Por qué Nicolás Maduro encarcela a españoles en Venezuela: Un supuesto complot

En las últimas semanas la relación entre España y Venezuela ha experimentado una creciente tensión. Se debe a la detención en Caracas de dos ciudadanos españoles  y a las propuestas del PP para presionar al régimen de Maduro. 

Esta situación ha generado un intenso debate político en España y ha puesto de manifiesto las divergencias en la política exterior del país hacia Venezuela.

A principios del pasado mes de septiembre, Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, ambos residentes de Bilbao, fueron detenidos en Venezuela. Se les acusaba de ser espías al servicio del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español. También por "estar implicados en un complot para asesinar al presidente" Nicolás Maduro. 

Sus familiares han negado rotundamente estas acusaciones. Han señalado que ambos se encontraban en Venezuela por motivos turísticos y no tienen ninguna relación con servicios de inteligencia. 

La detención de estos ciudadanos ha suscitado preocupación entre la comunidad internacional. Y el PP ha decidido exigir al Gobierno español una intervención diplomática más contundente para garantizar su liberación inmediata e incondicional. 

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha criticado al Ejecutivo por no proporcionar información sobre el estado de los detenidos. Por otra parte, ha instado a que se actúe en defensa de sus derechos. 

En respuesta a esta situación, el PP ha intensificado su ofensiva contra el régimen de Maduro. El pasado 12 de diciembre,  el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley presentada por el PP.

La proposición insta al Gobierno a solicitar al Tribunal Penal Internacional (TPI) una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros altos cargos venezolanos. Se les acusa de crímenes de lesa humanidad. 

La iniciativa contó con el apoyo de Vox y las abstenciones de Junts y PNV. Mientras que PSOE, Sumar y Podemos votaron en contra, argumentando que esta medida podría interferir con la independencia de la CPI. 

El PP también ha solicitado al Gobierno que promueva en el marco de la Unión Europea y otros organismos internacionales la ampliación de las sanciones dirigidas a los altos cargos del régimen venezolano. 

Incluyendo un aumento del número de personas sancionadas y el fortalecimiento de las restricciones existentes. Todo con el objetivo de presionar por el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. 

La respuesta del Gobierno

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mostrado cautela ante las propuestas del PP. La diputada socialista Cristina Narbona  ha rechazado las acusaciones de complicidad con Maduro y ha destacado el apoyo brindado a los más de 150.000 exiliados venezolanos en España. 

Por su parte, partidos como Sumar y Podemos han expresado preocupación. Concretamente por las posibles implicaciones de solicitar una orden de arresto contra Maduro.

Ambas formaciones han señalado que podría entorpecer los esfuerzos diplomáticos y las negociaciones en curso para una transición democrática en Venezuela.

Junts y PNV, aunque se abstuvieron en la votación, defienden una respuesta equilibrada que promueva el diálogo y evite una escalada de tensiones. 

Contexto internacional y la situación en Venezuela

La comunidad internacional ha intensificado su presión sobre el régimen de Maduro en los últimos meses. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha exigido la liberación inmediata de cientos de presos políticos en Venezuela. También ha instado a investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas contra el Gobierno. 

Además, líderes de la oposición venezolana, como Edmundo González y María Corina Machado, han recibido reconocimientos internacionales por su lucha en favor de la democracia. 

Este martes ambos opositores fueron galardonados con el premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. 

En un intento por aliviar la presión internacional, el gobierno de Maduro ha anunciado la liberación de más de 100 detenidos. Principalmente manifestantes arrestados tras las elecciones presidenciales de julio. 

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y la oposición han denunciado que estas liberaciones son insuficientes. Según lamentan las mismas organizaciones, continúan las detenciones arbitrarias de opositores y ciudadanos extranjeros.

La detención de Martínez Adasme y Basoa Valdovinos ha generado movilizaciones en nuestro país. En Bilbao, la Plataforma Venezolanos Bilbao-Bizkaia organizó una cacerolada frente al consulado de Venezuela para exigir su liberación. Y para denunciar las violaciones de derechos humanos en el país sudamericano. 

Pedro Gil, coordinador de la plataforma, criticó la falta de un proceso legal justo. También acusó al régimen de Maduro de utilizar estas detenciones como una maniobra política para presionar a España. 

La situación actual plantea varios desafíos para la política exterior española. El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a la tarea de equilibrar la presión internacional y las demandas internas para adoptar una postura más firme contra el régimen de Maduro.

Todo mientras busca mantener abiertas las vías diplomáticas que permitan una solución negociada a la crisis venezolana.