El caso Grapa sobre uniformes de la Guardia Civil salpica al Cuerpo

Fue en 2020 cuando comenzó la investigación del Caso Grapa por parte del Juzgado de Instrucción nº50 de Madrid. En junio de 2019 Fiscalía Anticorrupción interpuso una querella contra el coronel de la Guardia Civil Juan Antonio Maroto Gil, jefe del Servicio de Abastecimiento (SABAS) hasta 2020, y el teniente coronel Alberto José Martín Altube, miembro de este mismo servicio desde 2000. La querella también se interpuso contra otros tres guardias civiles. Esta macrotrama habría proporcionado un total de 180 millones de euros en contratos de la Guardia Civil alterados.

Fue con la llegada de Altube cuando se inició el sistema por el que supuestamente se entregaban los borradores de contratos a empresarios del textil para que confeccionaron los pliegos a su antojo. Fue la Agencia Tributaria quien detectó que Altube tenía unos movimientos económicos sospechosos. En 2011 adquirió una vivienda en Pozuelo (Madrid) por más de 524.000 euros sin solicitar ningún tipo de préstamo. Además, entre 2009 y 2019 ingresó de forma periódica 38.190 euros. 

Así funcionaba esta supuesta macrotrama

Durante la investigación se han recopilado más de 5.000 folios de pesquisas sobre posibles delitos de organización criminal, prevaricación, cohecho, malversación, blanqueo de capitales, fraude a las administraciones públicas y tráfico de influencias. Esta investigación, realizada por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, ha destapado una presunta macrotrama para manipular expedientes de contratación, entre ellos, de suministros de prendas y artículos de uniformidad. 

La investigación se ha centrado en el presunto amaño de concursos públicos en la Dirección General de la Guardia Civil, en los que actuaban en connivencia un grupo de funcionarios públicos con empresas que resultaban beneficiarias de las adjudicaciones. Supuestamente, los agentes involucrados recibían ciertas cantidades económicas y regalos que iban desde viajes hasta asientos en palcos de partidos de fútbol.

De acuerdo con lo publicado por El Independiente, la Fiscalía Anticorrupción también interpuso una querella contra el que fuera director comercial de El Corte Inglés, Fernando Fernández Vidal; el exresponsable de uniformidad de la empresa, Eduardo Vélez; y dos empresarios de la sociedad Manufacturas Aura S.A., Pablo Fernández Álvarez y Santiago Rodríguez Angulo. También solicitó la imputación de las dos mercantiles como personas jurídicas, y de Calzados Robusta S.L.

Esta macrotrama afecta actualmente a seis guardias civiles y hasta 26 empresas, entre las que se encuentran G-3 Sport 08, Sagres SL, Fal Calzados de Seguridad SA y Robusta SL. De acuerdo con las pesquisas, Maroto tomó el relevo de Altube y, al no ser descubiertos, desarrollaron una sensación de impunidad. De hecho, se ha descubierto que Maroto utilizaba un cuaderno en el que apuntaba beneficiarios, adjudicatarios y objetivos a cumplir. 

La ventaja que ofrecían los guardias involucrados era facilitar información privilegiada sobre los concursos que estaban próximos a salir. Para fingir que existía competencia se incorporaban ofertas, sin embargo, el negocio ya estaba hecho. De acuerdo con El Independiente, las ofertas 'afectadas' eran de todo tipo: desde contratos menores con valor inferior a 40.000 euros a contratos millonarios, como uno de uniformes diarios para las unidades que ascendía a más de 21 millones de euros. Los investigadores tienen la teoría de que las empresas vinculadas con esta trama tenían un acuerdo para que los billetes llegaran a todas. 

Fue la Asociación Unificada de Guardias Civiles quien desveló estos presuntos hechos en 2020. Desde entonces AUGC se encuentra personada en esta causa, donde expresa su máxima preocupación por las noticias que aparecen en los medios de comunicación. En una conversación con elcierredigital.com, Pedro Carmona, portavoz de AUGC, señala que “para nosotros es una gran preocupación, que se suma a los supuestos casos de corrupción que han salpicado a la Guardia Civil en los últimos años”.

“Ante esta situación es necesario, como demandamos desde esta organización, la constitución de sindicatos en el seno de la Guardia Civil, para que sirvan de herramienta en la lucha contra la corrupción que se ha detectado en los últimos años y que ha puesto al descubierto una situación del todo inadmisible. Los guardias civiles queremos expresar nuestro malestar e indignación ante estos supuestos casos de corrupción que afloran en la institución. No es de recibo que un guardia civil tenga que esperar dos o tres años para recibir un polo, abrigo o unas simples botas. Sin embargo, se estaban realizando numerosos contratos que solo servían para beneficiar económicamente. Es algo muy preocupante”, concluye Pedro Carmona.