Multas millonarias a Indra, IBM y tres grandes empresas más: 'Estafaron al Estado'

En 2018 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desmanteló un presunto cártel de servicios informáticos formado por once empresas que prestaban servicios informáticos a la Administración Pública. Estas empresas fueron multadas por intercambiar información comercial sensible y pactar precios y condiciones comerciales para encarecer la contratación pública. 

Las empresas involucradas operaron en todo el territorio nacional durante quince años ofreciendo servicios de tratamiento de datos y de informática. Estos servicios iban desde la preparación de datos para su tratamiento hasta la creación de bases de datos pasando por la asistencia de consultores en la instalación de aplicación de programas y equipos informáticos. 

En conjunto, las sanciones de la CNMC ascendían a un total de 29,9 millones de euros. Ahora, las sanciones de cinco de ellas han sido confirmadas por la Audiencia Nacional (AN)  en cinco sentencias de la sala de lo contencioso, fechadas entre el 18 y el 20 de septiembre de 2023. 

Las sanciones confirmadas por la Audiencia Nacional

La AN ha confirmado la multa a Indra de 13,5 millones de euros, la de 5 millones a Atos, la impuesta a IBM de 940.000 euros, la de Gesein, de 320.969 euros y la de Accenture, de 300.000 euros. Falta por conocer si ratifica las penas del resto de empresas que formaron el cártel, esto es, seis millones de euros para SAG, 800.000 euros a Everis, 633.917 euros a Babel Sistemas de Información, 616.038 euros a  Cibernos Consulting y 46.760 euros a Next Computer Services.

Elcierredigital.com ha contactado con Guillermo Rocafort, abogado y profesor de derecho de la competencia, que señala que “es una falta muy grave, que ha generado una práctica monopolística u oligopolística que destroza el mercado y la libre competencia, y expulsa a los pequeños competidores. Lo que tenían que haber hecho Indra e IBM es competir para que se abarataran los precios. Pese a la sentencia de la Audiencia Nacional intentarán congelar las multas para alargar todo el mayor tiempo posible. Es una mafia que ha cometido hechos muy graves”. 

Connectis es otra de las once empresas. A ella, la CNMC le impuso una sanción de 1,8 millones de euros. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha notificado que esta empresa no tendrá que abonar la cantidad porque se le notificó un día tarde, tal y como reconoció CNMC.

Respecto a las decisiones judiciales, estas no son firmes y el Tribunal Supremo, en caso de que las empresas lo recurran, tendrá la última palabra.

Los hechos ilícitos cometidos por el 'cártel'

Otras prácticas del cártel de servicios informáticos fue acordar con otras empresas del sector la no presentación a licitaciones a cambio de favores. También acordaban la cesión de claves de patrimonio y la presentación de ofertas de cobertura para afianzarse la adjudicación de contratos por medio de procedimientos o concursos negociados. 

Las conductas ilícitas, según la CNMC, afectaron a los procedimientos de contratación que se realizaban a través de la creación de UTEs (Uniones temporales de Empresas) instrumentales, la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas que a otras a cambio de que no participasen con ofertas alternativas en la licitación.

“Hay que tener en cuenta que la sanción más grave es la de Indra, que es quien ha pactado los precios con IBM de manera anticompetitiva. Indra debería recibir sanciones ejemplares. Esto mancha, aún más si cabe, la función del cómputo de los votos electorales de Indra”, elucubra Guillermo Rocafort.

El apagón de la web de Interior por parte de Indra el 28M

Elcierredigital.com se hacía eco de los hechos acontecidos durante las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, donde Indra –empresa encargada de realizar el escrutinio provisional– detectó "una incidencia" en el servicio de recuento provisional  que afectó a la difusión de resultados a través de la página web del Ministerio del Interior.

Esta situación fue achacada a un "exceso de tráfico". "Sin disponer en estos momentos de un diagnóstico claro, el sistema de protección ha detectado un exceso de tráfico y ha bloqueado el acceso a la página web de difusión del Ministerio", explicó Indra, que añadió que "inicialmente no se apunta a un ciberataque".

Para Guillermo Rocafort esta incidencia significó que "durante ese periodo de hora y media no hubo monitorización pública de los datos oficiales en el escrutinio provisional". Por ese motivo, Rocafort acudió al  Consejo de Transparencia con la intención de clarificar dicha caída.

La contestación del Consejo se limitó a afirmar que “nuestro sistema electoral consiste en un proceso de monitorización pública constante. No hay en todo este proceso ocultación alguna de procedimientos o datos”.