
Rocío Carrasco y su hija, a juicio: Por qué Rocío Flores arremete contra su documental
El lunes, Carrasco será testigo a favor de La Fábrica de la Tele, acusada de revelar secretos de Flores cuando era menor
El conflicto familiar entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, ha derivado en una batalla judicial con giros inéditos. Madre e hija declararán como testigos el próximo lunes en una causa judicial, según ha podido saber en exclusiva elcierredigital.com.
Todo después de la demanda que Flores ha presentado contra la productora La Fábrica de la Tele, responsable del documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, por haber difundido "documentos judiciales confidenciales que la implicaban cuando era menor de edad".
Lo paradójico del caso es que su madre, Rocío Carrasco, será testigo de la parte acusada y ha mostrado su apoyo explícito a la productora. Un hecho que alimenta el enfrentamiento entre madre e hija, que ya era visible en el plano mediático, pero que ahora llega a los tribunales.
La demanda fue interpuesta tras la emisión, entre abril y mayo de 2021, del documental televisivo emitido en Telecinco por Mediaset España y producido por La Fábrica de la Tele.

En varios episodios, se expusieron documentos judiciales que formaban parte del expediente del Juzgado de Menores. Todos relacionados con Rocío Flores Carrasco, quien en aquel momento era menor de edad.
Según escritos, tanto de la Fiscalía como de la acusación particular, durante el programa se mostraron extractos de sentencias dictadas por el Juzgado de Menores. También diligencias de ordenación y atestados policiales. Además de informes psicosociales y de seguimiento de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor.
También aparecieron datos personales, familiares y relativos a la intimidad de Rocío Flores, obtenidos cuando aún era menor.

La exposición de estos documentos se realizó mediante técnicas como 'pantallazos', lectura en voz alta y subrayado de fragmentos seleccionados. Todo ello fue emitido en horario de máxima audiencia y posteriormente se mantuvo accesible en plataformas digitales como Mitele.
Las claves de la acusación
El pilar fundamental de la acusación es el carácter reservado de esos documentos. Según la legislación vigente, especialmente la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y la normativa sobre protección de datos, toda la documentación del Juzgado de Menores tiene carácter "confidencial".
La acusación sostiene que la productora no contaba con el consentimiento de Rocío Flores para divulgar esa información. Además, señalan que dicha divulgación le causó un daño significativo a su esfera privada, su reputación y su bienestar psicológico.

Fiscalía y acusación particular coinciden en calificar los hechos como constitutivos de un delito de revelación de secretos (artículo 197.2 del Código Penal). Agravado por la naturaleza especialmente sensible de los datos y la difusión masiva que se hizo de ellos. La acusación particular añade que se trataría de un delito continuado. Reclama una indemnización de un millón de euros por los daños morales y psicológicos ocasionados.
Otro de los elementos relevantes en los escritos judiciales es el ánimo de lucro. La acusación sostiene que la productora se benefició económicamente mediante ingresos publicitarios derivados de la elevada audiencia del documental. Una audiencia que, según la acusación, superó los tres millones de espectadores en varias entregas.
La madre de Rocío Flores, pieza clave de la defensa
Uno de los elementos más llamativos del caso es la implicación directa de Rocío Carrasco. Según ambas partes, fue ella quien proporcionó los documentos a la productora. La defensa argumenta que actuaron con su consentimiento expreso y, por tanto, no habría delito alguno.
Lejos de mantenerse al margen, Carrasco ha decidido participar como testigo en el juicio a favor de La Fábrica de la Tele. Lo que convierte el proceso en un enfrentamiento indirecto entre madre e hija.
El testimonio de Carrasco será clave para la estrategia de defensa, que buscará demostrar que "no se violaron derechos fundamentales". Concretamente, que contaban con la autorización de la madre como representante legal en su momento, explican a elcierredigital.com fuentes cercanas al caso.

Según la defensa de La Fábrica de la Tele, el contenido por el que se les demanda ya había sido previamente publicado por otros medios de comunicación, como Vanitatis y Telemadrid. Esto, a su juicio, "debilita la acusación de exclusividad en la revelación de información confidencial".
La denuncia inicial fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción n.º 38 de Madrid, aunque inicialmente se decretó su sobreseimiento. Sin embargo, tras un recurso presentado por la parte demandante, la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso, considerando que había indicios suficientes para continuar con la instrucción.
El proceso está en curso y se prevé la citación de varios testigos, entre ellos Rocío Carrasco. Se valorará si hubo o no consentimiento y si ese consentimiento, en caso de existir, era suficiente para autorizar la difusión de documentos protegidos.
Derivadas mediáticas y familiares
Este caso se suma a una larga lista de enfrentamientos que han salpicado a la familia formada por Rocío Carrasco, Antonio David Flores y sus hijos. Cabe recordar que Antonio David también mantiene una demanda contra Mediaset y La Fábrica de la Tele por su despido y por la exposición de su vida privada. Reclama más de 1,6 millones de euros.
La situación es especialmente compleja en el plano familiar. Aunque Rocío Flores no ha demandado a su madre, el hecho de que esta se sitúe en el bando opuesto y testifique refuerza la idea de una 'grave ruptura' entre ambas. Rocío Carrasco, en cambio, se ha mantenido firme en su apoyo a la productora. Ha defendido públicamente la emisión del documental como una forma de "contar su verdad".

El caso también abre un debate más amplio sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a la información frente al derecho a la intimidad. Especialmente cuando se trata de menores de edad.
La cuestión jurídica de fondo es si una madre puede autorizar la difusión pública de documentos protegidos que afectan a su hija menor. Y si los medios pueden utilizar ese material sin incurrir en responsabilidad penal.
Las consecuencias de este proceso podrían sentar jurisprudencia en materia de tratamiento mediático de casos familiares judicializados, sobre todo cuando se emplean como parte de formatos televisivos con ánimo comercial.
Próximos pasos del caso
En las próximas semanas está prevista la comparecencia de los responsables de La Fábrica de la Tele, así como de testigos clave como Rocío Carrasco, que lo hará el próximo lunes. El tribunal deberá decidir si existió una vulneración efectiva de derechos fundamentales y si la productora debe asumir responsabilidades penales y civiles.
La decisión judicial podrá tener repercusiones no solo para los implicados directos, sino también para otras productoras y medios que utilicen documentación judicial sensible.
Lo que inicialmente fue un relato testimonial de una madre en horario de máxima audiencia se ha convertido en un procedimiento judicial que confronta libertad de expresión, protección de datos y derechos del menor.
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