Socio de Marjaliza que la esposa de Eloy Velasco maneja empresa de la Púnica.

El empresario arrepentido José Luis Cápita sorprendió este miércoles pasado al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central número 6, al declarar que las empresas que tiene al 50 por ciento con el cabecilla de la trama Púnica, David Marjaliza, se encuentran administradas concursalmente por el bufete de abogados Martín Molina. El magistrado García Castellón investiga la Púnica después de que su compañero Eloy Velasco pidiese el traslado de destino y dejase el caso en manos de su relevo.

Esta declaración no ha sido tomada muy en serio por los investigadores de la Audiencia Nacional, que consideran que la circunstancia de que en el despacho de Pedro Bautista Martín Molina trabajase Beatriz Saura Alberdi, esposa de Eloy Velasco, no es relevante para la causa.  ''Son dos cosas muy diferentes'', afirman. 

Otras fuentes consultadas por  elcierredigital.com, señalan que "esto es inaudito ya que Velasco fue el primer juez instructor del caso Lezo y Púnica, cuando estaba al frente del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, hasta que lo dejó para ir al Tribunal de Apelaciones de la misma Audiencia, y nadie supo nada".

Las fuentes de la investigación indican que el empresario José Luis Cápita fue investigado y denuciado por la Fiscalía Anticorrupción por ocho delitos: por blanqueo, malversación cohecho, fraude, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad y corrupción urbanística. La Fiscalía lo acusa de compartir titularidad con David Marjaliza en más de una decena de sociedades de la trama  Púnica que ambos habrían utilizado para  desviar el dinero de sobornos obtenidos con la recalificación de terrenos.

La Púnica investiga el destino de 250 millones de euros en dos años para el supuesto pago de comisiones ilegales, posteriormente blanqueadas a través de un complejo entramado societario internacional. Entre los acusados, además del propio Marjaliza y Cápita, se encuentra Francisco Granados, que fuera Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en la época de Esperanza Aguirre.

Algunas de las empresas investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la trama Púnica desde 2014 han sido Adema Gestión, Alcolea Capital Gestión, Aldaban  Iniciativas, Anahid Gestión, Arauna Corporación y Consulting, Aruba Arte y Gestion, Aruba Gestión, Aruba Patrimonio Integral 2008, Deloya Gestion, Divana Integral, Herederos de Riaza, Inversiones y Estudios Urbanos, Inversora Samara, Lizamar, Nexus Gestión de Activos, Noray Gestion Integral, Servicios Logísticos Inmobiliarios, Servicios Logísticos Inversiones 2008, Servicios Logísticos Promoinnovación, Tiare Inizia y Zambra Patrimonio, entre otras, todas propiedad de David Marjaliza.

Cápita estaba respondiendo en ese momento a la defensa de Francisco Granados, también imputado, cuando saltó la noticia en la Audiencia Nacional.  Los juristas consultados señalan que "sería extraño que a raíz de estas sorprendentes declaraciones, la Fiscalía no actuara de oficio en un futuro para investigar en profundidad este asunto, que podría acabar en una petición de nulidad de actuaciones, por parte de algunos acusados, ya que habría un evidente conflicto entre la administración concursal y el juez instructor, suficiente causa para una recusación", en opinión de alguna de las partes consultadas por elcierredigital.com.

La esposa del juez Velasco, Beatriz Saura, trabajó  durante un corto periodo de tiempo en este despacho como directora del Área de Derecho Penal y Compliance del denominado Bufete Legal y Económico. Beatriz Saura, con la que Eloy Velasco tiene dos hijos, es doctora en Derecho por la Universidad Miguel Hernández de Alicante, centro en el que también ha ejercido como profesora de Derecho Civil.  

Ahora este despacho de abogados en el que trabajó ha sido señalado por el socio de Marjaliza en su declaración judicial ante la Audiencia Nacional. Unas fuentes le dan credibilidad y otras nada.

Comunicado aclaratorio de Martín Molina 

Desde el bufete Martín Molina han remitido un comunicado a elcierredigital.com en el que se indica que "los Administradores Concursales de la empresa Aldabán Iniciativas S.L. están conformados por tres personas: Francisco Vera, Pedro Martín Molina y Luis Pérez.  La función de los Administradores ha sido la determinar las causas de la insolvencia que ha llevado a esta sociedad a la liquidación y realizar las acciones más beneficiosas para los acreedores. Además de los informes definitivos y los planes de liquidación existe la pieza de calificación, que ha resultado fortuita meramente a efectos mercantiles (...).

En el ámbito penal, en la sede de la Audiencia Nacional, se persiguen delitos penales que no infieren ni dependen de los procesos mercantiles del concurso de acreedores. D. Pedro Martín Molina, como administrador concursal, centró su trabajo en la parte económica del concurso, que debía consensuar con los otros dos administradores. Este proceso se inició en el año 2011 y en la actualidad está finalizando la fase de liquidación". 

A partir de ahora, sera la Fiscalía la que deberá actuar, en teoría, de oficio y determinar el grado de implicación de cada uno, señalan las fuentes consultadas por nuestro periódico.