Luis Miguel Rodríguez acepta nueve meses de prisión.

El empresario Luis Miguel Rodríguez (66 años), acusado de un presunto delito de desobediencia y de otro contra la ordenación del territorio por llevar a cabo obras "de forma clandestina y sin autorización oficial" en una zona protegida del municipio madrileño de Torrejón De La Calzada, ha acordado con la Fiscalía y la Acusación Popular aceptar una pena de nueve meses de prisión y legalizar las obras, según un escrito judicial al que ha tenido acceso elcierredigital.com.

A pesar de que en un principio la Fiscalía Provincial de Madrid pedía tres años y nueve meses de cárcel al empresario dueño de la empresa Desguaces La Torre, dedicada al reciclaje de vehículos, esta calificación de conformidad judicial entre las partes ha visto modificada para bien su acusación inicial. Se enfrentaba a delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia.

Según el escrito al que ha tenido acceso elcierredigital.com, se solicita para Luis Miguel Rodríguez nueve meses de prisión, multa de seis meses e "inhabilitación para la promoción y construcción inmobiliaria" por el mismo tiempo.

Por otro lado, la sociedad del acusado, Desguaces La Torre S.A. –a través de la que se llevó a cabo el presunto delito urbanístico–, se enfrenta a la imposición de una multa de un año a razón de una cuota diaria de 30 euros.

Según la acusación, en 2011 la sociedad de Luis Miguel Rodríguez, Desguaces La Torre S.A., habría hormigonado 25 hectáreas de parcelas no urbanizables protegidas por su interés edafológico y agrícola. Luis Miguel Rodríguez construyó una nave, hormigonó tres terrenos y levantó un vallado permanente, sin autorización alguna. 

Según las investigaciones del caso, las parcelas fueron adquiridas entre 2009 y 2011 y, aunque él presentó una solicitud de licencia de obra menor en 2010, esta fue rechazada. Volvió a presentar la solicitud y volvió a ser rechazada y le pidieron que suspendiera cualquier obra o transformación.

Sin embargo, continuó hasta 2016, tal y como se expresa en el escrito de la Fiscalía: "Era perfectamente consciente de que estaba actuando sin ningún tipo de autorización y en contra del planeamiento vigente".

El empresario debió abonar por ello en su día una fianza de 500.000 euros, destinada a la posible demolición de las construcciones. Sin embargo, a través de este acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía y la Acusación Popular, el empresario Luis Miguel Rodríguez podría salvar el terreno de la demolición en caso de formalizar la "legalización de las obras".

Gracias a este acuerdo judicial se enfrenta solo a una pena de nueve meses de prisión, con lo que casi con toda seguridad el empresario no ingresará de esta manera en la cárcel.

Luis Miguel Rodríguez, su salto a la fama

Luis Miguel Rodríguez (1956), conocido popularmente como El Chatarrero,  es un empresario madrileño dedicado al desguace. Propietario de la empresa Desguaces La Torre, ubicada en la localidad madrileña de Torrejón de la Calzada, saltó a la actualidad de la prensa del corazón por su relación con la aristócrata y nieta del General Franco, Carmen Martínez-Bordiú. Pero tras romper con la nietísima, inició una nueva relación mediática con la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, que le mantuvo en las páginas rosas.

Ahora, el conocido empresario del cuore vuelve a tener problemas, pero esta vez judiciales. Aunque no es esta la primera vez que los tiene. Ya en el año 2005, Luis Miguel Rodríguez llegó a tener serios problemas con la Hacienda Pública española, cuando fue acusado de fraude y condenado a pagar una multa de 660.000 euros.

Además, el empresario y sus empresas continúan –desde 2015– apareciendo en la lista de morosos de la Administración pública. En sus inicios tenía una deuda fiscal que superaba el millón y medio de euros, pero se esforzó porque poco a poco desapareciera y ponerse al día con sus cuentas. Y ahora también lo va a hacer con la Justicia.

Según el escrito judicial al que ha tenido acceso elcierredigital.com, el empresario ha acordado con la Fiscalía y la Acusación Popular de Torrejón de la Calzada una pena de nueve meses de prisión, con lo que casi con toda seguridad no ingresará de esta manera en la cárcel. Gracias a este acuerdo acepta una sustancial rebaja de los tres años y medio que pedía en un principio la Fiscalía y salva así también sus terrenos de la demolición al aceptar también "legalizar las obras".