Persecución religiosa en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega: Sus víctimas

En los últimos años, la situación en Nicaragua bajo el régimen sandinista de Daniel Ortega ha venido marcada por una escalada del autoritarismo, con severas restricciones a los derechos humanos y una represión sistemática de la oposición política y la sociedad civil. Además, la persecución religiosa ha sido otro de los puntos más lamentablemente destacados de la crisis social que sufre Nicaragua.

Desde la crisis política de 2018, desencadenada por la reforma del sistema de seguridad social, el gobierno de Ortega ha intensificado las medidas represivas para mantener el control. Las protestas masivas que surgieron en ese momento fueron respondidas con una violenta represión, que resultó en cientos de muertos y miles de heridos.

A raíz de estos eventos, el gobierno ha adoptado una postura cada vez más autoritaria, criminalizando la disidencia y restringiendo las libertades de expresión, reunión y asociación.

En los últimos años, la situación ha empeorado con la promulgación de nuevas leyes autoritarias. Tal y como señalan diversos medios de comunicación internacionales,  la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos han sido utilizadas para silenciar a opositores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Según numerosos expertos en Derechos Humanos, estas leyes permiten al gobierno controlar y censurar la actividad de individuos y organizaciones, bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional y el orden público.

En este sentido, la Iglesia Católica en Nicaragua ha sido uno de los críticos más visibles del régimen de Ortega, denunciando las violaciones a los derechos humanos y abogando por el diálogo y la reconciliación. Esta postura ha llevado a una represión directa contra sus líderes, como es el caso del obispo Rolando Álvarez, ya noticiado por elcierredigital.com. Álvarez fue arrestado el 19 de agosto de 2022 sin un proceso judicial adecuado y condenado a una larga pena de prisión, en un intento evidente de silenciar una voz crítica dentro del país.

Álvarez permaneció en prisión más de un año, rechazando la posibilidad de abandonar el país. Finalmente fue desterrado al Vaticano junto a otros 18 religiosos en enero de este mismo año. Por otra parte, el gobierno también ha confiscado propiedades de la Iglesia, incluido el cierre de universidades y medios de comunicación asociados.

Además, las actividades religiosas han sido objeto de restricciones severas, como la prohibición de procesiones y eventos públicos, limitando así la libertad de culto y de expresión de la comunidad religiosa en general.

Ante todo lo expuesto,  la comunidad internacional, incluida la ONU y la CIDH, ha condenado enérgicamente las acciones del gobierno nicaragüense. La ONU ha instado repetidamente a Ortega a liberar a todos los presos políticos y a detener la persecución contra la Iglesia y otros actores de la sociedad civil. 

En sus informes, la ONU ha descrito la situación en Nicaragua como un deterioro grave de los derechos humanos, con violaciones sistemáticas que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Además, los organismos internacionales han llegado a considerar un crimen de lesa humanidad la situación de los religiosos católicos en Nicaragua.

La crisis en Nicaragua ha llevado a un aislamiento internacional cada vez mayor, con sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. A nivel interno, la represión ha generado un clima de miedo e incertidumbre, con muchos ciudadanos temiendo expresar sus opiniones o participar en actividades políticas y sociales.

Rolando Álvarez, el obispo ‘en el punto de mira’ de Nicaragua

Una de las figuras más relevantes de la persecución religiosa en Nicaragua es Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, nacido el 27 de noviembre de 1966 en Managua, Nicaragua. Desde temprana edad, Álvarez mostró un profundo interés por la religión y la justicia social, lo que lo llevó a ingresar al seminario y ser ordenado sacerdote en 1994. En su trayectoria eclesiástica, Álvarez se ha destacado por su compromiso con los derechos humanos y su cercanía con las comunidades más vulnerables de Nicaragua.

En 2011, el Papa Benedicto XVI nombró a Álvarez como Obispo de la Diócesis de Matagalpa, una región en el norte de Nicaragua conocida por su historia de resistencia y lucha social. Posteriormente, en 2021, asumió el rol de administrador apostólico de la Diócesis de Estelí.

A lo largo de su ministerio, Rolando se destacó por su apoyo a los pobres y marginados, participando activamente en labores comunitarias y de evangelización en áreas rurales y remotas del país.

Álvarez ganó notoriedad por su papel durante la crisis sociopolítica de 2018 en Nicaragua, cuando sirvió como  mediador en el primer Diálogo Nacional entre el régimen de Daniel Ortega y la oposición. Durante estas conversaciones, abogó por la democratización del país y el respeto a los derechos humanos, posición que lo convirtió en un blanco para el gobierno sandinista.

A pesar de los riesgos, continuó denunciando las violaciones de derechos humanos y la represión estatal desde su púlpito y a través de los medios de comunicación.

El compromiso de Álvarez con la justicia y su crítica abierta al régimen de Ortega lo llevaron a ser detenido en agosto de 2022. En un acto de desafío al gobierno, el obispo rechazó una oferta de exilio junto con otros 222 presos políticos deportados a Estados Unidos, lo que resultó en su encarcelamiento y una condena de 26 años por "traición a la patria" y otros cargos fabricados por el gobierno. Fue despojado de su nacionalidad nicaragüense y recluido en la cárcel La Modelo, donde enfrentó condiciones adversas y una estricta vigilancia.

A pesar de su encarcelamiento, Álvarez continuó siendo una figura influyente y respetada tanto dentro como fuera de Nicaragua. El pasado mes de enero llegó al Vaticano como parte de su exilio y hace muy poco, en concreto el pasado mes de junio, viajó a España para recoger el premio Libertas de manos del arzobispo Sanz Montes.

En el contexto de la persecución generalizada contra la Iglesia Católica y otros grupos religiosos en Nicaragua,  el caso de Rolando Álvarez simboliza la resistencia frente a un régimen autoritario  que busca silenciar cualquier voz de oposición.