Situación crítica en los Juzgados: La huelga lleva 300.000 juicios suspendidos

El 9 de marzo tuvo lugar una manifestación de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que se encuentran desde el pasado 24 de enero en huelga indefinida. Hay diferentes opiniones sobre su seguimiento, pero ¿cuál es el seguimiento real de esta huelga?

Existe más de un 50 por ciento de diferencia en la valoración general del seguimiento de la huelga de un lado y de otro. El Ministerio afirma que el seguimiento de la huelga por parte de los letrados, en general, es inferior al 30%, mientras que los propios letrados han llegado a afirmar que puede incluso alcanzar en torno al 80%.

En toda valoración existe cierto margen de diferencia razonable, que puede ser en torno a un 10 por ciento. Pero en este caso, sorprende cómo puede existir una diferencia de porcentaje del 50 por ciento en función de quien hace la valoración de seguimiento.

Cada letrado que hace huelga ve cómo su nómina se reduce en 150 euros por día de huelga, lo que está llevando a algunos letrados a manifestar: "No desconvocaremos la huelga, aunque no comamos".

Disparidad de cifras en la manifestación de los LAJ

En relación con la concentración del jueves 9 de marzo de los LAJ, la diferencia de seguimiento supera el 50 por ciento. Según los LAJ fue del 73 por ciento, mientras que el Ministerio la sitúa en el 20,73 por ciento.

Lo más grave de la disparidad de estas cifras es que ambas partes implicadas tienen un criterio de gran peso y credibilidad profesional. Por un lado, se encuentran los letrados de la Administración de Justicia, que son fedatarios públicos, o lo que es lo mismo, en su profesión tienen la gran responsabilidad de certificar la veracidad y correspondencia de actuaciones. Por otro lado, el Ministerio, del que se presupone una total objetividad y certidumbre en su cálculo. Ante esta disparidad, se abren tres posibilidades:

1.    Que el cálculo de alguna de las partes sea totalmente equivocado o que ambas se equivoquen en parte.

2.  Que exista una reducción de las cifras por el Ministerio para minusvalorar el seguimiento.

3.    Que exista un aumento de las cifras de los LAJ para dar apariencia de un seguimiento mayor.

Sea como fuere, llegará el momento en el que trasciendan las cifras objetivas, que confirmen los días declarados de ejercicio de huelga de los LAJ y que supondrán una reducción en sus ingresos. En ese momento, tanto los representantes de la huelga como el Ministerio podrán aclarar a qué se ha podido deber está diferencia incompatible de valoración.

La realidad es que según la información que ha trascendido, la huelga ha dejado 300.000 juicios suspendidos y 350.000 demandas pendientes de reparto. Además, esta situación ha provocado que haya 1.000 millones de euros paralizados en los juzgados, que se encuentran colapsados.

Por tanto, es obvio que en esta disputa los perjudicados son los ciudadanos, que están viendo cómo sus derechos y obligaciones que están siendo resueltos en los Juzgados se retrasan aún más, lo que puede provocar perjuicios irreparables.

Ante la prolongación de la huelga en el tiempo, sin aparente avance en las negociaciones después de 34 días, lo que se están preguntando los ciudadanos en general es: ¿cuándo va a acabar la huelga y qué repercusión va a tener en el día a día de los Juzgados?

Las diferentes posturas sobre la huelga de la Justicia

La sensación es que estamos ante un callejón sin salida. Hasta ahora no hay ninguna previsión de solución a corto plazo pues las partes mantienen sus posturas sin aparentes avances.

A continuación, vamos a intentar plasmar diferentes posturas y opiniones:

- Ministerio:

De acuerdo con el Ministerio, la incidencia de la huelga de LAJ desde el 28 de febrero pasado al día 7 de marzo ha sufrido un descenso en su seguimiento de un 4,88 por ciento, pasando del 25,59 por ciento a un 20,71 por ciento. Manifiestan que "la pelota está en el tejado de los letrados". En el Ministerio dicen estar a la espera de una "contrapropuesta" de los LAJ en la que expongan "algo diferente de su propuesta de máximos". La ministra Pilar Llop insta a los letrados a que sean "realistas".

- LAJ:

Los LAJ indican que por parte del Ministerio existe un “incumplimiento de lo pactado en abril de 2022". El LAJ Fernando Santiso manifiesta que "la ministra de Justicia ha reconocido la existencia de acuerdos con el colectivo y el incumplimiento de esos acuerdos en un informe que no deja en buen lugar ni al Ministerio de Justicia ni al Ministerio de Hacienda ni al Gobierno en su conjunto".

- Jueces:

La Asociación de Jueces y Juezas para la democracia ya se pronunciaron, entendiendo en parte que los letrados hicieran huelga en defensa de sus derechos, pero no compartiendo su postura pues consideran que no es procedente una subida salarial que les equipare al sueldo de los Magistrados, pues cumplen cometidos profesionales diferentes.

- Ciudadanos:

La mayor parte de los ciudadanos no entienden ni conocen en profundidad las reivindicaciones de los LAJ. La sensación generalizada es de creciente malestar al ver suspensiones y retrasos en los procedimientos, lo que perjudica su tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 CE.

- Abogados:

Según el abogado Alberto García Cebrián: “el funcionamiento de los Juzgados ya de por sí es lento por la falta de medios materiales y personales, pero después del 'parón' de la Justicia con la pandemia, que estaba más o menos restablecido, este retraso vuelve a colapsar la Justicia. Este periodo de suspensión puede tardar en corregirse al menos un año. Los ciudadanos que tienen un trámite tienen la gran incertidumbre de no poder saber, hasta el día concreto señalado, si la actuación judicial se va a efectuar y ello genera un doble malestar para muchos ciudadanos. El perjuicio no sólo es la suspensión y retraso de las actuaciones, se suma la falta de antelación y comunicación de la suspensión”.

- Preocupación ante la posibilidad de que la huelga de LAJ afecte a las elecciones del 28M:

La huelga de los letrados de Justicia está en un "callejón sin salida" y preocupa pues puede poner en peligro incluso el proceso electoral del 28M en el que son clave los LAJ. Su participación en España es necesaria para la conformación de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona.