Mundo rural pide a Pedro Sánchez que declare de forma urgente la caza como actividad

La pandemia de coronavirus es una amenaza que ha desestabilizado a la sociedad mundial. Todos los sectores se han visto afectados de un modo u otro, pues los potenciales confinamientos dificultan la actividad económica y limitan el movimiento a excepción de una serie de actividades consideradas esenciales. El mundo rural también está sufriendo las consecuencias de estas restricciones de movilidad. Especialmente difícil es el caso de los cazadores, que para poder hacer su trabajo dependen en buena medida de los desplazamientos.

En este sentido, hasta 67 entidades pertenecientes a la órbita rural han elevado al Gobierno de Pedro Sánchez una petición para la declaración oficial de la caza como actividad esencial. Asimismo, solicitan a los ministerios de Sanidad, Interior y Agricultura que confirmen la autorización de los movimientos de caza como excepción a la normativa que se está implementando en los lugares que están siendo confinados.

La temporada de caza acaba de comenzar y las limitaciones a la movilidad amenazan las actividades cinegéticas. Por tanto, junto con el escrito dirigido al Ejecutivo han enviado un informe técnico realizado por Christian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal e Investigación del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), suscrito por agrupaciones españolas ganaderas, agrícolas, alimentarias y, por supuesto, cinegéticas.

Estos agentes recuerdan que una paralización de la caza en este momento podría generar consecuencias muy graves: “Ocasionarán, sin duda, una superpoblación de algunas especies silvestres (conejos, corzos, ciervos, cabras hispánicas, jabalíes…) con consecuencias ambientales, económicas, de salud pública y de sanidad animal nefastas para España”, explican.

De acuerdo con su criterio, el caso de los jabalíes sería especialmente sangrante, puesto que la merma de la caza de esta especie podría suponer su incremento en varios cientos de miles de integrantes en España durante 2021. Esto sería un grave problema, pues el crecimiento poblacional de los jabalíes es especialmente difícil de controlar y quedarían en riesgo cabañas ganaderas de diversa índole, así como los cultivos agrícolas.

Además del asunto de los jabalíes, las entidades que apoyan esta petición al Gobierno apuntan varios riesgos más que podría llevar aparejado un descenso de la actividad cinegética. El primero de ellos se centra en las consecuencias para la salud pública, animal y ambiental. Aquí entrarían en juego enfermedades como la tuberculosis, la brucelosis, la sarna o la peste porcina africana. Si esta última llegara a España, el peligro se multiplicaría.

El segundo peligro se refiere a las amenazas a la seguridad vial y un posible aumento de los accidentes en carretera a causa de una presencia animal fuera de lo común. También recuerdan uno de los factores más polémicos, aludiendo a un potencial incremento de los ataques a producciones ganaderas y cultivos.

Otra consecuencia posible de limitar la caza sería la generación de desequilibrios ecosistémicos, pues “la imposibilidad del control poblacional cinegético en el ecosistema agrosilvopastoral nacional supone un descontrol de la capacidad de carga del medio natural, con severas afecciones a especies sensibles, vulnerables o en peligro de extinción”, defienden. En último lugar recuerdan las implicaciones directas en el mundo rural, con una pérdida de capacidad económica en zonas a menudo con riesgo de abandono poblacional.

En cualquier caso, más allá de los riesgos anteriormente expuestos, las 67 entidades que apoyan el escrito defienden que las características inherentes a la caza permiten, según su criterio, que esta actividad no constituya una situación de riesgo a la hora de transmitir el coronavirus. Del mismo modo, consideran que las medidas de protección empleadas por los cazadores impiden contactos estrechos.

El Ministerio de Agricultura, Pesca, Sanidad y Alimentación ya mostró su apoyo a los cazadores en septiembre

Pese a las preocupaciones del entorno cinegético, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ya aseguró a finales de septiembre a la Real Federación Española de Caza (RFEC) que considera “prioritario” afianzar la caza para que los principios de equilibrio ecológico “se garanticen incluso en las condiciones más extremas”. Y es que esta Federación ya había solicitado una primera vez la declaración de la caza como “actividad esencial” en caso de que el Estado de Alarma volviera a ser declarado.

En aquel momento, el MAPA ya apuntaba en la misma dirección que la RFEC en lo que a la caza se refiere: “compartimos el análisis de consecuencias derivadas de un sobrecrecimiento de determinadas poblaciones animales, que es necesario evitar por razones sanitarias, económicas y medioambientales”. Además, destacaba que “el control poblacional es necesario” y, en esta línea, recordaba “las importantes consecuencias económicas sobre Alemania y el conjunto de la actividad porcina europea” que había generado el último brote de peste porcina en los jabalíes alemanes.