El PNV vive sus horas más bajas de la última década tras dejarse 80.000 votos y 30 alcaldías en las últimas municipales, y 100.000 apoyos en las últimas generales. Algunas encuestas le sitúan por debajo de EH Bildu para las autonómicas que se celebrarán en Euskadi en los próximos meses.
Los jeltzales han denunciado por boca del lehendakari Inigo Urkullu que sufren las consecuencias de una conspiración tras recibir golpes, al alimón, de partidos como el PP (enfadado porque no han apoyado la investidura de Alberto Núñez Feijóo) o EH Bildu (que aspira a quitarles el primer puesto en el País Vasco).
Por no hablar de las críticas que soportan de los principales sindicatos de Euskadi, ELA y LAB, o de medios de comunicación autonómicos o estatales como El Mundo, Gara o El Correo.
Comprometidos
El Correo ha comprometido al Gobierno Vasco al denunciar que adjudicó el 25% de las rutas de autobuses escolares de Euskadi, por valor de 4 millones de euros, a la empresa URPA, en cuyo Consejo de Administración figura un asesor del propio Ejecutivo vasco, Joanes Labayen.
El propio lehendakari Iñigo Urkullu ha pedido explicaciones al consejero de Educación Jokin Bildarratz, que ha negado cualquier trato de favor a Labayen.
Guerra sindical
El PNV también se duele de la guerra sindical que libra contra ELA, cuyo líder, Mitxel Lakuntza, lamenta que no se reúne con el lehendakari porque "él no quiere". El sindicalista cree que el presidente vasco tiene una forma "reducida" de entender la democracia. "El contrapoder es imprescindible en una sociedad y Urkullu sabe que el único contrapoder de este país (Euskadi) es el sindical y el social".
Sede del Gobierno Vasco. | ELA
Garbiñe Aranburu, de LAB, por su parte exige al PNV que utilice su influencia en Madrid en favor del norte: "Hay que aprovechar esa fuerza para dar pasos en la construcción de un marco vasco de relaciones laborales y protección social, para poner límites a la estatalización de la negociación colectiva y para blindar el marco propio de negociación colectiva".
La sindicalista abertzale pide "exigir la transferencia de la Seguridad Social y, en definitiva, aprovechar para avanzar en el derecho que tenemos los trabajadores a decidir nuestras propias condiciones laborales y salariales sin ninguna injerencia del ámbito estatal, en nuestro propio territorio".
Perdida de poder adquisitivo
ELA también está removiendo los cimientos del Gobierno Vasco al asegurar que los funcionarios vascos están perdiendo poder adquisitivo: "Con la subida salarial del 0,5% anunciada por el Gobierno Vasco, los empleados públicos alcanzarán una perdida de poder adquisitivo del 5,3%, desde 2022. Concretamente, la perdida de poder adquisitivo será del 2,9% en 2022, y del 2,4% en 2023".
"Con esta nueva pérdida, los y las empleadas públicas acumulan ya un 20% de pérdida de poder adquisitivo. La decisión, aprobada en el Consejo de Gobierno, supone renunciar a sus competencias en materia de condiciones laborales de las y los empleados públicos y obedece al acuerdo firmado en 2022 entre UGT, CCOO y el Gobierno del Estado", aseguran.
Es por ello que ELA insta al Gobierno Vasco a ejercer sus competencias y pide al Gobierno y a los partidos vascos que dejen de permitir que los presupuestos del Estado puedan decidir en Euskadi y Navarra las subidas salariales de los empleados públicos.
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