura, con escasa preparación democrática y domesticado por programas de televisión de patio de corrala.

Una España y un pueblo español invertebrados, como denunciaba hace casi un siglo Ortega y Gasset. Es decir, falto de una vertebración del interés común a través de una sociedad civil organizada. Una España en la que siempre, por desgracia, en el escaparate principal está la política. Esa a la que hay que pedir permiso para hacer cualquier cosa.  Un pueblo español, como retrataba el gran Galdós, siempre entre dos trincheras, fusilando al que intenta abrir un puente entre una y otra.

Estos males nacionales se acentúan cuando llega un tsunami sanitario, ojo, ni mucho menos imprevisto. Alemania compró el mismo riesgo hace ocho años y tenía un plan que ha desplegado con eficacia, y gracias a eso los berlineses pueden sentarse a tomar el sol frente a la Puerta de Brandeburgo, mientras que un español tiene que aguantar que un aparente garante del orden publico se te dirija con malos modos, perdonándote la vida, o sancionándote con 600 euros, por conceptos jurídicos tan indeterminados como los que acoge el Real Decreto de Estado de Alarma de 14 de marzo.

Por cierto, un artilugio jurídico constitucional, el del estado de alarma, de desarrollo legislativo inmaduro, muy próximo a la promulgación de la Constitución de 1978,  que nos han impuesto, cuando en puridad lo que estamos sufriendo es un estado de excepción en toda regla. Así lo han denunciado constitucionalistas de la categoría de Manolo Aragón o Cruz Villalón.

Solo le voy a enumerar, querido lector, una serie de derechos previstos en la Constitución que han sido suspendidos y no restringidos por este estado de excepción encubierto bajo el de alarma. Estos son: libre circulación; derecho a la educación; derecho de huelga y de manifestación; libertad de empresa; el derecho de propiedad al impedir a los arrendadores que puedan ejercitar el desahucio; libertad de comunicaciones con la intervención de móviles; el derecho a contraer matrimonio al no poder celebrarse; el derecho al culto al cerrarse iglesias, sinagogas, mezquitas; el derecho al libre desarrollo de la personalidad o el mismísimo de la libertad personal  al impedirse despedirse de familiares fallecidos; el derecho a la tutela judicial efectiva al suspenderse los juicios o procesos; el de libertad de prensa al cercenarse ruedas de medios de comunicación, control de bulos o el mismo impedimento de que tu diario en papel te llegue a tu casa (imputable a Correos); o derechos de transparencia y control efectivo de órganos del Estado como es impedir conocer el consejo asesor del gobierno en esta materia o eliminar el portal de la transparencia.

Un despropósito jurídico causado por un Gobierno que tapa su ineficiencia cercenando nuestros derechos fundamentales. Amparado por unas Comunidades Autónomas y unos Ayuntamientos ayunos de verdaderos líderes que levanten la voz y un pueblo español sumiso e indolente.

Estos tiempos dan la medida de los que somos.

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