Nuevos datos sobre la estafa de 280 millones en criptomonedas de Javier Biosca.

Los afectados por la presunta estafa de Javier Biosca, creador del grupo Algoritmhmics Group, han sufrido un nuevo revés. Tras la comparecencia del acusado el pasado 9 de febrero, el Ministerio Fiscal ha solicitado, tras la primera negativa del juez, la puesta en libertad provisional de Biosca bajo fianza de un millón de euros. Cantidad que, según se expresa en el auto al que ha podido acceder Elcierredigital.com, es “proporcional al delito cometido con la cantidad defraudada”.

Los abogados de la acusación, sin embargo,  se oponen a la petición por el alto riesgo existente de fuga  además de, entre otros aspectos, a la cantidad solicitada para la fianza, muy inferior a las cantidades defraudadas. Según declaraciones de la abogada defensora Emilia Zaballos a Elcierredigital.com, la reclamación de los más de 700 estafados “supera los 280 millones de euros y podría llegar hasta los 750 millones”.

Zaballos, además, confiesa que no entienden el giro de los acontecimientos por parte del fiscal y que el suceso ha generado la desconfianza de los afectados en “el papel de la Fiscalía, que en vez de defender a todas las víctimas se ha puesto del lado de la otra parte desde la más absoluta incongruencia y teniendo conocimiento de la causa”, señala la letrada.

Incomprensión e incongruencias

La decisión ha tenido lugar antes de la comparecencia de Biosca, según confiesa Zaballos a Elcierredigital.com, lo que ha propiciado que el propietario de la empresa Algoritmhmics Group se atuviese a su derecho a guardar silencio y, finalmente, no declarase.

Tras esto, según la abogada Zaballos, "tenía lugar la declaración de uno de los testigos de forma telemática, que tampoco ha tenido lugar debido a problemas técnicos a la hora de contactar con él desde el juzgado". Como consecuencia, se ha pedido que los testigos acudan al día siguiente de forma presencial.

La decisión de la Fiscalía no deja de sorprender después de las reiteradas negativas que han proferido previamente ante los intentos de puesta en libertad de Biosca. Como informaba Elcierredigital.com el pasado viernes, la única novedad en el caso sería el alzamiento del secreto de sumario de una de las piezas de la investigación. Sin embargo, Zaballos afirma que la información de la pieza no era desconocida para el fiscal: “Era secreto para los abogados, pero para el fiscal no. En las piezas secretas el fiscal está presente en todas las declaraciones. Si no es secreta para el fiscal y se ha estado oponiendo hasta la semana pasada, ¿qué ha pasado esta semana cuando se han reunido para que este hombre pida directamente la fianza de un millón de euros?”.

Para Zaballos, "la nueva decisión supone una incongruencia con lo anteriormente hablado, ya que el fiscal se opuso en todo momento a ponerle en libertad”. Incluso, según afirma la letrada, "se negó a un posible acuerdo con la defensa de Biosca que consistía en que los abogados de Biosca pagaran, le tuvieran en arresto domiciliario en un hotel frente a la Audiencia y él pagaba en esos quince días a todo el mundo”.

La petición de la Fiscalía queda a la espera de la estimación del juez, por lo que la abogada de los afectados, Emilia  Zaballos, confía “en que siga en prisión hasta que pague”.

La pieza bajo secreto

El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional llamó a declarar el pasado 4 de febrero a Javier Biosca, en calidad de acusado, y a a dos testigos.

Uno de ellos habría declarado con anterioridad en una pieza que se guardó bajo secreto y que el magistrado Alejandro Abascal Junquera alzó “para publicidad y acceso a todas las partes personadas”. Además, acordaba que el testigo declarase por videoconferencia el día 10 de febrero. De este modo, según indicaba el magistrado, acusación y defensa estarían en “igualdad de armas”.

Javier Biosca, su esposa, Paloma Gallardo Leal, y su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo, recibieron en abril de 2021 una querella por parte de 300 afectados por la presunta estafa de, entonces,  280 millones de euros en criptomonedas. Además de eso, la familia fue acusada de delitos de apropiación indebida, recepción y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y falsedad en documento público.

Los afectados de la estafa, según confirmaba la abogada defensora Emilia Zaballos a Elcierredigital.com, “son desde notarios, abogados, policías nacionales, empresarios, hasta inspectores de Hacienda, jueces o empleadas domésticas, jubilados y parados”. Con su negocio, que comenzó en 2019, Biosca compraba y vendía criptomonedas analizando el mercado financiero con la ayuda de un programa. Aunque al principio el negocio iba bien y devolvía cierta rentabilidad a sus clientes, en noviembre de 2020 dejó de pagarles.

Actualmente, y según cifras de la  Asociación de Afectados por Criptomonedas, los perjudicados por Biosca y otros brokers fraudulentos ascenderían a más de 3.500 con más de 900 millones de euros estafados en más de quince países.