Sanidad elaboró dos planes de 'reclusión' de ancianos sin permitir su salida

La cifra de personas mayores que han perdido la vida en las  5.457 residencias de ancianos repartidas por todo el territorio español, entre públicas, concertadas o privadas, a causa del Covid-19 o con una sintomatología similar, es al cierre de esta edición de 19.008 muertos, según datos oficiales ofrecidos por las comunidades autónomas. Unas cifras que pueden ser mucho mayores y que ya están en manos del Gobierno, aunque de momento no las ha dado a conocer de manera oficial.

La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue dando coletazos en España y ha dejado un reguero demasiado alargado de muertes a su paso por todas las residencias del territorio nacional. Precisamente, los que más han sufrido los envites de este patógeno han sido aquellos pertenecientes a una población que supera  la edad de 65 años. Los ancianos también han sido las personas más expuestos a este virus desde su llegada a España.

Todo este caos sanitario podría radicar, según fuentes consultadas por elcierredigital.com, en el plan elaborado el día 5 de marzo por el Ministerio de Sanidad, dirigido por Salvador Illa, cuando ya existía por entonces y se conocía el alto riesgo de contagio en España, mucho mayor entre esta determinada población de avanzada edad.

El informe elaborado por Sanidad fue fechado ese día 5 de marzo y titulado como "Documento Técnico. Recomendaciones a  residencias de mayores y centros sociosanitarios para el Covid-19". A lo largo de nueve páginas explicaba que “al tratarse de una enfermedad transmisible se deben extremar las medidas de precaución”.

Sobre todo, como luego se ha demostrado durante la pandemia y cómo aquel dossier ya detallaba, debido a que “la mortalidad aumenta con la edad” y "al tratarse de de una enfermedad transmisible se debe extremar las medidas de precaución (...) afecta de de forma más grave a mayores de 65 años(...) la mortalidad aumenta con la edad (...)la mortalidad entre 70-79 años es del 8 por ciento y la mortalidad de los mayores de 80 es del 14,8 porciento".

En la página cinco  del citado informe de Sanidad se detalla textualmente las medidas de "reclusión" de los ancianos en las residencias: "Como norma general, todos aquellos residentes que presenten sintomatología respitaroria aguda, deberán restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente con un baño propio.  Las salidas a las zonas comunes deberán restringirse al máximo posible y si éstas fueran necesarias, deberán llevar una mascarilla quirúrgica".    

Solo unos párrafos más abajo, en esta misma página y de este mismo documento oficial de Sanidad, se repetía el mismo mensaje de 'reclusión': "Los casos en investigación o confirmados que se atiendan en la residencia o centro sociosanitario deberán permanecer en una habitación con buena ventilación (preferentemente al exterior) con baño propio y la puerta cerrada".

Según recoge el informe, ese mismo día 5 de marzo, cuando no se habían suspendido ni los mítines de la formación política de ultraderecha Vox en Vista Alegre, ni los multitudinarios partidos de fútbol, ni las múltiples manifestaciones del 8-M, el documento oficial de Sanidad ya indicaba claramente que "se suspenderán las visitas de familiares durante el tiempo que el paciente tenga indicación de aislamiento".  

Luego en las páginas siguientes se detallaban las medidas destinadas a la limpieza y desinfección de las superficies y espacios; la gestión de los residuos; la limpieza de la vajilla y la ropa de cama; y la identificación de los casos en investigación. 

La mayoría de las más de 19.000 defunciones en residencias se han producido en  Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Así, los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían a un 66 por ciento del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad. 

A esto se suma que cada comunidad autónoma ha venido ofreciendo hasta ahora los datos de una forma diferente y no siempre precisa, algo que el Ministerio de Sanidad quiso cambiar al dar de plazo hasta el 8 de abril a las autonomías para que ofrecieran datos detallados sobre el número de fallecidos con coronavirus en las residencias, los ancianos también contagiados y los centros afectados. La Fiscalía ya investiga a más de  un centenar de residencias por presunta mala práxis.

Nuevo plan de Sanidad del 24 de marzo

Pero lo más significativo es que el propio Ministerio de Sanidad, al ver que el plan de recomendación del día 5 de marzo, en teoría, no funcionaba, elaboró otro nuevo el 24 de marzo, el cual, al igual que el primero, no se ejecutó tampoco de la forma adecuada o que muchas de las residencias no lo aplicaron de la manera correcta.

Este segundo plan de Sanidad, que también obra en poder de elcierredigital.com, titulado "Guía de prevención y control frente al Covid-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial" es una compleja guia de 14 páginas elaborada por Sanidad para afrontar el coronavirus desde las residencias de mayores.

Un manual que recomendaba no sacar a los mayores de las residencias ni moverlos en absoluto de esos lugares, con lo que miles de ancianos vieron cómo no podían tan siquiera volver a su hogar o al de sus hijos para morir en paz. La Fiscalía General del Estado ya abrió una investigación al respecto, pero no ha contemplado esta guía realizada por el mismo Ministerio de Sanidad.

En el texto también se relataba que “se deben suspender todas las visitas a centros sociosanitarios".  Así se recogían "aspectos clave" como que "en el escenario actual, se deben suspender todas las salidas de la residencia" y "se deben suspender todas las visitas a los centros sociosanitarios".

Estas dos recomendaciones impidieron los primeros días llevar a los ancianos al hospital, pero también que los familiares pudieran llevarse consigo a sus mayores de algunos centros, ya que las residencias siguieron las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que centralizó desde el primer momento en su único mando la lucha contra la pandemia. Con lo cual, el enfermo se quedaba, sí o sí, en la residencia.

El ministerio de Sanidad, de Salvador Illa, también pedía a las residencias que clasificaran  los casos de sus residentes en "asintomáticos y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19; asintomáticos en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19; residentes con síntomas compatibles con COVID-19 y casos confirmados de COVID-19".

Entre las "medidas generales dirigidas a la protección de la salud de residentes" se adopta como prioritaria que "se restringen todas las visitas sin vinculación profesional con el centro a no ser que sea estrictamente necesario (...)

"Igualmente, se suspenden las salidas del centro para los residentes hasta que una nueva evaluación del riesgo haga reconsiderar esta recomendación" y destaca algo que no se hizo por parte de las residencias, al menos de manera generalizada por las quejas constantes de los familiares: "Se ha de informar a los residentes y sus familiares, así como a los trabajadores del centro sobre las acciones que se están tomando para protegerlos".

La mayoría de las defunciones se han producido en  Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Así, los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían a un 66 por ciento del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad. 

Debido al elevado número de muertes en las residencias españolas se han abierto ya varios procesos legales. La Fiscalía General del Estado mantiene  211 diligencias abiertas de carácter civil y 160 en trámite penal.  Todo en relación a la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias de mayores.