La sombra de los 'valedores' de Gil Marín en el Real Zaragoza

Voces ligadas al Real Zaragoza y consultadas por este periódico denuncian que el célebre letrado madrileño Pablo Jiménez de Parga podría estar presuntamente incumpliendo la Ley del Deporte, ya que ejerce como secretario del Consejo de Administración del Atlético de Madrid a pesar de ser el máximo accionista del Real Zaragoza.  

Jiménez de Parga impulsó la designación como consejeros del Real Zaragoza de personas ligadas históricamente al Atlético de Madrid, como Emilio Cruz, que según el investigador Luis Serrano "tiene una fuerte vinculación al club rojiblanco desde los tiempos de Jesús Gil". 

Cruz ejerce como consejero cooptado, con lo que se supone que su permanencia en la directiva maña es temporal pese que va camino de cumplir 2 años en la cúpula zaragocista. 

Emilio Cruz, consejero del Real Zaragoza por designación del gilista Jiménez de Parga

Emilio Cruz Roldán, una madrileño de 73 años, ejerció como entrenador entre 1985 y 2000 de clubes como el Rayo Vallecano, el CD Toledo, el Ourense, el Atlético Madrileño (hoy Atlético de Madrid 'B') y del propio Atlético de Madrid en el año 1993 bajo la presidencia de Jesús Gil y Gil. 

Desde hace casi un cuarto de siglo abandonó esta labor para centrarse en tareas empresariales que ha compartido junto a su esposa, Teresa Martín Suárez, y su hija, Silvia Cruz Martín, en compañías como Ariete Seguridad, Ariete Social, EmylSL, Más Empleo, Inversiones Gurasa y Luanem. 

Los servicios que han prestado estas compañías son de seguridad, atención al público, protocolo de los eventos en congresos, convenciones y promociones, venta en taquillas, gestión de accesos y gestiones básicas con la administración pública o empresas. 

Cruz ha gestionado el funcionamiento de instalaciones deportivas y la organización de partidos de fútbol en estadios como el Vicente Calderón, Estadio de Vallecas, Alfonso Pérez de Getafe y la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid (además de organizar eventos multitudinarios en grandes escenarios como el espectáculo de los Monster Jam o conciertos musicales). 

El exentrenador y hoy consejero del Real Zaragoza ejerció entre 2009 y 2014 como administrador único de Ariete Seguridad, que se se vio implicada en un proceso judicial por el descuelgue del convenio, una medida temporal y transitoria por la que el empresario tiene derecho a modificar las condiciones laborales, previo acuerdo de las partes. Esta medida se toma para prevenir peores situaciones que en la que está la empresa. 

UGT y CC.OO plantearon una demanda de Conflicto Colectivo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se declarase nulo el 'Acuerdo de descuelgue del Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad Privada' que habían alcanzado en 2013 el Comité de Empresa y la empresa Ariete de Seguridad, S.A.

Ambos sindicatos demandaron que repusiese a los trabajadores en sus condiciones de aplicación del Convenio Estatal de Seguridad Privada 2012-2014, en los términos en que se venía aplicando. En el 2014, se dictó sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

El tribunal estimó parcialmente la demanda interpuesta en materia de conflicto colectivo y se declaró la nulidad del acuerdo "en la parte del mismo que se refiere a la retroactividad de sus efectos, que no podían tener una retroactividad anterior a la fecha de consecución del mismo". 

En 2018 UGT, CCOO y USO presentaron una demanda de conflicto sobre el Convenio Colectivo contra la compañía. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional estimó parcialmente la demanda y anuló "la decisión empresarial de seguir aplicando a sus trabajadores el Convenio Colectivo de empresa anulado judicialmente". 

Además, impuso a la empresa "la inmediata aplicación y cumplimiento del vigente Convenio Colectivo estatal para las empresas de seguridad 2017-2020" y obligó "a regularizar y abonar a sus trabajadores, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2017 las cantidades e intereses moratorios que a éstos les correspondían". 

El juez declaró la nulidad íntegra del Convenio colectivo impugnado de la empresa Ariete Seguridad de 2017. El número de trabajadores afectados por Ariete Seguridad fue de 1.261 (de los cuales 651 eran temporales y 610 indefinidos). 

La actual administradora única de Ariete Seguridad es Silvia Cruz Martín, hija de Emilio Cruz y concejala del PP en Alcorcón entre 2011 y 2017. 

Pablo Jiménez de Parga 'en el candelero'

Jiménez de Parga ejerce como mano derecha de los empresarios Miguel Ángel Gil Marín y Joseph Oughourlian y controla de facto el club maño a través de consejeros vinculados al club colchonero, como Emilio Cruz, que entrenó al cuadro madrileño en los tiempos de Jesús Gil y es propietario de una compañía de seguridad que ha tenido algunos problemas laborales. 

La Ley del Deporte en su artículo 71, relativo a órganos de administración, señala que "los miembros del consejo de administración y quienes ostenten cargos directivos en estas sociedades (las deportivas) no podrán, ni por sí ni mediante personas vinculadas, entendidas tal y como las define el artículo 231 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, ejercer cargo alguno ni ostentar la titularidad de una participación significativa en otra entidad deportiva que participe en la misma competición profesional o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad o especialidad deportiva". 

El artículo podría estar siendo presuntamente incumplido por Jiménez de Parga, secretario del Consejo de Administración del Atlético de Madrid y propietario del 88% de Global Tavira SL, que es dueña del 51% de las acciones del Real Zaragoza. 

El 12% restante de Global Tavira SL pertenece a Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa (en el que Pablo Jiménez de Parga también ejerce como secretario del Consejo de Administración) y 'amigo' de Miguel Ángel Gil Marín.