Ghali respira mejor lejos de la Justicia española

“Un agosto de 2014 me encontré con un patrullero de la Guardia Civil de pie en una embarcación deportiva en aguas de Ceuta y sale un señor que era el rey de Marruecos y me llama Jorge Fernández y me dice que han detenido al rey de Marruecos. No me dio tiempo ni a hablar con el presidente llamé al Rey, y le dije: “Señor, tenemos un problema, hay que arreglarlo”. Inmediatamente hablé con el ministro de Exteriores porque hicieron lo de ahora, la Gendarmería se puso a silbar y a mirar para otro lado y teníamos 10.000 o 15.000 emigrantes en Tarifa”.

El que habla es José Manuel García-Margallo. Por tanto, el conflicto era previsible hospitalizando en España a Brahim Ghali, líder del Polisario. “Las torpezas del Gobierno español son en primer lugar que Pedro Sánchez no hace que su primera visita fuera a Rabat, conociendo al rey de Marruecos y al Gobierno de Marruecos eso es un desaire que no se perdona. La segunda es una declaración de Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, exigiendo un referéndum sobre el Sáhara, que es una expresión que ha desaparecido de las resoluciones de las Naciones Unidas en el año 2003, se habla de una solución justa, duradera, mutuamente aceptable que incluya la determinación del pueblo saharaui. Por último, el traerse a Ghali, que es el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, que además tienen causas pendientes con la justicia con lo cual hubiese sido extraordinariamente fácil decirle a Argel no lo podemos traer porque vamos a crear un lío con el Polisario y con Argelia. En una comida que nos invitó a todos los ministros González Laya hace algún tiempo le dije vas a conseguir algo que no hemos conseguido ninguno de tus antecesores enfadar al mismo tiempo a Argelia, Marruecos y al Polisario.”

Es el análisis de García-Margallo, ex ministro de Exteriores del PP, pero lo comparten responsables de la política diplomática socialista anteriores a la etapa de Sánchez. Todos los analistas coinciden en que fue una decisión tomada personalmente por Sánchez, orillando el criterio de todos sus expertos. Pero choca que Sánchez no sólo no lea los informes de sus diplomáticos, sino los partes de guerra del Polisario. Diariamente, reporta los ataques y estragos que causa a las tropas de Marruecos. ¿Alojar al líder un ejército que lucha con Marruecos creía Sánchez que iba a ser perdonado por Mohamed VI?

Sánchez no sólo ha enlodado la imagen de la diplomacia española, también la de la justicia española. Porque los saharauis que piden justicia contra los presuntos crímenes del régimen polisario, con Brahim Ghali a la cabeza, son españoles, tan españoles como sus supuestos verdugos. Así lo proclamó el juez Ruz y la fiscalía para defender la legalidad de la investigación de tal querella en 2014. Su fundamento era que la ONU declaró nulos los acuerdos sobre el Sahara. Eso convertía a España en su administradora y a sus ciudadanos en españoles. Por tanto, no era un caso de la abolida justicia universal, era mera justicia para españoles.

Las presuntas víctimas presentaron su querella en 2007 en la Audiencia Nacional. Fue dando tumbos entre un juez y otro. Era activada y congelada sucesivamente. Entre otras razones porque Ghali no acudía cuando era citado. Y he aquí que cuando pisa de nuevo suelo español un juez, Santiago Pedraz, le toma declaración telemática y le deja salir de nuevo del país sin haber escuchado a todas sus víctimas siquiera, ni haber emprendido ninguna vía alternativa para ratificar su testimonio demoledor.

El único bofetón del juez se lo llevan los denunciantes, no el acusado. Santiago Pedraz les reprocha que no han suministrado “elementos siquiera indiciarios (las declaraciones de los testigos en la causa no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado), que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno”. Cuando una decena larga de testimonios narran crímenes del Polisario (algunos señalan directamente a Ghali), es un punto de partida más que suficiente para que un juez busque elementos que corroboren su relato. Por ejemplo, investigar los asesinatos que citan los denunciantes ajenos a su propio caso, análisis forenses sobre los ejecutados, una comisión rogatoria a los campos saharauis… Y se multiplicarían las posibilidades de ampliar los indicios o pruebas.

¿Qué esperaba Pedraz que aportaran los denunciantes? ¿Mensajes telefónicos o emails de Ghali ordenando asesinatos, actas notariales de los abusos, vídeos tomados por las víctimas mientras eran torturados o asesinados? ¿Con qué pruebas partió la denunciante de la manada? De entrada, su testimonio y un informe médico. Nada más. Luego se chequearon teléfonos de los violadores, cámaras de vigilancia, testigos… ¿Con qué pruebas inició Pedraz sus investigaciones sobre el asesinato del periodista José Couso en Irak por EEUU o su amigo el exjuez Garzón sobre el genocidio chileno o argentino? Ningún juez suele partir con pruebas, sino con un relato creíble, indiciario. Si las víctimas deben aportar las pruebas, sobran jueces, fiscales y policías.

Pero si el mismo juez que zarandea a las víctimas piropea a su presunto verdugo el olor de la justicia se torna irrespirable. “No consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración”. El investigado es requerido en 2013 y 2016 por sendos jueces en España, pero sólo se entera en 2021 cuando ya el clamor es internacional. Nunca quiso sustraerse a la justicia española dice Pedraz, pero por si acaso nunca se puso a tiro de ella cuando fue citado.

Y ahora Ghali vuelve a su santuario argelino bajo un aroma de carpetazo a su causa. Es una suerte que un juez amigo de la fiscal general del estado, Dolores Delgado, y de su pareja, Baltasar Garzón, a su vez amigo del abogado de Ghali, haya tomado esta decisión, la mejor para el Gobierno de Sánchez. Argelia, con importantes negocios con España, no le habría perdonado a Sánchez que le enviara un dirigente polisario enfermo para que acabase curándose en una prisión española de crímenes contra la humanidad. La denuncia puede ser cierta o falsa, teledirigida o no, pero la justicia debe investigarla a fondo cuando los hechos son tan graves y reiterados. Porque es más grave dejar sin investigar una denuncia cierta, que investigar una denuncia falsa. La denuncia puede ser falsa, la justicia, no. Ghali ha recuperado la salud en Argelia. “Estoy en perfectas condiciones físicas y psicológicas y pronto regresaré al escenario.'' Es una frase que nunca podrán permitirse sus presuntas víctimas.

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