Tensión en cárceles españolas: Preocupa el aumento en 2022 de reclusos y agresiones

Desde 2009, la población reclusa en España ha ido experimentando sucesivos descensos, sin embargo, esta tendencia a la baja se ha truncado este último año con un aumento de 1.000 internos, cerrando diciembre en una cifra cercana a los 56.000 presos.

El descenso de la población reclusa estos últimos años, no ha venido acompañado de un descenso de la conflictividad en los centros, pero si se ha podido constatar que el aumento producido en 2022 ha supuesto mayor tensión en las prisiones españolas con un 50 por ciento más de agresiones a los trabajadores.

El descenso paulatino de presos ha enmascarado el déficit de personal de los centros penitenciarios, permitiendo que se cierren módulos o que no se abran en su totalidad las prisiones nuevas, maquillando así los datos de hacinamiento. Desde ACAIP-UGT reclaman que "si los números de este año marcan una tendencia, y no se toman medidas tempranas, pueden producirse problemas de seguridad derivados de la sobrepoblación".

"Vemos necesario que se actúe desde la prevención y se adecúen las relaciones de puestos de trabajo a las necesidades de los centros con la incorporación de nuevos funcionarios que cubran las cerca 3000 vacantes existentes en la actualidad. Las ofertas de empleo público apenas cubren las bajas vegetativas, situación que tiende a empeorar por el envejecimiento de las plantillas" narran desde ACAIP-UGT.

Es "necesaria" también la aprobación de la Ley que declare a los trabajadores penitenciarios agentes de la autoridad. Así como una nueva clasificación de los centros penitenciarios que los adecúe a la realidad actual y actualizar las retribuciones de los empleados públicos, junto a un nuevo organigrama que posibilite el cumplimiento del mandato de reeducación y reinserción que atribuye la Constitución Española.

Los fuertes altercados en Botafuegos

Uno de los centros penitenciarios que acumula más altercados es el de Botafuegos. El centro penitenciario vive una situación complicada que se ha visto acrecentada durante los últimos meses por las amenazas a los trabajadores y el aumento de conflictividad con los internos. Según datos del año 2022, se han registrado 11 agresiones a trabajadores del centro penitenciario y cuya gravedad ha aumentado ya que se han llevado a cabo prácticas como la quema de coches. 

José Ramón López, presidente de ACAIP-UGT, ha manifestado que “el ministerio debe de dar explicaciones de por qué no funcionan los inhibidores de frecuencia de móviles en las prisiones españolas”.

Además de las agresiones, ha habido un incremento de la incautación de teléfonos móviles y de drones, un hecho que podría facilitar la introducción de objetos peligrosos como armas o explosivos. “Hay una necesidad de tomar medidas que eviten la facilidades de uso de móviles o el vuelo de drones, instalando inhibidores adecuados. Este problema afecta a todas las prisiones y en Algeciras se ha visto incrementado por el tráfico de drogas”, ha afirmado López.

La ausencia de inhibidores de última generación y sistemas antidrones

El 2 de noviembre ACAIP-UGT denunció que el 31 de octubre tuvo lugar una nueva entrega fallida por parte de un dron en la prisión de Botafuegos (Algeciras). Los funcionarios se encontraron dos teléfonos móviles, uno pequeño y otro de grandes dimensiones, con sus cables de conexión y 30 gramos de hachís.

Desde el sindicato aseguraron que el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, es conocedor de esta situación, ya que "durante su visita a Botafuegos en julio se le volvió a informar de la asiduidad con la que sobrevolaban drones sobre las cárceles españolas, más en concreto sobre la de Botafuegos". 

José Luís Alcaraz, delegado de ACAIP en Botafuegos, declaró que “el temor de los funcionarios se debe a la posibilidad de que estos drones porten armas de fuego, lo que menoscabaría aún más la seguridad del establecimiento penitenciario y pondría en grave riesgo la integridad física de funcionarios, trabajadores y presos. Cuando hablamos con Ángel Luis Ortiz le repetimos que este problema es nacional. En lo que respecta a Botafuegos se le dijo que nuestros inhibidores de frecuencia están obsoletos, ya que son del 2008 y solo sirven para las frecuencias 2G Y 3G. El secretario general tan solo respondió que tenía una oferta valorada en 2 millones de euros y que estaban esperando más oferta".

“Es necesario que se instalen equipos adecuados a la tecnología actual para poder resolver las actuales problemáticas en las prisiones. Además, tampoco contamos con sistemas antidrones," concluyó el delegado de ACAIP en Botafuegos.