Montaje propio Por qué la OCU está señalada: Las denuncias por 'intereses' la ponen en entredicho
Consumo investiga 47 convenios de la OCU por posible conflicto de intereses mientras es acusada de 'comisionista'
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha sido, desde su fundación en 1975, una referencia en la defensa de los derechos de los consumidores. Su labor ha permitido mejorar la regulación en distintos sectores y denunciar prácticas comerciales abusivas. También orientar a los ciudadanos sobre la calidad y precios de los productos.
Sin embargo, en los últimos años, la OCU se ha visto envuelta en diversas controversias. Polémicas que han puesto en entredicho su independencia y transparencia.
El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, mantiene abierta una investigación sobre 47 convenios firmados por la OCU con distintas empresas desde 2018. Esta investigación se originó tras una denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción. La organización de defensa del consumidor acusó a la OCU de comprometer su independencia. Todo mediante acuerdos comerciales que podrían representar un conflicto de intereses.
Entre las principales acusaciones de FACUA destaca la supuesta publicidad encubierta de tarifas de electricidad y gas.
Según la denuncia, la OCU habría promovido determinadas ofertas energéticas bajo el pretexto de haber sido seleccionadas en una "subasta". Pero sin revelar las empresas participantes. A cambio, estas compañías habrían pagado comisiones a una sociedad instrumental de la OCU por cada cliente captado.
"La OCU actúa como comisionista de grandes empresas y daña la imagen del movimiento de consumidores. Los pagos de empresas a asociaciones de consumidores son inaceptables. Estamos ante un claro conflicto de intereses", declaró Rubén Sánchez, secretario general de FACUA.
Pagos de empresas y supuesta falta de transparencia
Uno de los casos más controvertidos es el de Octopus Energy. Esta compañía británica pagó en 2023 más de 440.000 euros a la OCU tras ganar una subasta organizada por la organización para recomendar a sus socios la mejor tarifa eléctrica.
Este acuerdo permitió a Octopus Energy captar más de 24.000 clientes en España. La magnitud del pago ha generado críticas sobre la posible falta de independencia de la OCU al recomendar determinados proveedores de energía.
El caso de Octopus Energy no es el único. La compañía Wekiki, otra empresa del sector energético, también habría abonado hasta 20 euros por cada cliente captado. Todo tras ganar una subasta de la OCU, según denuncias de FACUA.
Estas cifras revelan que las subastas de la organización no son procesos neutrales, sino que podrían estar influenciados por los pagos de las compañías ganadoras.
Otra situación que despertó críticas fue el pago de 20.000 euros por parte de Mercadona a la OCU en 2020. Este acuerdo, que las partes se comprometieron a no hacer público, fue revelado por FACUA, lo que alimentó las sospechas sobre la relación entre la organización y grandes compañías.
La falta de transparencia es otro de los aspectos cuestionados. Desde 2016, las asociaciones de consumidores están obligadas a registrar los acuerdos con empresas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Reacu).
Sin embargo, la OCU solo ha registrado los contratos de las empresas ganadoras de sus subastas, omitiendo a las demás participantes. Esto dificulta conocer las condiciones completas de los acuerdos y los posibles beneficios económicos obtenidos.
Demandas judiciales y conflictos con marcas
La OCU también ha sido objeto de demandas judiciales por parte de empresas que consideran que sus informes han perjudicado su reputación y ventas. En enero de este año, la compañía de dermocosmética ISDIN presentó una demanda contra la OCU por competencia desleal.
La acción legal, admitida a trámite por los juzgados de lo Mercantil de Madrid, se basa en los estudios sobre protectores solares publicados por la OCU desde 2019. Al parecer, estos habrían causado un importante daño reputacional a ISDIN.
ISDIN acusa a la OCU de emprender una "persecución" en su contra mediante estudios con supuestos datos sesgados. Además, sostiene que la organización de consumidores forma parte de un entramado empresarial con ánimo de lucro, con sociedades registradas en países como Luxemburgo, Países Bajos y Hong Kong.
Pocas compañías se han atrevido a llevar a la OCU a los tribunales debido a su influencia mediática. Sin embargo, esta demanda marca un punto de inflexión, ya que cuestiona la objetividad de los estudios de la organización. También abre el debate sobre la posibilidad de que sus rankings de productos estén condicionados por intereses económicos.
La respuesta de la OCU
Ante las críticas, la OCU ha defendido la legalidad de sus actuaciones y ha asegurado que cumple "escrupulosamente con la legislación vigente". En un comunicado emitido en agosto de 2023, la organización negó las acusaciones de FACUA y argumentó que su actividad busca mejorar la posición de los consumidores en el mercado.
Sin embargo, la investigación del Ministerio de Consumo sigue en marcha y podría derivar en sanciones. Especialmente si se confirma que la OCU ha vulnerado la normativa que prohíbe a las asociaciones de consumidores realizar publicidad comercial.
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