La hora del clima: un reto que cambiará la economía en todo el mundo y, sobre todo, en España

El Presidente del Gobierno presentó el pasado de 22 de febrero, el “Marco Estratégico de Energía y Clima”. Son tres propuestas de instrumentos normativos que pretenden abordar los retos climáticos y de transición energética asumidos por España en el ámbito internacional, para la transformación y descarbonización de nuestra economía: El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021–2030 y la Estrategia de Transición Justa.

La presentación en sociedad, con algo de retraso, daba inicio al periodo de audiencia e información pública. Retraso porque inicialmente estaba previsto que el texto con el anteproyecto de ley fuera presentado antes de fin de año 2018 y que el plan integrado de energía y clima fuera enviado a Bruselas, en un primera propuesta para su análisis, antes del 31 de diciembre del año pasado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación del Marco  Estratégico de Energía y Clima

Asunto complejo con numerosos sectores implicados

Lo anterior pone de manifiesto la enorme complejidad inherente a tres instrumentos esenciales para avanzar en la transición energética , que exigen además buscar los máximos consensos para definir una hoja de ruta que dé certidumbre y seguridad jurídica. Su contenido, caso de aprobarse, condicionará la política ambiental y energética y consecuentemente la económica, pero también el resto de políticas sectoriales en España durante los próximos 30 años.

Junto a esa complejidad, otro elemento de distorsión en los escenarios temporales manejados inicialmente por los departamentos ministeriales, ha sido la situación política existente y las citas electorales, ya ciertas e inminentes, a las que se enfrentará la sociedad española en las próximas semanas. Esto hace que sobre este paquete se abra un paréntesis hasta la conformación de un nuevo gobierno, que tendrá que valorar si continúa la tramitación iniciada o propone un marco jurídico de acción con nuevos enfoques y medidas.

Sea cual sea el resultado electoral, la estructura básica del marco jurídico propuesto debería permanecer invariable. Otra cosa podría ser su contenido y nivel de ambición.

La senda internacional hacia la sostenibilidad

La hoja de ruta propuesta, con el paquete de instrumentos aludidos, viene motivado por una agenda internacional por la sostenibilidad asumida por España: la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París y el amplio marco normativo impulsado por la Unión Europea para ser climáticamente neutros de aquí a 2050.

Celebración de las autoridades participantes en la firma del Acuerdo de París de Naciones Unidas

De entrada, la justificación de la propuesta presentada, en particular la necesidad de contar con un marco jurídico claro y estable que oriente el proceso de transformación de nuestra economía, es mayoritariamente asumido. Los objetivos fijados en esa agenda internacional y comunitaria también. La clave, por tanto, será determinar el grado de ambición asociado a los instrumentos y las medidas, y si la intensidad y velocidad de la transición son factibles y adecuadas para conseguir llegar a la meta determinada  con un balance positivo. Eso exigirá minimizar riesgos y aprovechar al máximo las enormes oportunidades que la necesaria transformación de nuestro modelo productivo, energético o de transporte,  por citar solo algunos, nos ofrece.

Posibles discrepancias y enfoques variados

Es aquí donde pueden existir discrepancias y diversos enfoques. El punto de destino -una España neutra en emisiones en 2050 - no es ya una opción. Bien es cierto que, en ocasiones, determinados compromisos se eluden o demoran pero ,en este caso, esto sería tremendamente irresponsable para el  futuro de todos. 

Sobre el borrador de anteproyecto de ley, remitido en octubre al Consejo del Clima, se introducen ahora cambios importantes. Así, se suprimen las referencias a la prohibición expresa y taxativa de comercialización de vehículos de combustión interna que emitan dióxido de carbono prevista para 2040, confiando en que gracias a la colaboración público-privada, para esa fecha exista ya una importante penetración de la electro movilidad en sus diferentes variantes y que existan otras alternativas tecnológicas cero emisiones en el sector del transporte.

Un coche eléctrico cargando su batería

Para el fomento de la movilidad eléctrica - reconociendo implícitamente que una de sus principales barreras hasta ahora ha sido la ausencia de una infraestructura de carga- se modula también la obligación establecida inicialmente a los titulares de las estaciones  de suministro de combustibles. Este aspecto fue uno de los más controvertidos y esta nueva redacción puede ayudar a buscar  puntos de encuentro  con el sector,  si bien será necesario adecuar y concretar aspectos técnicos y económicos de la infraestructura de recarga, tanto en necesidades de potencia como en mallado de la red que permita dar cobertura a todo el territorio.

El reto de la edificación sostenible

Junto a la movilidad, la rehabilitación energética de edificios es otro de los grandes retos que se aborda, como no podía ser de otra forma, ya que no en vano el sector de la edificación es responsable de casi el 30% de las emisiones generadas en España. Al margen de aspectos técnicos, la principal barrera ha sido y es la financiación y aun no se ha encontrado la llave adecuada para desbloquear la rehabilitación de forma masiva. El modelo de subvención no ha tenido los efectos pretendidos y tendrán que buscarse de forma creativa otros canales complementarios de colaboración como han hecho otros países de nuestro entorno.

La apuesta por las renovables

La futura ley, que pretende ser el instrumento jurídico que de un marco legal predecible para avanzar en la senda de una economía baja en carbono, apuesta por el impulso de la producción eléctrica a partir de fuentes renovables – esencialmente solar y eólica- como parte de la solución para cumplir los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones. Entre ellos el apuntado de transformar nuestra movilidad a una movilidad cero emisiones, con base en el necesario tándem de renovables y vehículo eléctrico.

Esa apuesta pretende contar con sistema de producción eléctrica renovable en 2050. Se tendrá que materializar, de inicio, con la puesta en marcha de 30.000 MW de aquí a 2030. Esto requerirá movilizar importantes recursos económicos en la próxima década y una estrecha y eficaz colaboración público -privada que permita financiar y desarrollar los proyectos en el escenario temporal previsto.

Paneles de energía solar y molinos de viento

El coste de la transición energética

La exposición de motivos del anteproyecto de ley y los datos económicos manejados, indican que solo este proceso de transición energética podría movilizar más de 200.000 millones de euros en las próxima década, lo que requerirá inversiones públicas próximas a los 50.000 millones de euros por parte de las diferentes administraciones involucradas.

La senda de cumplimiento de los objetivos climáticos, se encuentra propuesta y analizada en el denominado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima; una exigencia de la Unión Europea para determinar la viabilidad del cumplimiento de los objetivos de la unión en su conjunto.

Desafío global

Sea cual sea el marco que finalmente se adopte nadie duda de que nos enfrentamos a un gran desafío, convertir un problema - el acoplamiento existente entre consumo energético y crecimiento económico – y sus externalidades negativas, en una oportunidad de innovación, de generación de empleo, de mejora de la competitividad empresarial y de aumento de nuestra seguridad energética.

Esto, antes o después, con mayor o menor intensidad, exigirá importantes y complejas reformas estructurales como las que se apuntan, pero también cambios en determinados patrones culturales a nivel individual y una nueva gobernanza que potencie la coordinación y colaboración de las administraciones para una gestión eficaz de la transición.