Nota aclaratoria de VOX en relación a la dimisión de ocho concejales en Castilla La-Mancha y los escándalos en Canarias

Esta redacción ha recibido una solicitud fechada el día 15 de julio de 2021 de carta de rectificación sobre la noticia titulada 'Crisis en VOX: Ocho concejales dimiten en Castilla La-Mancha y se destapan nuevos escándalos en Canarias', publicada el pasado 13 de julio en elcierredigital.com. 

De conformidad con los dispuesto en el artículo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho a rectificación, procedemos a la rectificación solicitada por la formación política VOX, que a continuación transcribimos literalmente:

"El pasado día 13/07/2021 se publicó en la edición de El Cierre Digital una información titulada: Crisis en VOX: Ocho concejales dimiten en Castilla La Mancha y se destapan nuevos escándalos en Canarias” firmada por María Montero. 

Dicha información es falsa y perjudica la imagen de VOX y varios de sus dirigentes nacionales y contiene acusaciones de delito sin respetar la presunción de inocencia y sin aportar pruebas de ningún tipo, sobre los hechos que supuestamente denuncia.

La señora María Montero en su artículo hace acusaciones graves contra la tercera fuerza política de España, amparándose supuestamente en declaraciones de personas “del entorno de VOX”. Llama la atención que la redactora, a pesar de tener formación jurídica, obvia el cumplimiento de la diligencia debida que señala claramente el contraste de la información antes de su publicación para evitar realizar un daño a terceros. En su caso, no se ha producido este contraste de información y ha dado por buena una versión de los unos hechos que es falsa. A esta forma de actuar de la señora Montero solo caben dos explicaciones: o intentar hacer daño deliberado al partido político VOX, o actuado con desconocimiento del deber periodístico de cotejar las fuentes. En ambos casas solamente cabe la rectificación de dicha información publicada que causa daño a esta formación política.

Entre las falsedades a las que da difusión su medio en el artículo de María Montero destacan las siguientes:

- Tiene que ver con la solicitud por escrito a un afiliado por parte del vicesecretario de afiliación de la provincia de Toledo, Javier Tomás Barneo Anguita, "con el objetivo de viajar a Londres, enclave donde, a petición de Barneo, este afiliado habría de recoger unas importantes sumas de dinero en efectivo y retiradas de tarjetas VISA en un banco londinense". Las cuentas de VOX se ajustan escrupulosamente a la legalidad, están auditadas y se someten al control del Tribunal de Cuentas. No existe ningún tipo de prácticas delictiva como la señalada por la autora del artículo.

- Sin embargo, al sentir un gran malestar por esta operación poco clara, puso los hechos en conocimiento de VOX a través de un correo electrónico en el que aportaba documentación "sin que el Comité de Garantías, ni la ejecutiva nacional citara a este denunciante para interesarse". Se han revisado, tras la publicación del artículo, las denuncias presentadas ante el Comité de Garantías de VOX, y es absolutamente falso que se haya recibido ningún tipo de denuncia como la que imputa a miembros de esta formación el artículo publicado por El Cierre Digital.

- Ha dado de baja de las listas de esta formación, sin justificación, a algunos afiliados pertenecientes al sector crítico del partido". También sostienen que "Barneo no les pasa las cuotas para intentar quitar gente que no le interesa con el argumento de falta de pago, pues no les envían los recibos, mientras que su voluntad es la de seguir pagando su afiliación". Otra afirmación que, de haber cumplido con la diligencia debida y haber contrastado, la autora habría comprobado que es falsa. Los responsables de afiliación no tienen acceso a los listados de impago ni tienen la capacidad de “pasar las cuotas”. El sistema de cobro de cuotas se realiza mediante un sistema informático que garantiza el cumplimiento de todas las directrices sobre confidencialidad de da datos de carácter personas, por lo que la acusación dada por buena por la señora Montero es radicalmente falsa.

- Otra prueba de que la autora no se ha tomado el más mínimo interés por contrastar la información, es que en la enumeración de los concejales que por diferentes razones han salido de la formación se encuentran nombres incorrectos o incompletos. En el caso del edil de Seseña cita a un tal Rubén Valdini, cuando debería hablar de Rubén Darío Valdivielso; o la de Ugena, a la que cita como Aroa y no da sus apellidos (Ruiz Contreras).

- La autora da por buena la afirmación, puesta en boca de terceras personas, que asegura que “VOX Toledo, actualmente, está desacreditado y hundido, debido a la mala gestión de la presidencia del CEP de Daniel Arias”, sin haberse molestado en consultar con el partido que le habría trasladado el dato de que bajo su presidencia provincial la afiliación ha subido un 10%, situándose en 1.750 miembros.

- También acusa a este partido político de haber manipulado las elecciones internas, imputando otro delito sin prueba alguna y sin haber contrastado la supuesta información facilitada por terceras personas.

- El artículo se completa con una serie de información sobre VOX en Canarias en las que se citan actuaciones que califica como “la mala praxis política de la directiva de VOX Las Palmas y las gestora de Tenerife" en las que nuevamente se achacan delitos y expulsiones ilegales de miembros del partido y de las anteriores ejecutivas. En esta parte del artículo se puede comprobar nuevamente que no se aporta ni una sola prueba ni se ha realizado ningún tipo de verificación de las graves acusaciones vertidas que son totalmente falsas.

- En el conjunto del artículo vierte también graves acusaciones contra el secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, achacándole haber tomado decisiones en medio de los procesos electorales. Unas funciones para las que ni siquiera tiene competencias, mostrando una vez más la autora que no se ha molestado en comprobar y cotejar las acusaciones de sus supuestas fuentes, dándolas por buenas sin más.

Los puntos anteriores, en los que la única prueba aportada por la autora es la supuesta declaración de terceras personas, son un claro ejemplo de incumplimiento de la diligencia debida. Y, como ya se ha señalado anteriormente, acusan sin prueba alguna, bien sea intencionadamente o por mala praxis".