Piden 15 años de cárcel al interno que apuñaló a un funcionario del penal de Cuenca

Este miércoles 11 de enero comienza en Cuenca el juicio contra el interno que atentó el 27 de octubre de 2021 contra un jefe de servicios en el centro penitenciario de Cuenca. El ataque, uno de los muchos que denuncian los funcionarios de prisiones, causó heridas que pusieron en riesgo la vida de este funcionario. Desde ACAIP-UGT se ha solicitado una pena de 15 años de prisión, cinco por el delito de atentado y 10 por el homicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron cuando el jefe de servicios intervino ante la agresividad de la que estaba dando muestra el interno. Según ACAIP-UGT, el interno “se había atrincherado en su celda y utilizó un cristal roto de la ventana para atacar al trabajador penitenciario, causándole una herida inciso contusa de 3 cm en el cuello afectando piel y tejido celular subcutáneo que, por su localización, la región anatómica afectada y por su proximidad a la vena yugular, arteria carótida y tráquea, tal y como consta en el informe forense, era susceptible de haber ocasionado la muerte del funcionario. Como consecuencia de la agresión, el trabajador sufre secuelas tanto físicas como psicológicas”. 

Elcierredigital.com ha contactado con Joaquín Leyva, portavoz de ACAIP-UGT, que ha indicado que “este interno fue detenido por una agresión sexual después de haber salido en libertad del centro penitenciario de Estremera. Tras la detención fue trasladado al centro penitenciario de Cuenca, donde protagoniza un incidente grave después de que se advirtiera de que era un interno que no cumplía el perfil para estar en esa prisión. Se avisó a los servicios centrales del ingreso de este interno y de que la prisión de Cuenca no contaba con los servicios de seguridad necesarios para atenderle. Sin embargo se hizo caso omiso de esta advertencia y el 27 de octubre volvió a ocurrir un nuevo incidente”. 

ACAIP-UGT se ha personado en este juicio como acusación particular pues, bajo su criterio, "los hechos son presuntamente constitutivos de un delito de atentado a la autoridad y un delito de homicidio en grado de tentativa, por lo que se han solicitado cinco y 10 años de prisión respectivamente". 

Asimismo, el ministerio fiscal ha solicitado 10 años de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa, pero no ha solicitado la imputación del delito de atentado contra la autoridad. Cabe recordar que los trabajadores penitenciarios no tienen la consideración de agente de la autoridad, lo que podría suponer que no fuera tenida en cuenta esta circunstancia y el interno no fuera condenado por delito de atentado, “algo inaceptable por parte del sindicato ACAIP-UGT”.

Un preso "altamente peligroso"

Según indica Leyva, este interno es considerado “altamente peligroso” al haber protagonizado reiterados incidentes graves en prisión con peligro para la integridad física de las personas". Por este motivo, desde instituciones penitenciarias “se ha solicitado que la declaración se realice por videoconferencia para evitar el traslado a dependencias judiciales al existir alto riesgo de protagonizar algún altercado en las mismas”, indica ACAIP-UGT.

Para el portavoz de la organización sindical, este hecho confirma la “alta peligrosidad del interno y la impericia de la propia administración al realizar su ingreso en un centro como el de Cuenca, que no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas al perfil del reo".

Por esta razón, ACAIP-UGT ha solicitado también la responsabilidad civil subsidiaria de la administración. "Nuestro sindicato reclama la responsabilidad civil subsidiaria a la administración por haber hecho una dejación de funciones y por no haber atendido la petición de que este interno no cumplía el perfil para estar en un centro penitenciario como el de Cuenca”, continúa. 

“Por desgracia los funcionarios de prisiones seguimos sin ser agentes de la autoridad, es una Ley que lleva anclada en el Congreso desde marzo del año pasado. En línea con esto, desde el juzgado se debe hacer una asimilación de agentes de la autoridad sin serlo para que se pueda aplicar la condena que solicitamos. Pedimos que se tome en serio la declaración de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad porque nos podemos encontrar casos similares a este y que por no contar con esta declaración los atentados contra los funcionarios no estén reflejados en la Ley”, concluye Joaquín Leyva.